Documentos oficiales revelan que un representante sindical fue comisionado y rotado internamente en la Diresa Cajamarca pese a haber renunciado previamente a su régimen laboral, en una secuencia administrativa que compromete a las áreas de Recursos Humanos y Planeamiento.
Una serie de decisiones administrativas adoptadas entre el 13 y el 21 de enero de 2026 viene generando cuestionamiento entre trabajadores de la Diresa Cajamarca. El caso involucra al trabajador Gilberto Torres Figueroa, representante sindical, y expone presuntas irregularidades en la gestión de personal, con responsabilidad directa en la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la Dirección de Planeamiento.
Según la documentación revisada por el equipo de investigación de Otra Prensa, el 13 de enero de 2026 Torres Figueroa fue nombrado y notificado para ocupar un cargo en la Dirección de Salud Ambiental. Al día siguiente, el 14 de enero, mediante MAD N.° 002849, presentó su renuncia al régimen CAS con el objetivo de hacer uso de la resolución de nombramiento, hecho que fue conocido formalmente por la directora de Planeamiento, Judith Rodrigo Barboza, conforme consta en el Acta de Entrega de Cargo de la UGIES.
Pese a ello, fue incluido en la Planilla de Viáticos N.° 10, tramitada desde Planeamiento y autorizada por la Dirección General, disponiéndose su comisión de servicios a la provincia de Cutervo los días 15 y 16 de enero de 2026, cuando ya no laboraba bajo el régimen CAS en dicha unidad.
Posteriormente, el 19 de enero de 2026, mediante MAD N.° 3707, el área de Recursos Humanos, a cargo de Amílcar Marcelo Mantilla, emitió una rotación interna de la Dirección de Salud Ambiental hacia Planeamiento. Esta decisión se adoptó antes de que el trabajador asumiera formalmente su cargo de nombramiento, lo cual recién ocurrió el 21 de enero, fecha en la que se le entregó su Asignación de Funciones.
Para ese momento, Torres Figueroa ya había realizado la entrega de cargo, sustentada en un memorando del 19 de enero de 2026, lo que evidencia una incongruencia administrativa que, de confirmarse, vulneraría la normativa del régimen del servicio civil.
Fuentes institucionales advierten que el caso resulta especialmente sensible debido a la condición de representante sindical de Torres Figueroa, quien debería observar una conducta ejemplar. Además, en la Diresa Cajamarca laboran al menos ocho ingenieros civiles, lo que pone en cuestión la urgencia y excepcionalidad con la que se habrían aprobado estas decisiones.
Lejos de tratarse de hechos que dependan únicamente de explicaciones administrativas, la documentación revisada amerita la intervención de los órganos de control competentes para evaluar la legalidad de los actos descritos, así como una revisión interna por parte del propio cuerpo sindical, llamado a resguardar la ética y la conducta ejemplar de sus representantes.
