Locadora firma actas de fiscalización, funcionarios ‘rectifican’ actas, mientras documentos sanitarios son usados con fines distintos frente a la puerta de la oficina de la Contraloría.
El pasado 23 de enero, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), que dirige el Dr. Jaime Pacheco Neyra, acudió hasta las instalaciones de la botica MEDFARMA, debido a que vendieron un producto falsificado, que posteriormente fue aplicado a una menor de edad que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente – HRDC. La Botica MEDFARMA, ubicada frente a ese nosocomio, fue cerrada, en palabras de Pacheco a los medios de comunicación, de manera definitiva.
Sin embargo, días después, el director de la DIREMID divulgó mediante su estado de WhatsApp actas sobre la intervención realizada a esa botica y otras, exponiendo los documentos de manera pública. Es ahí que Otra Prensa pudo revisar aspectos sobre los formalismos de los procedimientos de inspección de salud y seguridad. Lo que inició como una intervención sanitaria contra la venta de medicamentos irregulares por parte de la DIREMID expone un problema mayor sobre la legalidad de los procedimientos administrativos de esa dirección ejecutiva de la Diresa Cajamarca.
El 5 de febrero realizan una nueva inspección, esta vez a la botica MARFARMA, consignan en el acta la participación de una profesional como integrante del equipo de fiscalización. Se trata de Silvia Terrones Vílchez, quien, al momento de la intervención a la botica, no contaba con contrato vigente, es decir, no tenía vínculo laboral con la Diresa Cajamarca. Es más, hasta el momento no tiene contrato con la entidad de salud, de acuerdo con registros administrativos. En ese sentido, Jaime Pacheco Neyra, reconoció que tuvieron que rectificar el documento.
“Correcto, por eso se tuvo que rectificar de manera inmediata con otra acta. Con el fin de no tener ni un cabo suelto para evitar impugnación…”, expresó el titular de la DIREMID. Al parecer el funcionario se refería al acta del 23 de enero, sin embargo, el propio director reconoció que el acta tuvo que ser rectificada «de manera inmediata» para evitar impugnaciones, y bajo sus propias declaraciones, se presume que, en esa fiscalización, también habría participado la profesional citada líneas arriba, sin tener vínculo laboral con la Diresa. Evidentemente sí se puede rectificar un acta, pero no todo es rectificable, como, por ejemplo, cuando el cuestionamiento es por competencia del o la firmante. En ese escenario, estaríamos ante un posible vicio y no un simple error material.
El equipo legal de Otra Prensa sostiene que, en derecho administrativo, esa declaración no es irrelevante. La competencia de quien interviene y firma un acta que posteriormente se convierte en un procedimiento para el reinicio de actividades o para sancionar, como lo es cuando se cierra una botica, constituye un requisito esencial de validez.
“Si la profesional no tenía contrato al firmar el acta, existe riesgo de impugnación por ese motivo, la consecuencia jurídica, entonces, es real y sujeta a responsabilidades”, menciona uno de los abogados de este medio.
En ese mismo sentido, el director también defendió la actuación de la químico farmacéutico, señalando que “es importante resaltar la ley del químico farmacéutico faculta todas estas actividades incluso ad honoren”.
Sin embargo, los especialistas en derecho administrativo de Otra Prensa, recuerdan que la habilitación profesional no necesariamente sustituye la habilitación administrativa o lo que es la contratación para ejercer función pública dentro de un acto con efectos como la reanudación de actividades o sanciones a un establecimiento farmacéutico observado.
En otro escenario, y bajo el mismo tema, el funcionario mencionó algo que si genera controversia y que podría ser observado por las autoridades competentes. Pacheco Neyra mencionó que el acta del 5 de febrero fue dejada en la institución para identificar a la persona que filtra información a los medios de comunicación.
“Además esta acta fue dejada a propósito para descubrir al ‘topo’ dentro de DIREMID”, aseguró a este medio el funcionario.
Esta declaración no es para nada sin importancia, por el contrario, desde una mirada jurídica, si un documento administrativo ha sido, como ha sostenido el director de DIREMID, utilizado con una finalidad distinta a la propia del procedimiento sanitario, podría abrirse un flanco sobre el principio de finalidad del acto administrativo, el cual no es para nada, ni de cerca, un acto para descubrir a personas que “filtran” información a la prensa; además, la información que recoge la Diresa Cajamarca, corresponde a documentación administrativa de carácter público.
El Dr. Jaime Pacheco Neyra, también sostuvo que su gestión ha tenido resultado óptimos. No obstante, la observación de Otra Prensa no se centra en la cantidad de operativos, sino en la firmeza jurídica que los respalda. En temas de sanción, como los cierres de boticas y/o farmacias, la forma no es secundaria, sino que se convierte automáticamente en una garantía.
El caso adquiere una dimensión mayor cuando se considera que la situación de locadores en la entidad, incluida la permanencia de profesionales y no profesionales bajo contratos temporales por más de tres años consecutivos, podría configurar desnaturalización contractual, y ha sido advertida previamente tanto al Órgano de Control Institucional que dirige Sandra Lizeth Cabanillas Chávez, como a Carlos Iván Díaz Arribasplata, gerente de la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República en Cajamarca. A este último, de manera personal se le puso de conocimiento el pasado 19 de diciembre de 2025, en una entrevista personal, las irregularidades sobre la situación de los locadores en Diresa, entre otras cosas, y aunque se comprometió en dar seguimiento a ese tema, hasta la fecha no se conocen medidas correctivas públicas frente a esa situación. A la actualidad, existen un promedio de 30 locadores que continúan asistiendo a la Diresa, pese a que sus contratos se vencieron en diciembre del año pasado y ahora asisten con la venía de los funcionarios de esa entidad y ante los ojos del OCI.
En este caso, de caerse el proceso sancionador contra una botica irresponsable que expende medicamentos falsos, o que no cumple con los requisitos legales, y aunque se haya “rectificado” el acta y los órganos de control tenían conocimiento de posibles riesgos en la contratación de locadores en la Diresa y no activaron mecanismos preventivos, las irregularidades no solo serían de los servidores y funcionarios de DIREMID, sino que también alcanzaría a la Contraloría, dado que su labor no es solamente posterior, también es preventiva.
Si se interpone una eventual impugnación por parte de los dueños de estas boticas, donde ha participado la químico farmacéutica Silvia Terrones Vílchez, basada en aspectos formales, la responsabilidad no se limitaría a quien firmó un acta o a quien ordenó una rectificación, como lo ha dado a conocer Jaime Pacheco, sino que se podría extender a quienes, teniendo el deber de supervisar el marco contractual y administrativo, no activaron mecanismos preventivos para corregir oportunamente un esquema que ahora genera problemas.
Combatir mafias, como ha calificado a las boticas el director de DIREMID, exige determinación en la administración pública, pero a la vez, también exige procedimientos jurídicamente y administrativamente limpios, sin errores. Si la forma se debilita, el fondo queda expuesto. En síntesis, si una intervención se cae por vicios que pudieron evitarse, las responsabilidades podrían ser más amplias de lo que hoy se reconoce.
