La presencia de los integrantes de La Procuraduría debía servir de explicación técnica, pero terminó convirtiéndose en una sesión embarazosa, repleta de dudas y cuestionamientos, silencios y frases que abrieron la puerta a que los consejeros hicieran más preguntas y obtuvieran menos respuestas.
En la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Cajamarca, llevada a cabo el día 30 de marzo, la Procuraduría Pública intentó justificar un hecho difícil de sostener. Y es que la existencia de dos laudos arbitrales sobre un mismo conflicto, uno favorable y otro adverso al Estado, no pasa desapercibido para nadie. Pero lejos de desaparecer las críticas con su exposición terminaron dejando evidencia, según lo que dejó la última sesión de Consejo, fisuras en la estrategia legal, contradicciones internas y un problema que no es nuevo y que este medio ya ha revelado.
DOS LAUDOS, UNA OBRA PARALIZADA, CIENTOS DE ESTUDIANTES AFECTADOS Y UN PLAZO QUE SE AGOTA
El problema de El Instituto “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” no es solo jurídico, también tiene consecuencias concretas. Mientras un laudo validaba la elaboración y supervisión del expediente técnico, el otro ordenaba la continuidad de la obra bajo condiciones distintas. En los hechos, esta dupla ha colocado a la entidad en un punto muerto, que se percibe en que no existe una ruta clara para ejecutar el proyecto.
Desde el propio entorno técnico, el día lunes en la sesión de Consejo, se ha advertido que esta controversia está bloqueando el avance de la obra. La Gerencia de Infraestructura no puede tomar decisiones definitivas mientras subsistan mandatos arbitrales que apuntan en direcciones distintas. Y es así que el tiempo no se detiene.
El Instituto Pedagógico enfrenta un plazo crítico que ya toda Cajamarca conoce. Su licenciamiento. Este debe resolverse hasta antes del mes de mayo de este año. No hacerlo podría significar su cierre, y eso sí sería una completa derrota a la educación en nuestra provincia. En paralelo, la infraestructura sigue deteriorándose por efecto de las lluvias, lo que no solo agrava el estado físico del proyecto, sino que abre la puerta a nuevas complicaciones. Actualización de expedientes, mayores costos y eventuales adicionales de obra, son costos que se ven venir.
Lo que hoy han minimizado a un conflicto legal, en realidad, ya tiene impacto directo en estudiantes, docentes y en el uso de recursos públicos.
UNA DEFENSA CON CUESTIONAMIENTOS QUE PUDO EVITAR CONFLICTOS
La abogada encargada de asuntos arbitrales de la Procuraduría del Gobierno Regional de Cajamarca – GORECAJ, Dra. Karina Villena Cachay, sostuvo, en el marco del caso del “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, que la entidad actuó correctamente. Explicó que el GORECAJ inició primero el arbitraje y que fue la empresa la que, posteriormente, presentó un segundo proceso. Según su versión, correspondía al contratista acumular ambas controversias. Sin embargo, ese argumento no convenció al Consejo.
En plena sesión, el consejero Karlos Gianpierre Peralta Pérez, de la provincia de Hualgayoc, fue directo al punto. Para él la discusión no era quién empezó primero, sino por qué se permitió que existieran dos procesos paralelos sobre la misma controversia. Y fue más allá, señalando que la defensa debió centrarse en una herramienta básica del derecho procesal. La litispendencia.
El cuestionamiento de Peralta Pérez no fue menor. La autoridad explicó que, cuando existen las mismas partes, el mismo hecho y el mismo objeto, corresponde impedir la duplicidad del proceso. No hacerlo, advirtió, abre la puerta a decisiones contradictorias, como las que hoy enfrenta la entidad. El consejero es también de profesión abogado.
La Dra. Karina Villena Cachay respondió, enérgicamente, que sí se opuso, que planteó excepciones y que incluso cuestionó al árbitro. Pero en ese punto dejó ver otra debilidad de la defensa de la Procuraduría del GORECAJ, que, como ya se ha resaltado el consejero hualgayoquino, “la excepción presentada fue la de incompetencia, no la de litispendencia”. Para los consejeros, ahí podría estar el origen del problema.
LA PREGUNTA INCOMODA SOBRE LOS DOS LAUDOS
El resultado es concreto es que existe un laudo que respalda la posición del Gobierno Regional, y el otro le es adverso; ambos vigentes, ambos vinculados al mismo contrato. No hay que darle mucha vuelta al asunto, porque ha sido la propia Procuraduría la que reconoció que existen “dos procesos arbitrales con las mismas partes y la misma controversia” y al mismo tiempo, sostienen que la responsabilidad no es suya, sino de la empresa por no haber acumulado las pretensiones. Este punto es el que genera la tensión.
En la práctica, lo que ha transmitido la Procuraduría es que la defensa del Estado, según sus propias palabras, y que fue interpretado por los consejeros, dependía de “qué estaba haciendo su contraparte y la contraparte no puede marcar la agenda, menos la defensa de los velan por los intereses del Estado”. Esto, evidentemente, puso en alerta a los funcionarios quienes mencionaron que se permitió que dos procesos avancen en paralelo, sin lograr su unificación, lo que terminó exponiendo al Estado a fallos contradictorios.
LA OMISIÓN QUE NO SALVA A NADIE
En medio del debate en la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Cajamarca, la Procuraduría hizo una admisión que pasó casi desapercibida, pero que Otra Prensa ha analizado con su equipo legal, y que resulta clave en base a declaraciones recibidas de los consejeros que hemos entrevistado. “El Gobierno Regional se enteró de uno de los laudos por el propio contratista —según lo que se mencionó en la sesión de Consejo— y no por su órgano de defensa jurídica. La explicación fue que el laudo estaba siendo cuestionado judicialmente y que, por ello, no correspondía exigir su cumplimiento. Sin embargo, el hecho revela una fractura en la coordinación interna”. Para los consejeros, esto no es un detalle menor. Implica que decisiones administrativas pudieron tomarse sin contar con información completa oportuna.
LA DESCONFIANZA DE ROGER GUEVARA
Roger Guevara, gobernador regional de Cajamarca, optó por tomar distancia al señalar que su gestión no designa al procurador y evitó calificar la defensa como buena o mala. Pero dejó una frase que resonó en la sala.
“He encontrado gente que te dice una cosa y después hace otra”.
Esta frase, que la sostuvo con la mirada fijada hacia donde estaba el procurador y su equipo, más que una defensa, sonó a advertencia.
En tanto, desde la Gerencia General el enfoque fue distinto. Desde ese flanco se cuestionó abiertamente la estrategia legal de la Procuraduría y se puso sobre la mesa un punto técnico que nadie logró desvirtuar con claridad. La excepción utilizada no era la adecuada para el caso. Así, mientras la Procuraduría defendía su actuación, desde el propio entorno funcional del GORECAJ surgían dudas sobre la forma en que se condujo el proceso.
¿ESTOS PROCESOS YA ERAN ANTECEDENTES QUE HOY COBRAN SENTIDO EN MEDIO DE LA CRISIS DEL INSTITUTO?
Un documento de este medio de comunicación, que estamos colocando a disposición de nuestros lectores, muestra que Henry Fernando Montero Vásquez ya participaba en el año 2021 en audiencias de conciliación en las que un contratista solicitaba modificaciones contractuales, eliminación de penalidades y el reconocimiento de presuntas deficiencias en el expediente técnico. En palabras simples, el tipo de controversia que hoy ha derivado en laudos arbitrales contradictorios no era ajeno a la Procuraduría del Gobierno Regional, sino que ya se advertía en etapas previas, aunque en procesos distintos. Bajo esa línea, surgen interrogantes justas sobre las decisiones adoptadas y la capacidad de la defensa jurídica del Estado para evitar que este tipo de conflictos escale a escenarios más complejos, como el que actualmente afecta al instituto “Hno. Victorino” de Cajamarca.
¿COBRA VIDA OTRO ATECEDENTE QUE OTRA PRENSA REVELÓ?
Lo ocurrido recientemente no es un hecho aislado. En 2022, Otra Prensa reveló un caso que ya advertía problemas en la forma en que se manejaban las controversias desde la Procuraduría regional. En aquella investigación, vinculada a una obra en Cutervo, se documentó cómo un proceso de conciliación, rechazado inicialmente por falta de sustento técnico y por encontrarse fuera de plazo, terminó reabriéndose en reiteradas ocasiones.
El resultado fue llamativo, porque un monto que inicialmente bordeaba los 500 mil soles terminó reconociéndose por más de 5 millones. Los informes técnicos y legales cambiaron de criterio en el camino. Lo que primero era improcedente, después fue validado. Y todo ocurrió dentro de un procedimiento que, según los propios documentos, ya había superado los plazos para conciliar.
A ello se suma un elemento particularmente sensible. De acuerdo con información en poder de este medio, que debió ser corroborada por las autoridades competentes, dirigidas al centro de conciliación en el año 2022, solicitando la modificación o anulación de actuaciones previas, hechos que, por su naturaleza, debieron en su momento (gestión de Mesías Guevara) ser evaluados por las instancias correspondientes.
DOS MOMENTOS PARA UN MISMO PROBLEMA
Al poner ambos casos en perspectiva surge una línea que no puede ignorarse. En el año 2022 decisiones dentro de un proceso conciliatorio terminaron elevando de manera significativa un reconocimiento económico. De medio millón de soles a más de 5 millones de soles con conciliaciones caducas. En el caso actual, la falta de control sobre procesos arbitrales paralelos ha derivado en la coexistencia de laudos contradictorios que hoy paralizan una obra clave.
Los escenarios son distintos, pero comparten un elemento común, o quizá, podría evidenciarse un patrón en la gestión de controversias, aspecto que aún requiere mayor investigación, y es la gestión de la defensa jurídica del Estado frente a controversias contractuales.
MÁS ALLÁ DE LOS ARGUMENTOS
Durante la sesión de Consejo, la Procuraduría sostuvo que su actuación fue técnica y que incluso obtener un laudo favorable demuestra que hubo una defensa adecuada. No obstante, el debate ya no gira solo en torno a un resultado, sino a qué se hizo para evitar que el GORECAJ y una obra emblemática como lo es la construcción y equipamiento de El Instituto “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”. Esto queda en el aire.
ESTO NO QUEDA AHÍ
El Consejo Regional ya marcó territorio y en defensa de los intereses de los cajamarquinos ha tomado la decisión de elaborar los expedientes completos y remitir el caso a instancias superiores para su evaluación. Es decir, a la Procuraduría General de La República para que analice la actuación del procurador Henry Fernando Montero Vásquez, quien ingreso a laborar en la gestión del exgobernador Mesías Guevara. Entonces, esto no se trata de una discusión académica, sino de algo que afecta y obstruye, porque detrás de esto existen recursos públicos, obras paralizadas y decisiones que impactan directamente en la población.
