Maniobra legalista y omisión deliberada. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones exige claridad, los regidores oficialistas ganan tiempo y podrían ser denunciados por incumplimiento de funciones.
El Concejo Municipal de Andahuaylas parece haber optado por el juego político antes que por el respeto a la legalidad. A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló el Acuerdo de Concejo N° 043-2024-CM-MPA, que en su momento rechazó el pedido de suspensión del alcalde Abel Serna Herrera, el órgano colegiado ha iniciado una nueva maniobra dilatoria, esta vez escudándose en la supuesta “falta de información”.
A través de una sesión extraordinaria, el propio alcalde, quien no debería presidir mientras se evalúa su suspensión, convocó a los regidores para solicitar formalmente al JNE una aclaración sobre qué documentación falta en el expediente. Esta solicitud, que parece razonable en apariencia, es en realidad una estrategia para ganar tiempo y mantener a Serna en el cargo, pese a los cuestionamientos en su contra.
Todo apunta a que se trata de una jugada orquestada entre los asesores legales del alcalde y los regidores de mayoría oficialista. De no tomarse una decisión dentro del plazo legal, estos últimos podrían ser denunciados penalmente por omisión de funciones, según advierte el propio JNE. Sin embargo, algunos de ellos, como Vidalina Quispe Urpe, se resisten a cumplir con su deber, ignorando abiertamente la advertencia del máximo tribunal electoral del país.
La suspensión del alcalde fue solicitada por el alcalde delegado del centro poblado Villa Salinas, Bertholt Jiménez, debido a la negativa reiterada de Serna de transferir los recursos correspondientes. Desde entonces, Jiménez libra una lucha desigual por el cumplimiento de la ley, mientras el aparato municipal protege a su líder político con maniobras dilatorias.
En su reciente pronunciamiento, el JNE fue categórico: la decisión de rechazar la suspensión estuvo mal fundamentada, ya que el Concejo no solicitó información clave sobre la fecha y destino de los recursos transferidos por el MEF a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas durante los años fiscales 2023 y 2024.
«La documentación que obra en autos resulta insuficiente (…) lo que implica que la decisión de rechazar el pedido de suspensión contenga una errada motivación y contravenga el debido procedimiento administrativo», señala el considerando 2.13 de la resolución.
La falta de impulso procesal y la omisión de información relevante constituyen, según el JNE, una violación al principio de verdad material, debilitando gravemente la legitimidad del concejo municipal.
Ante la claridad de la resolución del JNE, resulta difícil no preguntarse si estamos ante una falta de voluntad política o una alarmante incapacidad para comprender un documento jurídico básico. ¿Acaso los regidores necesitan un curso urgente de comprensión lectora para cumplir con su función?
El país observa con atención. Lo que ocurre en Andahuaylas no es un simple desacuerdo administrativo, es un desafío abierto al Estado de Derecho y una afrenta al principio de transparencia en la gestión pública. Si el Concejo Municipal insiste en burlarse del mandato del JNE, no solo quedará en evidencia su complicidad política, sino también su responsabilidad penal.
