Un fallo histórico del Décimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios sentenció a exautoridades y funcionarios de San Luis de Lucma, Cutervo, por graves actos de colusión agravada y simple que ocasionaron millonarios perjuicios al Estado. La investigación fue liderada por el fiscal José Oscar Guevara Gilarmas, cuyo desempeño permitió condenar a los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción municipal en la región.
EL JUICIO Y LAS CONDENAS
El pasado 30 de septiembre de 2025, a las 12:15 p.m., se llevó a cabo en Lambayeque la audiencia de adelanto de fallo del expediente N.° 1180-2020, donde se sentenció a los implicados en una red de corrupción que operó desde la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma (Cutervo, Cajamarca) durante la gestión del exalcalde Julio Díaz Llatas.
Tras una ardua investigación, el fiscal provincial José Oscar Guevara Gilarmas, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos de Lambayeque, logró demostrar un esquema de contratos irregulares, fraccionamiento de servicios y pagos dobles que beneficiaron a funcionarios y proveedores fantasmas.
El juzgado dictó las siguientes condenas:
- Julio Díaz Llatas, Gilberto Vallejos Tapia y Arquímedes Chinchay Pacheco fueron sentenciados a 14 años de prisión efectiva por colusión agravada. Además, se les impuso 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 812 días-multa.
- Auber Díaz Montenegro, señalado como cómplice, recibió 13 años de cárcel, 10 años de inhabilitación y una multa de 770 días-multa.
- Francisco Alexander Ñontol Alfaro fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, con una inhabilitación equivalente y una multa de 385 días-multa.
- Simón Julón Tarrillo recibió 3 años y 4 meses de pena efectiva (convertida en 147 jornadas de servicios comunitarios) por colusión simple.
EL MODUS OPERANDI
Las pesquisas revelaron que los funcionarios fraccionaban contratos para evadir procesos de selección y direccionaban pagos a proveedores vinculados, entre ellos Auber Díaz Montenegro y Gilberto Vallejos Tapia. Varios servicios y expedientes técnicos fueron pagados dos veces o nunca ejecutados, generando millonarias pérdidas a la municipalidad.
Los fondos desviados provenían principalmente del canon minero y del FONCOMUN, destinados originalmente a proyectos de infraestructura y educación en beneficio de la población.
EL ROL DEL FISCAL
El desempeño del fiscal José Oscar Guevara Gilarmas fue clave. Su despacho recopiló pericias financieras, registros del SIAF y testimonios que probaron la existencia de contratos direccionados y pagos fraudulentos. Gracias a esta labor, se consiguió una sentencia ejemplar contra los responsables, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción municipal en Cajamarca y Lambayeque.
REPERCUSIONES
Este caso destapa la magnitud de la corrupción enquistada en gobiernos locales y muestra cómo los recursos públicos destinados a mejorar colegios, carreteras y servicios básicos terminaron en bolsillos de funcionarios y cómplices.
La sentencia ha sido calificada por especialistas como un hito judicial en la lucha anticorrupción, pues refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el uso de fondos municipales.
