El pasado 16 de marzo de 2026, lo que debía ser una comisión de servicio de rutina para el Plan de Categorización de Establecimientos de Salud se convirtió en una pesadilla para el equipo técnico de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cajamarca. A más de tres meses del fatídico accidente de tránsito en la carretera Cutervo-Chiple (sector El Pindo), la trabajadora de la institución revela su rostro más indolente, que es el total desamparo por parte de la Diresa, a través Recursos Humanos, que en ese momento dirigía Almilcar Marcelo Mantilla, hoy candidato a la alcaldía de Baños del Inca, que tenía a su cargo la oficina Seguridad y Salud en el Trabajo, debió velar por los trabajadores que arriesgaron su vida cumpliendo funciones oficiales.
Almilcar Marcelo Mantilla fue premiado por el director Simón Cusma como uno de los mejores funcionarios de Recursos Humanos, sin embargo, lo que viene sucediendo con la trabajadora, derrumba por completo que haya sido un buen ejecutivo en esa institución.
La situación más dramática la vive Judith Gleny Cerna Huatay, coordinadora regional de Verificación Sanitaria. Mientras el comunicado oficial de la DIRESA, entidad dirigida por el cuestionado médico Simón Cusma, intentó maquillar el siniestro como un «hecho controlado», la realidad médica de la funcionaria es devastadora. Cerna Huatay presenta graves lesiones corporales que comprometen su movilidad, incluyendo un desgarro completo del ligamento cruzado posterior, contusión ósea y edema muscular. Actualmente, su operación quirúrgica asciende a los 25 mil soles, un costo altísimo que la trabajadora y su entorno cercano deben costear de forma particular debido al abandono institucional.
Ante la falta de respaldo de la DIRESA, sus compañeros y familiares han tenido que organizar una «Gran Rifa Pro Salud» (a realizarse virtualmente este viernes 26 de junio) con el fin de recaudar fondos de manera solidaria para intentar cubrir los gastos médicos y la intervención que la entidad pública le niega.
Fuentes cercanas al caso denunciaron a Otra Prensa una insólita justificación administrativa para no activar los fondos de contingencia, y es la ausencia de una denuncia policial inmediata por parte de las víctimas. “¿En qué cabeza cabe que si estamos accidentados vamos a ir a asentar la denuncia con la policía? La DIRESA debió hacerlo y no lo hizo”, manifestaron con indignación.
La razón de este entrampamiento burocrático esconde una negligencia aún mayor. El vehículo institucional en el que viajaban no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente al momento del impacto.
Según el Oficio N°297-2026 de la Policía Nacional, el accidente ocurrió el 16 de marzo. Sin embargo, el certificado electrónico de la aseguradora La Positiva revela de forma escandalosa que la póliza para la camioneta pick-up de placa EGC-213 (perteneciente a la DIRESA) recién fue emitida y pagada el 17 de marzo a las 07:36 a.m., es decir, al día siguiente del siniestro. La DIRESA envió a sus trabajadores a la carretera exponiéndolos en una unidad desprotegida y corrió a contratar el seguro de manera reactiva una vez consumado el accidente.
El Memorando Múltiple N° D13-2026-GR.CAJ/DIRESA detalla otra de las tantas irregularidades que la institución ha intentado ocultar. El documento oficial de autorización consignaba el viaje de cuatro comisionados desde Cajamarca, sin embargo, a la luz de los documentos se ha confirmado que solo viajaron tres personas en la unidad accidentada. La cuarta integrante del equipo, Katherine Melissa Cano Bonilla, se encontraba en la ciudad de Chiclayo y planificaba trasladarse directamente a Jaén, evidenciando un descontrol absoluto en la gestión y supervisión de las comisiones de servicios.
Al día de hoy, ni la Dirección Regional ni las áreas encargadas de velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo han asumido la responsabilidad real de un accidente provocado en sus propios vehículos y bajo órdenes directas de la subdirección. Mientras los altos mandos se escudan en la burocracia y el «maquillaje institucional», una trabajadora de la salud debe recurrir a la solidaridad pública para recuperar su calidad de vida tras haberle servido a la región.
