Otra Prensa coloca a disposición de los cajamarquinos esta importante información que vuelve a involucrar al procurador del Gobierno Regional de Cajamarca, Henry Montero Vásquez, tras revelarse una presunta maniobra irregular relacionada con la defensa legal de una importante obra en el distrito de San Juan. El caso gira en una controversia que habría sido dejada vencer, generando, como en casos anteriores, un grave perjuicio para el Estado.
Los documentos revisados por este medio evidencian que a Montero Vásquez se le encargó, por disposición superior de la Procuraduría General del Estado, la defensa de la Municipalidad Distrital de San Juan. Esto se materializó en el contrato 01-2023-MDSJ-GM, correspondiente a la ejecución de una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición – IOARR, denominada “Renovación de Puente en el Puente Las Limas – Camino Vecinal San Juan, Cachigón Calani, Ogoriz y Aranmarca”.
No obstante, la defensa legal llevada por el procurador Montero habría terminado repitiendo un patrón que pone en alerta la actuación del hombre de leyes dentro de procesos vinculados a millonarias obras públicas en la región Cajamarca.
El caso llega con la resolución contractual que venció el 12 de enero del 2026 y según los documentos, éste habría dejado consentir la resolución al no iniciar el arbitraje dentro del plazo legal establecido.
Pero eso no es todo. Después de esa fecha se vienen cosas más delicadas, porque pese a que el plazo ya habría expirado, la solicitud arbitral presentada ante el centro de arbitraje ANARB de Lima figura con fecha 25 de noviembre de 2025, pero el comprobante de pago de la tasa arbitral adjuntado al mismo expediente tiene fecha 21 de abril de 2026. En pocas palabras, entre la solicitud arbitral, el pago de la tasa y la supuesta presentación de la demanda arbitral, pasaron varios meses.
Esta contradicción no es menor y, por el contrario, es un dato que llamaría la atención de cualquier autoridad fiscalizadora. El pago de la admisión del arbitraje, en síntesis, simplemente no existía en noviembre del año 2025, sino que habría sido incorporado dentro de un expediente fechado meses antes. Este no es un detalle que pasa desapercibido, sino que se convierte en una seria sospecha de la posible alteración en la fecha de recepción de documentos dentro del centro arbitral ANARB, supuestamente para encubrir la falta de diligencia en la defensa asumida por el procurador Henry Montero Vásquez.
El caso de San Juan, de manera inevitablemente, nos recuerda lo ocurrido con la obra del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hermano Victorino Elorz Goicoechea”, donde también se cuestionó el manejo del arbitraje y la actuación del equipo de la Procuraduría Regional. Entonces, la percepción ciudadana y la preocupación aumenta porque ya no se trataría de un hecho aislado. Con este nuevo caso que presenta el equipo de Otra Prensa, serían más de tres procesos donde aparecen situaciones similares, cuyas características son el vencimiento de plazos, cambios de criterio y actuaciones posteriores que terminan favoreciendo a las posiciones contrarias a los intereses del Estado. Es decir, la defensa de los intereses del Estado, a pesar de que se le pagan honorarios al procurador, se ven relegadas.
En el 2022 se dio un antecedente que ya daba luces de una actuación cuestionable
En la actualidad, lo ocurrido no aparece de la nada. En el año 2022, en la gestión del entonces gobernador regional Mesías Guevara, este mismo medio de comunicación reveló un caso que ya señalaba graves problemas en la forma en que se manejaban las controversias legales desde la Procuraduría del GORECAJ.
La investigación estuvo vinculada a una obra en Cutervo y expuso cómo un proceso de conciliación, inicialmente rechazado por carecer de sustento técnico y encontrarse fuera de plazo, terminó reabriéndose en reiteradas oportunidades. El desenlace fue escandaloso. Un monto que inicialmente bordeaba los 500 mil soles terminó siendo reconocido por más de 5 millones. Informes técnicos y legales cambiaron de criterio en pleno procedimiento. Lo que primero era considerado improcedente terminó validándose pese a que, según los propios documentos, los plazos para conciliar ya habían vencido.
A ello se suma otro elemento extremadamente delicado. Según información en poder de este medio, en ese año se remitieron documentos dirigidos al centro de conciliación solicitando la anulación de actuaciones previas, hechos que por su gravedad debieron ser evaluados oportunamente por las autoridades competentes. Pero todo quedó en nada. Se percibía cierta condescendencia con Henry Montero desde las altas esferas en la gestión del gobierno regional de turno.
Con esta nueva revelación periodística, surgida alrededor del arbitraje de la obra del puente Las Limas, la vista se coloca, otra vez, en la forma en que se vienen manejando procesos legales de impacto económico alto en Cajamarca, y a la par, crecen las exigencias para que los organismos de control y el Ministerio Público, intervengan y de ser el caso, determinen si detrás de estas actuaciones existe negligencia grave o algo mucho más profundo.
Finalmente, Henry Montero Vásquez continúa ocupando uno de los cargos más sensibles dentro de la estructura regional. El de defender, precisamente, los recursos públicos y representar judicialmente a entidades del Estado. Algo que a la luz de los hechos no se está dando y que debería ser evaluada por la Procuraduría General de la República.
