Informe revela omisiones y aprobaciones indebidas en proceso por más de S/ 525 mil.
La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en los procesos de selección de la Dirección Regional de Salud Cajamarca (DIRESA), según el Informe de Auditoría N.° AC 20-2025-2-0828-AC, que propone sanciones administrativas contra funcionarios y servidores por vulnerar la normativa de contrataciones del Estado.
La auditoría examinó más de medio millón de soles (S/ 525,201.46) y halló fallas en expedientes, evaluaciones y adjudicaciones, atribuyendo responsabilidades a Juan Carlos Vargas Cubas, César Herminio Mego Mondragón, Antony Castañeda Vásquez, Daniel López Ríos y Magaly Chilón Abanto, cuyo accionar podría derivar en destitución e inhabilitación por comprometer la correcta administración de fondos públicos.
DEFICIENCIAS EN LA OBRA DEL LABORATORIO
Uno de los puntos más críticos detectados por la Contraloría se relaciona con la ejecución de la obra del laboratorio de la DIRESA Cajamarca, la cual fue indebidamente tramitada como un servicio y no como una obra pública.
Esa clasificación errónea provocó que el monto ejecutado, ascendente a S/ 525,201.46, fuera contabilizado como gasto corriente en lugar de inversión, distorsionando la información financiera institucional y afectando directamente los plazos de garantía y mantenimiento de la infraestructura.
La auditoría advierte, además, que el Comité de Selección elaboró bases incongruentes, convocando el proceso como servicio pese a conocer su verdadera naturaleza de obra. Esta inconsistencia limitó la participación de postores, generando una competencia reducida, pues solo dos empresas presentaron ofertas, de las cuales una fue descalificada por emplear términos propios de obra, a pesar de haber propuesto un precio menor, quedando como ganador un único postor con un monto superior al valor referencial.
Este manejo irregular, según el informe, no solo afectó la eficiencia del proceso, sino que favoreció una adjudicación sin condiciones de equidad ni transparencia, con perjuicios potenciales al presupuesto público y al cumplimiento de los fines del proyecto.
RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES
El informe detalla las presuntas responsabilidades administrativas de cada funcionario involucrado:
- Juan Carlos Vargas Cubas, en su calidad de miembro del comité de selección, aprobó bases de procedimiento sin contar con los informes técnicos previos ni verificar la disponibilidad presupuestal correspondiente, vulnerando los artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- César Herminio Mego Mondragón, quien también integraba el comité, omitió verificar la documentación presentada por los postores, permitiendo la participación de proveedores sin cumplir los requisitos exigidos, lo que comprometió la transparencia y equidad del proceso.
- Antony Castañeda Vásquez, responsable del área técnica, elaboró informes y requerimientos sin el sustento de mercado ni la validación del área usuaria, lo que derivó en expedientes incompletos y procesos observados por inconsistencias técnicas.
- Daniel López Ríos, como jefe de Logística, autorizó la publicación y ejecución de los procesos sin contar con la conformidad previa del área presupuestal ni la revisión legal, incumpliendo sus funciones de control y revisión documental.
- Magaly Chilón Abanto, en su condición de responsable de Presupuesto de la Dirección Regional de Salud, suscribió documentos de conformidad sin verificar la ejecución efectiva del servicio o entrega del bien, generando aparentes pagos por servicios no ejecutados a cabalidad.
POSIBLES OMISIONES DENTRO DEL INFORME
Pese a lo señalado, una revisión del propio marco de funciones de la DIRESA Cajamarca permite presumir que la cadena de responsabilidad podría ser más amplia.
Fuentes consultadas sostienen que el administrador de la entidad, economista Willian Tasilla Tafur, también debería figurar entre los implicados, dado que es quien aprueba los expedientes para los procesos de selección y otorga la viabilidad presupuestal para las contrataciones.
Asimismo, por la naturaleza de los procedimientos, también deberían estar incluidos el jefe de adquisiciones, el jefe de presupuesto, ambos actores determinantes en la autorización, evaluación y validación de los procesos observados.
Según fuentes cercanas a la entidad, la Oficina de Control Interno (OCI) habría decidido restringir el número de funcionarios para posible sanción para evitar un mayor escándalo institucional, optando por limitar la responsabilidad a un grupo reducido pese a que los actos observados involucraron múltiples niveles jerárquicos.
CONTEXTO INSTITUCIONAL Y REPERCUSIONES
El informe AC 20-2025-2-0828-AC, elaborado por la Contraloría General, se enmarca en el Sistema Nacional de Control, conforme a la Ley N.° 27785, que faculta al órgano de control a proponer sanciones por faltas graves o muy graves cometidas por funcionarios y servidores públicos.
La sanción de destitución e inhabilitación implica la separación definitiva del cargo y la prohibición de ejercer función pública hasta por cinco años, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.
Hasta el momento, la DIRESA Cajamarca no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe ni sobre las acciones que adoptará frente a las conclusiones y sanciones propuestas por la Contraloría.
Asimismo, los funcionarios y servidores mencionados no habrían emitido declaraciones públicas ni respondido a los requerimientos de información realizados por la entidad fiscalizadora, lo que mantiene en reserva la posición de defensa de cada uno de ellos frente a los hallazgos expuestos.
