En Cutervo, la permanencia de un director al frente de una institución educativa pública ha despertado preocupación de padres de familia y miembros de la provincia. Documentos judiciales evidencian que el actual directivo fue condenado en 2024 por el delito de falsificación de documentos, tras admitir haber utilizado documentación pública falsa en un proceso vinculado a registros oficiales.
Pese a este antecedente, Robert Noé Lozada Carranza, el docente en cuestión, no solo continúa en funciones, sino que ejerce un cargo directivo otorgado mediante una encargatura. De acuerdo con información recogida, dicha encargatura es propuesta por un comité, pero se formaliza a través de una resolución que lleva la firma del director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cutervo, Jorge Luis Torres Herrera, lo que sitúa la responsabilidad final en la propia entidad.
La condena, emitida por un juzgado penal, corresponde a un delito contra la fe pública. Según el expediente, el implicado se acogió a la conclusión anticipada del proceso, aceptando responsabilidad penal. Este elemento no pasa desapercibido, porque implica que no se trató de una imputación en disputa, sino de un hecho reconocido en sede judicial.
A ello se suma otro aspecto que agrava la situación. De acuerdo con las versiones recogidas y la documentación revisada, el caso también involucra la posible omisión de información en la declaración jurada presentada por el docente, específicamente respecto a la existencia de una sentencia en segunda instancia. Este punto, no menor, implica, como medio de comunicación, interrogantes adicional sobre los mecanismos de control aplicados en el proceso de designación.
En paralelo, registros judiciales muestran que el mismo director ha estado involucrado en diversos procesos a lo largo de los años, tanto en materia penal como civil. Entre ellos figura un proceso por deuda con una entidad financiera que llegó a la vía ejecutiva, así como litigios patrimoniales dentro de su entorno familiar. En uno de estos últimos, intentó iniciar una demanda de división de bienes que fue rechazada y archivada por no cumplir con los requisitos exigidos por el juzgado.
Consultado sobre el caso, el director de la UGEL Cutervo señaló en entrevista con Otra Prensa que la entidad solicitó información a la Fiscalía hace aproximadamente un mes y que se encuentran a la espera de una respuesta. Sin embargo, esta explicación, un tanto alterada, deja al aire la responsabilidad de la institución que dirige. Según la información disponible, la denuncia administrativa fue presentada en diciembre del 2025, lo que implica un lapso de varios meses sin acciones visibles por parte de la entidad.
Además, el caso ya no se encontraría en etapa fiscal, sino que cuenta con una sentencia emitida por el Poder Judicial, lo que, según los abogados de Otra Prensa, la documentación “no debería solicitarse al Ministerio Público, sino verificar directamente los registros judiciales correspondientes”.
Las declaraciones de Jorge Luis Torres Herrera, tenues ante esta situación, merecen ser de escrutinio público porque en realidad no se habrían aplicado filtros para designar y mantener a Lozada Carranza como director de institución educativa, pero, sobre todo, por qué el director de la UGEL Cutervo conociendo del caso, antecedentes penales acreditados y posibles omisiones en la información declarada por el propio funcionario, no aplica, en el marco de sus funciones, reglas preventivas.
No es un caso individual, la respuesta institucional, demuestra que la UGEL Cutervo no ha tomado medidas claras frente a hechos documentados y expone sus debilidades en los mecanismos de control, a ello se suma, que este caso impacta directamente en la confianza del colectivo educativo, ello, en razón de que después de que Otra Prensa lanzó la alerta, diversos docentes enviaron información de irregularidades en esa institución del Estado.
Hoy, la atención ya no se centra únicamente en Robert Noé Lozada Carranza, sino en las decisiones, o la ausencia de ellas, dentro de la propia UGEL Cutervo.
Este medio solicitó la declaración de Lozada Carranza, sin embargo, encontramos evasivas. En ese mismo sentido, como parte de nuestra labor de fiscalización ciudadana, la presente información, a través del equipo legal de nuestro medio, correrá traslado a las instancias pertinentes para las acciones que se tomen en torno a este tema.
