Contraloría detecta que el Gobierno Regional de Cajamarca pagó locadores para hacer trabajo de su propia burocracia y usó fondos de inversión para financiar esa maquinaria.
El documento del OCI no es un expediente menor, no es una observación rutinaria, y mucho menos es una simple discusión administrativa sobre términos de referencia mal redactados.
El Órgano de Control Institucional – OCI de Gobierno Regional de Cajamarca – GORECAJ, describe algo más grave que contrataciones deficientes; describe un esquema en el que el GORECAJ habría usado locadores de servicios para cubrir funciones de carácter permanente en sus áreas técnicas y administrativas, asimismo, validó entregables de escaso valor y cargó parte de esos pagos al canon, regalías mineras y FONCOR, recursos, como veremos en el desarrollo de la presente investigación, que tienen destino legal restringido. El caso no solo compromete a áreas usuarias y a la cadena de certificación y pago, también golpea directamente el corazón político de la gestión regional, al utilizar recursos económicos destinado a cerrar brechas.
Lo que la Contraloría ha redactado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 006-2026-OCI/5336-AOP, viene a ser la radiografía de una práctica que, leída en conjunto, revela un patrón de gestión profundamente cuestionable dentro del GORECAJ. Contratar locadores para tareas que ya formaban parte de la estructura de esa institución para pagar por productos que, en varios casos no acreditaban un valor técnico real y, además, financiar parte de ese circuito con recursos del canon minero, regalías mineras y Fondo de Compensación Regional – FONCOR, dinero que la ley reserva para inversión, mantenimiento en supuestos específicos y cierre de brechas. La evidencia periodística de este caso está en esa combinación. Una irregularidad aislada puede discutirse como un posible error, sin embargo, dos irregularidades articuladas entre sí, es decir, la duplicidad de funciones y el uso de fondos restringidos, ya no describen un “error”, sino que evidencian un mecanismo bien articulado.
El OCI resumió dos de sus hallazgos. El primero es que el GORECAJ efectuó pagos por S/ 239 000 por contrataciones de locadores de servicios para actividades “convergentes” con funciones del personal con vínculo laboral y, además, otorgó conformidad a servicios “carentes de utilidad” o que incumplieron los objetivos institucionales, generando duplicidad de gasto y afectando los principios de eficacia y eficiencia del uso de recursos estatales. En tanto, el segundo, en el periodo 2023 y 2024, el GORECAJ utilizó S/ 283 100 de canon minero, regalías mineras y FONCOR para pagar locadores, afectando el destino exclusivo y legal de esos fondos para proyectos de inversión y cierre de brechas.
Dicho, según el informe del OCI, el GORECAJ habría montado una planilla paralela para tareas que su propia burocracia ya debía ejecutar, y una parte de ese gasto habría sido cubierta con dinero que debía servir para inversión pública.
El informe de OCI es devastador, porque no se queda en el detalle técnico de un par de contratos, sino que apunta al modelo. El OCI no dice únicamente que algunos locadores presentaron informes débiles. Lo que sostiene el ente fiscalizador es todavía más delicado, pues las tareas contratadas ya estaban asignadas, por reglamento, manuales de puesto o directivas internas, a órganos y servidores del propio GORECAJ.
Por ejemplo, en la Subgerencia de Estudios el informe visibiliza servicios vinculados al seguimiento y monitoreo de procesos de contratación para la elaboración y supervisión de expedientes técnicos. La observación principal en este caso es demoledora, por decirlo de algún modo, dado que el seguimiento de esos procesos no es una labor independiente ni especializada que justifique necesariamente una locación externa, porque la normativa de contrataciones asigna la conducción del procedimiento de selección al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones. Es decir, el GORECAJ pagó a terceros por seguir procesos cuya información debía estar bajo control de sus propios órganos competentes.
Por otro lado, en la Subgerencia de Supervisión y Liquidaciones, el informe va más lejos, porque también evidencia servicios relacionados con coordinación, evaluación de valorizaciones, actualización de información sobre avances físicos y financieros y monitoreo de instrumentos de gestión ambiental. Y recuerda que el propio Reglamento de Organización y Funciones del GORECAJ asigna a esa unidad la supervisión, seguimiento, emisión de informes de avance y apoyo técnico especializado. A la vez, el Manual de Perfiles de Puesto contempla esas mismas funciones para cargos como especialista, analista y asistente de supervisión de obras.
El OCI da una conclusión implícita completamente brutal, porque se contrató por fuera lo que ya existía por dentro. Y en una de las descripciones más reveladoras, el informe cuestiona Tèrminos de Referencia – TDR que incluían actividades como administrar registro, archivo y custodia de documentación, manejar la plataforma de trámite documentario, redactar documentos y apoyar en protocolo. Todas esas labores, según advierte el OCI, corresponden a soporte administrativo permanente y guardan relación directa con funciones previstas para el rol de apoyo administrativo de la Subgerencia de Estudios. “La locación, en ese contexto, deja de ser excepcional y empieza a parecer una sustitución encubierta de trabajo estructura”. Mejor explicado, se han desnaturalizado las contrataciones civiles.
El pago con dinero destinado a inversiones para armar una estructura de apoyo ordinario es una bomba. Si el primer hallazgo compromete la racionalidad del gasto, el segundo compromete su legalidad presupuestal.
El OCI desarrolla, en la parte normativa de su informe, que los recursos de canon, regalías y FONCOR tienen un destino legal específico, y, por ejemplo, cita la Ley del Canon, la Ley de Regalía Minera, leyes de presupuesto y reglas excepcionales para mantenimiento y reducción de riesgo de desastres. En ese sentido, es evidente que esos fondos no pueden usarse libremente como caja general para financiar actividades administrativas ordinarias o una estructura funcional paralela.
No obstante, el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 006-2026-OCI/5336-AOP argumenta que en los años 2023 y 2024 se usaron S/ 283 100 de esos recursos para pagar locadores, mientras que el apéndice incorpora la trazabilidad de expedientes SIAF, comprobantes y notas de pago que sustentan el hallazgo. Este, según el propio informe, es el flanco más delicado del caso, desde un punto de vista político y legal. Ello, a razón de que regiones como Cajamarca, el canon y las regalías no son solo partidas presupuestales, sino que se convierten en símbolos para transformar la renta extractiva en obras de infraestructura, servicios y cierre de brechas. Cuando la Contraloría afirma que parte de ese dinero terminó cubriendo locadores en actividades administrativas o funcionales que no encajaban en ese destino, el daño no es solo técnico, es un daño para toda una región sumergida en la pobreza durante décadas.
En breve la segunda parte de este informe con mayores datos.
