Empresas con documentación falsa ganaron obra pública en San Pablo. Tribunal anula adjudicación por corrupción.
Resolución del Tribunal de Contrataciones revela que consorcio ganador presentó certificados adulterados para obtener contrato de S/ 669 mil en puente de Tumbaden, Cajamarca.
Una nueva muestra de corrupción en la contratación pública fue evidenciada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, que mediante la Resolución N° 3776-2025-TCP-S1 declaró la nulidad de la adjudicación de la obra “Renovación de puente; en la vía vecinal Ventanillas – El Suro (puente El Uñuelo), distrito de Tumbaden, provincia San Pablo, departamento Cajamarca”, valorizada en S/ 669,781.32.
El proyecto había sido adjudicado al Consorcio Tumbaden, integrado por las empresas INVEC PERÚ SERVICIOS GENERALES S.R.L. y CONSULTORES Y EJECUTORES UKUMARY S.R.L., quienes resultaron ganadoras tras presentar presuntamente documentación falsa o adulterada, específicamente certificados de vigencia de poder alterados.
De acuerdo con la resolución del Tribunal, los documentos que acreditaban la vigencia de poder de los representantes legales de ambas empresas habían sido supuestamente emitidos el 28 de marzo de 2025, según lo presentado en la oferta. Sin embargo, al escanear los códigos QR de los certificados, se constató que la verdadera fecha de emisión fue posterior a la presentación de propuestas, siendo el 13 de agosto de 2024 para INVEC PERÚ y el 7 de agosto de 2024 para UKUMARY S.R.L.
Esta contradicción llevó al Tribunal a considerar que el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta y adulterada, lo que constituye una infracción grave tipificada en la Ley N° 30269, Ley General de Contrataciones Públicas.
Además de anular la adjudicación, el Tribunal ordenó abrir un expediente administrativo sancionador contra las dos empresas involucradas por responsabilidad administrativa. Asimismo, se dispuso que la obra regrese a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases.
También se decidió devolver la garantía presentada por las empresas NEYSAN & COMPAÑÍA S.A.C. y CONSORCIO ALEMAR, integrantes de otros postores, al quedar fuera de este proceso viciado.
Este caso revela una vez más cómo algunas empresas buscan acceder a fondos públicos mediante prácticas fraudulentas, comprometiendo obras esenciales para comunidades rurales. La población de Tumbaden, que esperaba la mejora de un puente clave para su conectividad, queda nuevamente postergada debido a la corrupción.
La vigilancia ciudadana y la acción firme de los órganos de control son claves para evitar que este tipo de situaciones continúen afectando el desarrollo local y la correcta ejecución del gasto público.
