Mientras gran parte del norte peruano dormía en una noche de marzo del 2014, un operativo policial en la carretera Panamericana Norte terminó destapando un caso que hoy, once años después, vuelve a golpear el escenario político de Cutervo y pone en riesgo su candidatura.
El caso
Una camioneta Toyota Hilux se movilizaba por la oscuridad. Dentro de ella estaba el alcalde de Cayayuc de ese momento, Óscar Mena Vílchez. Al interior del vehículo la Policía encontró una pistola Pietro Beretta. El arma estaba al alcance de la mano de Mena, estaba visible y lista para disparar. Y, según concluyó posteriormente el Poder Judicial, era portada ilegalmente.
Lo que parecía una intervención común terminó convirtiéndose en un expediente penal que años después acabó con una sentencia condenatoria firme contra quien hoy busca volver a ocupar un cargo por elección popular; el de alcalde de la provincia cajamarquina de Cutervo.
Lo que dicen los documentos
Según la resolución judicial, recaída en el Proceso Penal N° 5017-2014, señala que el 20 de marzo de 2014, aproximadamente a las 10:15 de la noche, agentes policiales intervinieron el vehículo de placa M2F-800 en la Panamericana Norte, frente a la Derrama Magisterial de Chiclayo. El conductor era Óscar Mena Vílchez y, de acuerdo con el acta policial, viajaba solo.
Durante el registro del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Pietro Beretta serie F60951Z con una cacerina abastecida con nueve municiones calibre 9 milímetros. El arma estaba ubicada entre el asiento del copiloto y la palanca de cambios. Cuando los policías preguntaron por la procedencia de la pistola, las respuestas de Mena Vilchez cambiaron.
Óscar Mena en principio dijo que el arma pertenecía a su hermano, luego que un pasajero la había dejado abandonada segundos antes de la intervención e incluso esto fue sostenido en el juicio, cuando relató que había recogido a un hombre en la carretera y que este descendió del vehículo justo antes del operativo policial. Sus versiones nunca convencieron al juzgado.
Los policías que participaron en la intervención de Mena Vilchez coincidieron en que éste estaba solo dentro de la camioneta cuando fue intervenido. Pero apareció, en pleno proceso, un detalle que cambió todo el panorama para el hoy voceado candidato de Somos Perú.
El arma tenía la serie de registro de un arma de la PNP
Todo habría terminado en un caso, por decirlo de alguna manera, simple, de porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, un informe pericial reveló que el arma intervenida tenía el mismo número de serie de un arma registrada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú – DIROES. La investigación determinó además que el número de serie había sido “regrabado”. Mejor dicho, alterado.
El informe de la PNP, remitido a la Corte Superior de Lambayeque concluyó que el arma encontrada al entonces alcalde no era la original que estaba bajo custodia policial en Lima, sino una pistola con numeración adulterada. En el propio expediente se menciona que la DIROES informó que el arma auténtica se encontraba físicamente almacenada en sus instalaciones. Este dato, importante para el esclarecimiento del caso, evidentemente puso en alerta al juzgado respecto a cómo una pistola con numeración vinculada a esa unidad de la PNP terminó circulando fuera del sistema oficial y en las manos de una autoridad.
Óscar Mena sabía lo que hacía
Otro elemento que terminó por demostrar la culpabilidad de Óscar Mena durante el juicio es que el Poder Judicial valoró que no se trataba de un ciudadano cualquiera, de alguien sin conocimiento sobre licencias de armas.
Mena Vilchez era alcalde distrital y, además, ya había tramitado anteriormente permisos ante SUCAMEC para portar otra pistola distinta. Estos datos, ayudaron a que el juzgado pudiese argumentar que el imputado sabía perfectamente que portar un arma requería autorización expresa del Estado.
La sentencia
El 11 de enero de 2023, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo condenó a Óscar Mena Vílchez como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego. La sentencia impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, aunque posteriormente convertida en 205 jornadas de prestación de servicios comunitarios. Además, se fijó una reparación civil de tres mil soles a favor del Estado.
El 2025 lo cambia todo
Los datos más importantes aparecen en el 2025, cuando la Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo solicitó formalmente que la sentencia sea declarada consentida debido a que las partes no presentaron apelación; es decir, la condena quedó firme, sellada y sacramentada.
¿Mena cumplió con sus 205 jornadas de servicio comunitario?
Abogados especializados en derecho penal, consultados por Otra Prensa, explican que, “al tratarse de una pena convertida a jornadas comunitarias, el incumplimiento podría provocar la revocatoria del beneficio y activar la ejecución de la pena efectiva de cárcel, conforme al artículo 53 del Código Penal”. La propia sentencia advierte ese escenario.
Es decir, si Óscar Mena Vílchez no cumplió las 205 jornadas de prestación de servicios a la comunidad impuestas por el Poder Judicial, el juzgado podría revocar la conversión de la pena y ordenar su internamiento efectivo en un establecimiento penitenciario. Para ello, previamente debe existir control de ejecución, informes del INPE y una resolución judicial que determine el incumplimiento injustificado de las jornadas comunitarias. Esto acabaría con sus aspiraciones políticas.
Además, fuentes al interior del Ministerio Publico en Lambayeque señalaron que el plazo de ejecución de la condena se contabiliza desde enero de 2023, por lo que el periodo de cumplimiento se extendería hasta 2027. Es justamente este dato el que explicaría por qué la Fiscalía pidió acelerar la emisión de la resolución de consentimiento y ejecución de sentencia.
Mena y Somos Perú
El caso reaparece ahora en medio de aspiraciones políticas del sentenciado y no se trata de una denuncia sin resolver ni de una investigación preliminar archivada en un escritorio de la Fiscalía de Lambayeque. No. Existe una sentencia condenatoria firme inscrita judicialmente por un delito doloso.
En nuestro país existen distintos procesos de acceso a la función pública y representación política, como la obtenida por voto popular. Frente a esos escenarios, la legislación exige no registrar antecedentes penales o judiciales vigentes. La discusión jurídica sobre los alcances electorales concretos deberá ser determinada por los órganos competentes, pero el impacto político ya está instalado.
