“Documentos prueban su renuncia a la empresa antes de los hechos supuestamente atribuidos al alcalde provincial”.
Contratos posteriores firmados por la empresa San Miguel Arcángel SRL en municipios de la región han desatado una ofensiva política, pero registros de SUNAT y SUNARP confirman que el actual alcalde, José Carlos Quiróz Calderón, no mantenía ningún vínculo al momento de darse la contratación. Detrás de las acusaciones emergen figuras con intereses políticos y conexiones con redes cuestionadas.
Una reciente investigación documentada ha permitido precisar la cronología de la relación entre el actual alcalde provincial de San Miguel y la empresa San Miguel Arcángel Contratistas Generales SRL, hoy mencionada en diversas denuncias sobre contratos municipales. Sin embargo, los registros de SUNAT y SUNARP muestran con claridad que el alcalde José Carlos Quiróz se retiró formalmente de la empresa antes de asumir su mandato como autoridad ante SUNAT, desmontando las versiones que buscan vincularlo con contrataciones posteriores.
En registros públicos SUNARP, Quiróz sale de toda vinculación el 21 de enero de 2023 y las contrataciones con los nuevos dueños de la empresa fueron en mayo del 2023. Según consta en el sistema de SUNAT, Quiróz cesó en sus funciones como gerente general antes del año 2022, y en SUNARP figura la formalización de su retiro societario en enero de 2023. Esta desvinculación ha sido corroborada con documentación a la que Otra Presa accedió, así como con una factura electrónica emitida por la empresa en mayo de 2023, en la que ya no aparece el nombre de José Carlos Quiróz Calderon como representante legal o firmante.
EL CONTRATO QUE DESATÓ LAS SOSPECHAS
El caso que reavivó las especulaciones políticas es un contrato suscrito entre la empresa San Miguel Arcángel SRL y la Municipalidad Distrital de Calquis, para el servicio de transporte de maquinaria pesada. El proceso fue identificado como N.º 0070-2023-MDC/ALA, y dio lugar al comprobante electrónico E001-115, emitido el 3 de mayo de 2023, por un monto de S/ 13,999.99.
El servicio comprendía el transporte de un rodillo, una motoniveladora, una excavadora y una retroexcavadora, y fue gestionado por el área de Logística de Calquis, que emitió la invitación correspondiente a través del RUC institucional de la empresa. En ningún momento aparece el nombre del alcalde como vinculado al proceso, ni en términos administrativos ni contractuales. Y según la Ley de Contrataciones de Estado Especifica que un burgomaestre no puede contratar con nadie dentro de cuarto grado de consanguinidad ni el segundo de afinidad. Algo que no se dio en ningún momento de esta contratación. No obstante, esta contratación ha sido utilizada como eje de una ofensiva política para insinuar que existiría un conflicto de intereses, pese a que la documentación oficial muestra lo contrario. Sin embargo, la Fiscalía archivó la investigación contra alcaldes de Tongod y Calquis y la empresa de la madre del alcalde de San Miguel, la empresa Estación de Servicios TOMYC E.I.R.L., por presunta negociación incompatible.
FISCALÍA ARCHIVÓ INVESTIGACIÓN CONTRA ALCALDES DE TONGOD Y CALQUIS POR PRESUNTA NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca archivó la investigación que seguía contra los alcaldes distritales de Tongod y Calquis, David Carranza Terrones y Gloer Cueva Ramírez, respectivamente, así como contra Tomasa Calderón López, representante de la empresa Estación de Servicios TOMYC E.I.R.L., por el presunto delito de negociación incompatible. La resolución, emitida el 11 de junio de 2025 por la fiscal Gina del Pilar Ramírez Malca, concluye que no existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.
La denuncia giraba en torno a contrataciones realizadas entre las municipalidades mencionadas y la empresa representada por Calderón López, madre del actual alcalde provincial de San Miguel, José Carlos Quiróz Calderón. Según los hechos investigados, TOMYC E.I.R.L. vendió 1245 galones de petróleo a la Municipalidad de Tongod el 17 de mayo de 2023 por S/ 24,651.00. A su vez, contrató con la Municipalidad de Calquis el alquiler de maquinaria pesada por S/ 24,013.00 el 31 de mayo de 2023, y la venta de combustible por S/ 22,917.00 el 13 de abril del mismo año.
Si bien se reconoció que existía un impedimento legal para que TOMYC E.I.R.L. contratar con el Estado dentro de la jurisdicción del alcalde provincial José Carlos Quiróz, la fiscalía determinó que dicho impedimento no configura, por sí solo, un interés indebido ni responsabilidad penal por parte de los alcaldes distritales. Asimismo, se concluyó que la participación de Calderón López en los contratos no constituyó un aporte relevante para generar ese supuesto interés indebido.
Los contratos observados se enmarcaron dentro de los procedimientos permitidos para contrataciones menores a ocho UIT. Además, los jefes de Logística de ambas municipalidades señalaron en sus declaraciones que las contrataciones se dieron en razón de la capacidad operativa de la empresa y porque ofreció los precios más bajos del mercado. También indicaron que no se verificó el parentesco de la gerente con el alcalde provincial, ya que este no formaba parte del proceso.
La fiscal recordó que para configurarse el delito de negociación incompatible es necesario que el funcionario público tenga la facultad de celebrar contratos en representación del Estado, condición que no se cumplía en estos casos. La contratación con TOMYC E.I.R.L. fue realizada por el personal técnico del área de Logística y no por los propios alcaldes.
Finalmente, la resolución indica que los hechos de la fiscalía resolvieron no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, archivando definitivamente el caso. Lo que refuerza que el alcalde sanmiguelino, no tuvo nada que ver en este proceso de contratación y que en su momento fue utilizado para ir contra su gestión y su persona, atribuyéndole hechos ajenos a la realidad y motivando de diversas partes actos de difamación.
DENUNCIAS, ACTORES POLÍTICOS Y LA ESTRATEGIA DETRÁS DEL ESCÁNDALO
Las acusaciones han sido difundidas por opositores políticos y operadores mediáticos cercanos a figuras con intereses regionales, entre ellos el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, entre otros políticos que se perfilan (Aldor Chingay, Janes Cueva, Guillermo Espinoza) para el proceso 2026 en la provincia de San Miguel y a su vez el cuestionado abogado Walter Huamán Ramuchi, conocido por su cercanía al empresario y político Joaquín Ramírez, actual precandidato al Gobierno Regional de Cajamarca.
Ramuchi, además de haber sido defensor de la regidora Silvia Hernández, en un proceso de vacancia, es considerado uno de los cuadros más cercanos de Ramírez dentro de la Beneficencia Pública de Cajamarca. Fuentes consultadas indican que gente vinculada a Ramuchi y Nixon Hoyos estaría operando legal y mediáticamente contra autoridades locales que no responden a su círculo político, con el fin de posicionar aliados de Ramírez en las provincias clave.
A su vez, el alcalde Nixon Hoyos, quien ha manifestado su intención de postular a la Municipalidad Provincial de San Miguel, también figura en informes de prensa por sus presuntos vínculos con la red delictiva «Los Waykis». Según revelaciones periodísticas, Hoyos habría gestionado de manera “discreta” la transferencia de 20 millones de soles para su distrito, una de las zonas más pobres de San Miguel. La operación se habría llevado a cabo en los ambientes de la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y fue frustrada tras ser expuesta públicamente por medios de comunicación nacional, quedando bajo investigación por presuntas irregularidades.
EXPEDIENTES, CORRECCIONES Y USO DESCONTEXTUALIZADO DE TÉRMINOS
En medio de esta situación, se ha presentado el Expediente N.º 5885-2025, promovido por el ciudadano César Hernán Correa Malca, que solicita se corrija el uso del término “organización criminal” en algunas denuncias públicas que involucran al alcalde de San Miguel. El petitorio invoca el principio de presunción de inocencia, recordando que no existe sentencia firme alguna que permita atribuir responsabilidad penal a los mencionados.
Especialistas en derecho administrativo y transparencia han advertido que la instrumentalización de documentos o procedimientos contractuales para fines políticos constituye una forma de manipulación que erosiona el debate público. En este caso, la documentación técnica y registral no respalda las imputaciones contra Quiróz, y más bien revela un patrón de desinformación promovido por ciertos sectores.
UNA NARRATIVA CONSTRUIDA PARA LA DISPUTA POLÍTICA
Desde el entorno del alcalde, se advierte que gran parte de las versiones difundidas han sido editadas o presentadas parcialmente, con el objetivo de construir una narrativa de corrupción que no resiste una verificación documental. “La aparición de actores cuestionados como Hoyos y Ramuchi en la ofensiva política contra Quiróz ha levantado sospechas sobre una estrategia coordinada para debilitar a las autoridades locales independientes y abrir camino a candidaturas vinculadas a estructuras de poder regional”, sostiene un prestigioso analista cajamarquino.
En este contexto, se hace necesario contrastar las versiones mediáticas con los registros oficiales, y evitar que las denuncias sin fundamento se conviertan en herramientas de presión política. Aunque la investigación continúa, la evidencia documental hasta la fecha respalda la posición de Quiróz Calderón, y se evidencia que ha sido objeto de una campaña de desprestigio promovida por intereses políticos y económicos que buscan posicionarse en la región Cajamarca.
