Nuevos cuestionamientos surgen en torno al proceso electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca – ICAC. Según información obtenida por Otra Prensa, algunos integrantes de una lista inscrita registran intervenciones o actuaciones, según registros de consulta del Ministerio Público, en distintas partes del país.
De acuerdo con registros de consulta del Ministerio Público, varios postulantes figuran vinculados a investigaciones o denuncias, en distintos estados procesales, que incluyen tanto casos en trámite como archivados. Uno de los casos es el de Deciderio Edgar Cavero Náñez, quien registra actuaciones fiscales relacionadas con presuntos delitos como usurpación y abuso de autoridad, en jurisdicciones como Ica y Cajamarca. Según los registros, algunos de estos casos se encuentran en condición de imputado y otros con disposición de archivo.
En esa misma línea, figura Luis Mario Alan Torres Briones, con registros asociados a investigaciones por presuntos delitos como resistencia o desobediencia a la autoridad, conducción en estado de ebriedad, lesiones y estafa, consignados en la Fiscalía de Cajamarca, en diversos estados procesales.
Asimismo, aparece el nombre de Juan Napoleón Núñez Huamán, quien registra actuaciones vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública, como concusión, en instancias fiscales de Cajamarca y Lima. En su caso, se advierte la existencia de procesos con diferentes estados, incluyendo algunos con actuaciones en sede judicial registradas y otros en trámite.
Los documentos también incluyen a Tito Barrantes Cueva, quien figura en registros por presuntas investigaciones relacionadas con perturbación de proceso electoral, peculado de uso, hurto agravado y conducción en estado de ebriedad, en distintos estados dentro del sistema fiscal.
Del mismo modo, se identifican registros correspondientes a Teresa del Rosario Vidal Villanueva y Wilmer Tello Cortegana, vinculados a investigaciones en materias como lesiones, omisión de denuncia, violencia familiar, estafa y presunta falsificación de documentos, entre otros, todos ellos en el marco de actuaciones fiscales cuyo estado varía entre trámite y archivo.
Los hallazgos han generado cuestionamientos respecto al rol del Comité Electoral del ICAC, presidido por el Dr. Iván León, particularmente en lo referido a los mecanismos de verificación de requisitos.
“En los procesos electorales institucionales, los candidatos suelen presentar declaraciones juradas donde consignan no contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales”, indicó un miembro del ICAC consultado por este medio, quien además precisó que “en el Estatuto del ICAC no está regulado este requisito, exigiéndose únicamente contar con 10 años de colegiatura”.
Asimismo, señaló que el actual decano Hugo Holden “incorporó en un reglamento la exigencia de no contar con antecedentes; sin embargo, en la convocatoria se indicó que este criterio no sería aplicado en el presente proceso”.
Cabe precisar que, según especialistas consultados, la existencia de denuncias o investigaciones fiscales no implica responsabilidad penal ni constituye, por sí misma, una condena, aunque podría generar cuestionamientos en términos de percepción pública y estándares éticos dentro de procesos institucionales.
En días recientes, Otra Prensa también informó sobre el caso del candidato Percy Escobar, en el que se habría producido una presunta falsificación de su firma en el marco del proceso electoral. Hasta el momento, el Comité Electoral no ha informado si este hecho ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público ni si se han adoptado acciones internas al respecto.
Por otro lado, han circulado señalamientos no confirmados públicamente sobre un presunto proceso por usurpación agravada que involucraría a uno de los candidatos al decanato por la Lista 3. Este señalamiento, sin embargo, no cuenta con verificación oficial documentada hasta el cierre de esta edición.
Finalmente, agremiados del ICAC advierten que estos aspectos podrían impactar en la legitimidad del proceso electoral si no se adoptan medidas de esclarecimiento oportunas.
El equipo de Otra Prensa, en el marco de su responsabilidad informativa, aclara que la información consignada corresponde a registros de carácter administrativo y registral, obtenidos de bases de datos del Ministerio Público, y se encuentra sustentada en documentos que adjunta a la presente investigación, y no constituye por sí misma acreditación de responsabilidad penal ni implica imputación directa de la comisión de delito alguno. En ese mismo sentido, este medio cuenta con la documentación que respalda estos registros y se reserva el derecho de ponerla a disposición de las autoridades competentes en caso sea requerida.
