Documentos internos y comunicaciones oficiales revelan indicios de presuntas irregularidades en la prescripción de deudas tributarias dentro del SAT Cajamarca, comprometiendo a funcionarios de alto nivel.
Una serie de documentos internos, resoluciones administrativas y comunicaciones oficiales remitidas a Otra Prensa ponen bajo serio cuestionamiento el funcionamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Cajamarca. La información, entregada por fuentes que solicitan reserva de identidad por temor a represalias, revela indicios de presuntas irregularidades en la prescripción de deudas tributarias, la tramitación de sanciones administrativas y la falta de control desde la máxima jefatura de la entidad, hechos que, de confirmarse, habrían generado un perjuicio directo a la recaudación municipal y a la credibilidad institucional.
El eje central de la denuncia se concentra en la prescripción de deudas tributarias de alto monto, tramitadas desde el área de Reclamos del SAT Cajamarca, unidad encargada de resolver solicitudes de prescripción, descargos y recursos administrativos. De acuerdo con la documentación revisada, estas decisiones habrían sido conducidas directamente por el abogado Heber Gutiérrez Pérez, quien no solo ejercía funciones en dicha jefatura, sino que además se desempeñaba de manera simultánea como Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD).
Esta doble condición resulta particularmente sensible, pues coloca en una sola persona la facultad de extinguir la potestad de cobro del Estado y, al mismo tiempo, la responsabilidad de impulsar o archivar eventuales procesos disciplinarios vinculados a la propia entidad. Especialistas en derecho administrativo, consultados por este medio, indican que esta concentración de funciones puede comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y control interno, más aún cuando las decisiones adoptadas tienen impacto económico directo sobre los ingresos municipales.
Entre los casos consignados en la documentación interna figura uno considerado emblemático por su magnitud. La prescripción de una deuda tributaria cercana a los S/ 600 mil, que habría beneficiado a los señores Díaz Cerna. Según los documentos, dicha prescripción fue tramitada y evaluada desde la Jefatura de Reclamos, bajo responsabilidad funcional de Heber Gutiérrez Pérez, sin que se advierta, al menos en la información revisada, un desarrollo técnico exhaustivo que acredite el agotamiento previo de todas las acciones de cobranza exigidas por la normativa tributaria. Este caso, según indagaciones de Otra Prensa, ya se encuentra en poder de la Procuradoría Anticorrupción.
Otro documento citado corresponde al Expediente N.° 007004-2024, ingresado el 17 de octubre de 2024, relacionado con una solicitud de prescripción presentada por Aquino Escalante, persona que, de acuerdo con los documentos remitidos, mantendría un vínculo familiar y comercial con el entorno del SAT Cajamarca, además de figurar como proveedor de combustible de la institución. En este caso, nuevamente, la tramitación recae en el área conducida por Heber Gutiérrez Pérez, lo que refuerza el cuestionamiento sobre la reiteración de decisiones sensibles concentradas en un mismo funcionario.
Las fuentes sostienen que estos no serían hechos aislados, sino parte de un patrón administrativo en el que determinadas solicitudes de prescripción avanzan con mayor celeridad o reciben un tratamiento favorable, mientras que otros expedientes permanecen sin impulso. De confirmarse, esta práctica podría haber debilitado de manera significativa la recaudación tributaria del SAT Cajamarca, afectando recursos destinados a servicios públicos esenciales.
La conducción general del SAT Cajamarca recae en el abogado Cristian Paul Pajares Rabanal, quien, en su calidad de jefe de la entidad, tiene la responsabilidad funcional de supervisar, corregir y sancionar cualquier desviación en los procedimientos administrativos y tributarios.
La documentación interna señala que diversos informes elaborados por áreas técnicas habrían sido elevados oportunamente a la jefatura, advirtiendo presuntas irregularidades tanto en la tramitación de prescripciones tributarias como en procedimientos sancionadores de tránsito. Sin embargo, hasta la fecha no se habría dispuesto la apertura de procesos administrativos disciplinarios formales contra los funcionarios involucrados, situación que podría configurar una omisión de funciones, materia que corresponde ser evaluada por los órganos competentes. A ello se suma que las resoluciones finales que consolidan el criterio institucional llevan la firma del propio jefe del SAT, lo que refuerza el cuestionamiento sobre el grado de conocimiento y tolerancia frente a las decisiones adoptadas por las áreas bajo su dependencia.
Otro actor clave en este entramado es el asesor legal del SAT Cajamarca, José Armando Aquino Sandoval, quien participa mediante opiniones legales en la variación de infracciones de tránsito, la revocatoria de sanciones y el sustento jurídico de nulidades administrativas. Los documentos revisados consignan antecedentes disciplinarios y judiciales previos del mencionado asesor, información que es presentada como contexto relevante y que, de acuerdo con las fuentes, debería ser valorada por las instancias correspondientes a efectos de determinar su idoneidad para el cargo y el peso de sus opiniones legales en decisiones de alto impacto institucional.
El escenario se agrava con un hecho de dominio público, y es que Cristian Paul Pajares Rabanal fue intervenido por la Policía Nacional mientras conducía un vehículo en presunto estado de ebriedad, situación que generó amplio cuestionamiento ciudadano debido a su rol como máxima autoridad de un organismo encargado, precisamente, de fiscalizar y sancionar infracciones de tránsito.
Como prueba de las irregularidades del jefe del SAT. se anexa la Resolución Jefatural N.° 010-070-00000272-2024, suscrita por Cristian Paul Pajares Rabanal, mediante la cual se declara la nulidad total de una papeleta de infracción de tránsito y de todo el procedimiento sancionador, invocando la caducidad prevista en el artículo 259 de la Ley N.° 27444. No obstante, la caducidad extingue únicamente el procedimiento vencido y no la infracción ni la potestad sancionadora, por lo que correspondía iniciar un nuevo procedimiento y no anular la infracción, configurándose una aplicación indebida de la ley.
La misma resolución dispone además la variación de infracciones de M1 a M2, pese a existir actas policiales que acreditan un accidente con daños materiales, desconociendo su valor probatorio y vulnerando el principio de legalidad.
Los actos descritos revelan un ejercicio irregular de la potestad administrativa bajo responsabilidad funcional del jefe del SAT Cajamarca, Cristian Paul Pajares Rabanal, que amerita evaluación por los órganos de control competentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Las comunicaciones remitidas a este medio también describen un contexto interno marcado por vínculos personales y de confianza entre funcionarios del SAT Cajamarca y actores del entorno municipal, lo que habría generado una percepción de protección política frente a denuncias internas.
Trabajadores que alertaron sobre estas situaciones afirman haber optado por el anonimato ante el temor de represalias laborales o personales, señalando que las advertencias no solo no habrían sido atendidas, sino que algunas jefaturas técnicas terminaron siendo reemplazadas tras insistir en la necesidad de investigar los hechos.
Ante la gravedad de la información documentada, las fuentes solicitan que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República dispongan una investigación integral que permita determinar si las prescripciones tributarias otorgadas, las resoluciones emitidas y la concentración de funciones detectada se ajustan o no al marco legal vigente, y de ser el caso, establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Este medio deja constancia de que las personas mencionadas no cuentan con sentencia condenatoria firme por los hechos descritos. La presente investigación se sustenta en documentos administrativos, resoluciones oficiales y testimonios que deben ser corroborados por las autoridades competentes.
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Documentos que respaldan la investigación aquí.
