Documentos oficiales que han llegado a la redacción de Otra Prensa, tanto policiales como administrativos, permiten reconstruir una secuencia de hechos que actualmente se encuentran bajo investigación institucional y mediática en la provincia de San Miguel, en la región de Cajamarca.
Este caso involucra al alcalde provincial José Carlos Quiroz Calderón y a una trabajadora del Centro Emergencia Mujer (CEM), en una trama donde concurren denuncias personales, presunto uso indebido de instalaciones públicas y cuestionamientos sobre la veracidad de versiones difundidas.
Otra Prensa accedió al acta de recepción de denuncia verbal de la Policía Nacional del Perú, de fecha 03 de noviembre de 2025, donde el alcalde provincial José Carlos Quiroz Calderón se apersonó a la dependencia policial de San Miguel para denunciar haber sido víctima de un presunto delito informático. Según los datos que brindó a las autoridades, los hechos se habrían producido el 01 de noviembre de 2025, entre las 08:20 y 08:32 horas, cuando, según el acta, encontrándose en la ciudad de Lima, tomó conocimiento de que en su estado de WhatsApp se habrían publicado tres fotografías en las que, según la denuncia del alcalde, aparecería la trabajadora en ropa íntima.
José Carlos Quiroz Calderón sostuvo que dicha publicación habría sido producto de un hackeo o suplantación de su identidad, denunciando además que el contenido fue posteriormente eliminado, aunque luego habría sido difundido en otras redes sociales como TikTok, lo que, según su versión, buscaba mellar su imagen personal y política.
Pasados pocos días después de la difusión del material que el alcalde denunció, iniciaron algunos medios de comunicación la difusión de este material, es ahí que se inicia un procedimiento administrativo disciplinario (PAD) en el Centro Emergencia Mujer de San Miguel.
Los documentos administrativos revisados por el equipo de Otra Prensa, la denuncia que activa el proceso proviene de la esposa del alcalde, quien se apersona ante instancias del programa para reportar los hechos y entregar las imágenes materia de cuestionamiento. En esa misma línea, un informe técnico posterior menciona que existe similitud entre los ambientes observados del CEM San Miguel y las fotografías de contenido íntimo atribuidas a la trabajadora, las cuales forman parte del expediente administrativo. A esto se suma que, en base a ello, se inicia investigación contra la trabajadora por el presunto uso indebido de bienes del Estado para fines personales, sin que ello constituya prueba definitiva.
No obstante, fuentes consultadas mencionaron a Otra Prensa que el proceso administrativo habría salido a favor de la servidora, quien según trabajadores ediles que pidieron a este medio reservar su identidad, ya se encontraría repuesta en el CEM de la provincia de San Miguel. Se desconoce si ha sido absuelta administrativamente de los cargos del PAD o su reposición se debe a una posible medida cautelar dictada por la instancia correspondiente que en estos casos es el Poder Judicial.
La servidora involucrada, según su descargo, ha rechazado las imputaciones. En su defensa, la que tiene por derecho, ha señalado que “no existe identificación directa de su persona en la denuncia inicial; las imágenes carecen de fecha cierta y origen verificable; no hay prueba concluyente de que las fotografías hayan sido tomadas dentro del CEM ni en horario laboral”. Estos elementos han sido incorporados al expediente y forman parte de la evaluación.
El alcalde emitió, en los días cercanos, un comunicado en video, en el que negó los hechos difundidos por un medio periodístico regional de Cajamarca; también afirmó que se trataría de información inexacta o malintencionada; y anunció que evaluaría acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión del material que se difundió en su propio estado de WhatsApp, según su denuncia, sin su consentimiento y a través de un hackeo.
El pronunciamiento se da en paralelo a su denuncia policial por presunto hackeo. No obstante, para personajes de la provincia de San Miguel, desde un aspecto analítico, el caso presenta dos líneas que se entrelazan.
“La versión del alcalde que sostiene que las imágenes fueron producto de un acceso indebido a su cuenta personal y la activación del proceso administrativo, basada en material proporcionado por su entorno familiar, que sugiere un posible vínculo con una trabajadora del CEM y el uso de instalaciones públicas”, mencionan los abogados consultados por Otra Prensa. En esa misma línea, “esta dualidad genera un escenario de tensión, que no implica por sí misma una conclusión definitiva, pero sí plantea la necesidad de una verificación rigurosa por parte de las autoridades competentes”, sostiene una fuente reservada desde el Centro de Emergencia Mujer de la ciudad de Cajamarca.
Es necesario precisar que el caso ha generado cuestionamientos en la opinión pública sobre la veracidad de lo que denunció el alcalde; en tal sentido, no existe hasta el momento una resolución oficial que declare dicha denuncia como falsa, por lo que cualquier afirmación en ese sentido debe ser tratada como hipótesis o materia de investigación.
En tanto, el caso ha sido comparado en el ámbito político con situaciones previas dentro del partido Somos Perú, al que pertenece el alcalde de San Miguel. Uno de los antecedentes citados por personajes de la política en Cajamarca, es la del expresidente José Jerí, también de esa agrupación política, cuyo paso por la escena pública estuvo marcado por controversias que impactaron su imagen política. Esta comparación se da en el plano estrictamente mediático y no jurídico.
Si bien los contextos son distintos y no existe equivalencia jurídica entre los casos, la comparación surge en términos de gestión de crisis, narrativa pública y exposición mediática, especialmente cuando situaciones de carácter personal trascienden al ámbito institucional.
Consultado por nuestro medio, un reconocido abogado especialista en derecho administrativo, sostiene que “en base a la información y el contexto, los hechos en su inicio tenían un origen en el ámbito personal, sin embargo, dejaron de ser privados en la medida en que involucran a dos actores con responsabilidades públicas”. Asimismo, sostiene que “José Carlos Quiroz Calderón en su condición de autoridad elegida, está sujeto a estándares de transparencia y conducta; y por el otro lado está una servidora del CEM, cuyo puesto se desarrolla en un espacio estatal, con especial relevancia sensible. Estas acciones colocan el análisis de sus conductas fuera del plano íntimo y los deja expuestos al interés público, en tanto podrían haber comprometido el uso adecuado de recursos institucionales, la confianza en los servicios públicos y la integridad de la función pública, aspectos, normados, que justifican el escrutinio administrativo y social”.
Otra Prensa, en el marco de la presente investigación, sostiene que los hechos descritos se encuentran en proceso de investigación y no constituyen, a la fecha, determinación de responsabilidad administrativa, menos penal.
Al cierre de la presente investigación, el equipo de Otra Prensa intentó recoger los descargos del alcalde de San Miguel, sin obtener respuesta.
Este medio coloca a disposición los documentos de la presente investigaciçon: Aquí.
