El pasado 26 de febrero de este año, Otra Prensa puso en evidencia que una persona firmaba actas de fiscalización, los funcionarios de la Diresa rectifican las mismas, y los documentos sanitarios eran usados con fines distintos ante la mirada, presuntamente cómplice, de la oficina de la Contraloría.
El pasado 30 de abril, la Contraloría General de la República, por presión mediática, terminó exponiendo una situación que hoy compromete directamente a funcionarios de la Dirección Regional de Salud Cajamarca Cajamarca – DIRESA. Un informe oficial revela, lo que este medio dio a conocer en su momento. Una persona sin vínculo laboral ni contractual con el Estado participó formalmente en una inspección sanitaria realizada por la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas – DIREMID, firmando documentos oficiales y actuando como representante de la máxima autoridad regional de salud.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 5876-2026-CG/GRCA-AOP, emitido por la Gerencia Regional de Control de Cajamarca, coloca en evidencia el manejo interno de las comisiones de fiscalización sanitaria en la región.
Los hechos se remontan al 5 de febrero de 2026, durante una intervención a la botica “MARFARMA”. En esa diligencia participó Silvia Damaris Terrones Vílchez, quien, mediante documento, fue presentada oficialmente como integrante de la comisión inspectora avalada por la Carta de Presentación N.° 17-2026-DIRESA/DIREMID/FCVS.
La comisión, donde Terrones Vílchez participó, fue encabezada junto al químico farmacéutico César Alexis Barboza Zambrano, y ambos firmaron el acta de inspección sanitaria recabada aquel día. No obstante, el órgano fiscalizador determinó, después de más de dos meses, que Terrones Vílchez no mantenía ningún vínculo vigente con la DIRESA Cajamarca al momento de la intervención. No tenía contrato, no existió designación ni relación formal que la habilitara para ejercer funciones públicas de fiscalización en temas sanitarios, ni en otros.
El químico farmacéutico Jaime Edgar Pacheco Neyra, director de la DIREMID, hombre de confianza de Simón Cusma, es señalado directamente en el informe como responsable. Ello, en razón a que él fue quien autorizó la participación de Silvia Damaris Terrones Vílchez.
La Contraloría advierte que lo grave del caso no está solamente en que Terrones Vílchez no haya tenido contrato, sino tras detectarse la irregularidad, la propia DIREMID intentó “corregir” lo ocurrido, porque la primera acta de inspección fue declarada “ANULADA”, como lo informamos, y posteriormente dispusieron repetir la diligencia, pero esta vez como otro equipo inspector.
La solicitud de la Contraloría para recibir los descargos del director de DIREMID Jaime Pacheco, menciona algo que para este medio de prensa no es nuevo. El oficio sostiene que la contratación de Silvia Terrones “se retrasó”, sin embargo, Otra Prensa ya venía advirtiendo desde el 2025 que cerca de 30 locadores en esa institución estaban laborando sin contrato alguno, pero no fue hasta que se tocó el nombre de Carlos Iván Díaz Arribasplata, gerente de la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República en Cajamarca, que esa entidad actuó. Y por tal razón el argumento del director de la DIREMID, de que el contrato se retrasó, solo fue una justificación para escapar de su responsabilidad de haber ordenado la participación de alguien que no trabajaba para el Estado.
El caso se agrava porque días después elaboraron una nueva acta con la misma numeración y fecha, esta vez firmada por el químico farmacéutico Richard G. Moya Delgado, quien, por supuesto, sí mantenía y mantiene vínculo vigente con la DIRESA.
Aunque hayan tratado de “arreglar” este grave caso, para la Contraloría los hechos ya se habían consumado. El documento es claro, y precisa “que la anulación posterior del acta inicial no elimina el hecho de que una persona ajena administrativamente a la DIRESA ejerció funciones públicas durante una inspección oficial”.
El caso ya quedó registrado oficialmente en los documentos de la Contraloría, y como hemos denunciado con pruebas, la actuación de los funcionarios, que deberían encargarse por velar por el correcto funcionamiento de la Entidad, no lo hace.
Como medio de comunicación serio, somos conscientes de que, si el nombre del gerente regional de la Contraloría no se hubiese tocado, probablemente este caso, como la de los locadores sin vínculo laboral o el concurso público realizado en menos de 12 días a fines del 2025, hayan pasado desapercibidos. O el caso de una persona sin contrato que manipulaba los sistemas para dicho concurso, peor aún, el certificado CONADIS otorgado a un exfuncionario solo días antes de que el concurso inicie. Todo ello, debería ser investigado por el OCI de DIRESA, pero no lo hacen, y esto, obviamente, pone en serio cuestionamiento la labor de quienes trabajan en esa oficina.
Este caso no solo es responsabilidad de Jaime Pacheco, hay una cadena de funcionarios responsables, empezando por su director, el cuestionado medico cirujano Simón Cusma, como cabeza de la institución; el director de Administración, el logístico, entre otros por quienes pasan los pedidos de contratación de personal, y saben, evidentemente, que existían trabajadores sin contrato ni vinculo laboral ejerciendo funciones en la DIRESA pero, por algún tipo de razón, el OCI de esa institución, no los toca.
