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OPINIÓN

Otra vez los Fujimori | Columnista

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El más poderoso elemento desestabilizador de la incipiente y precaria democracia peruana, en lo que va del siglo XXI, se llama familia Fujimori y los intereses que representan.

Lo que pudo ser un ejemplo de gobierno y participación política democrática, Alberto Fujimori (1990-2000) tenía todos los elementos a su favor para consagrarse, terminó pervertida en una dictadura. Un cinco de abril de 1992, con Vladimiro Montesinos aun en las sombras, pero con control pleno de las Fuerzas Armadas y Policiales, para someter a la población, sacó los tanques y las bayonetas a las calles y, al no ser identificado como de izquierda, fue aplaudido por el mundo. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en nombre de su mesiánica revolución, asechaban y mataban diariamente a peruanos y peruanas.

Luego obtuvo, gracias a la prensa que para entonces ya compró y la tibieza de la comunidad internacional, una mayoría en el llamado Congreso Constituyente y Democrático (CCD); con el que dio una Constitución (1993) a la medida de sus benefactores y planes de perpetuidad en el poder. Meses después ya tenía el control de todo el aparato estatal, incluido el Legislativo. No pudo someter a la Defensoría del Pueblo, gracias al liderazgo del Defensor Jorge Santistevan.

Fueron diez años de depredación de las riquezas del Perú. Se esfumaron miles de millones de dólares que generó la privatización de todas las empresas públicas. No había quien controle las decisiones y acciones del gobierno. El Congreso declinó de su función fiscalizadora, sólo se limitó a obedecer órdenes dictadas por Vladimiro Montesinos desde el Cuartel General del Ejercito.

Cuando el latrocinio adquirió niveles incontrolables, cuyas pruebas eran grabadas en videos por el asesor presidencial, obtener un triunfo sin democracia en la elección controlada del 2000 y ser descubierto en uno de esos videos comprando congresistas para seguir controlando el Congreso, Fujimori huyó un 19 de noviembre del 2000 a Japón -su país de origen- desde donde renunció vía fax. Luego regresó a Chile, fue extraditado al Perú el 2007 y juzgado, entre otros varios delitos, por violaciones de los derechos humanos recibiendo una pena de veinticinco años de prisión.

Sus herederos políticos, su hija Keiko e hijo Kenji, han seguido sus pasos; aunque con escaso éxito. Keiko ha sido derrotada en las tres últimas elecciones presidenciales y sólo ha llegado a ser congresista, en la elección posterior al escape de su padre; no obstante, desde entonces sigue dirigiendo el obstruccionismo parlamentario -a cada gobernante que la derrotó- en nombre de la oposición democrática y libertades políticas. Así se entiende que, en los últimos años, el Perú haya cambiado varias veces de presidente. Otros de sus aportes han sido la polarización del país, usando el cuco del inexistente terrorismo, y el control de ámbitos institucionales clave del sistema de justicia; a nivel del Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el órgano que controla la designación y ratificación de jueces y fiscales en todo el país. Kenji no ha superado la balla de ser únicamente parlamentario.

La decisión política -no jurídica- del Tribunal Constitucional (TC), de hace unos días, que favorece de forma pírrica a Alberto Fujimori, es parte de ese control existente. El periodo de designación de sus “juristas” Blume, Ferrero y Sardón está vencido y los mantienen en función, gracias a su mayoría congresal que se niega a elegir a sus reemplazantes, por la instrumentalización a la que han sometido al TC.

Tanto Keiko como Kenji tienen procesos judiciales con próximas sentencias. La tres veces candidata presidencial, podría recibir hasta 30 años de prisión por lavado de activos y dirigir una organización criminal para esos fines.

Entonces, para los que tenemos compromiso con la agenda de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el mundo, hablar de los Fujimori en el Perú, es sinónimo de obstruccionismo, autoritarismo, abuso del poder, corrupción, impunidad, chantaje, control institucional, compra de medios de comunicación, secuestro, discriminación, esterilizaciones forzadas, latrocinio, persecución y asesinatos.

Aprendamos a vivir recordando, si queremos morir en libertad.

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JOHNY DÍAZ SOSA

La protección de niñas(os) y adolescentes como una medida preventiva de infracción de la ley penal

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Hace poco participamos de una conferencia virtual en donde abordamos un tema muy sensible referido a la problemática sobre el trabajo infantil en la Provincia de Cañete y sus implicancias legales, evento académico durante el cual, hemos compartido parte de nuestra función Fiscal desplegada en lo que va del año durante la ejecución de operativos preventivos realizados en salvaguarda de la vida, integridad física, indemnidad sexual y libertad personal de los niños, niñas y adolescentes que realizan diversos trabajos no permitidos en las calles.

   Durante el citado evento académico se puso énfasis a los peligros a los que se exponen los menores de edad quienes podrían resultar siendo víctimas de una serie de accidentes, abusos sexuales, explotación sexual o laboral, entre otros riesgos, debido a su condición de vulnerabilidad y desprotección en las que crecen, sin dejar de mencionar los altos índices de deserción escolar o las escasas oportunidades de acceso a la educación ante la imposibilidad de poder cumplir con sus tareas escolares dentro de los horarios establecidos.

   No obstante ello, no debe olvidarse que los factores que facilitan y están asociados al trabajo infantil son la pobreza, la falta de oportunidades para la población más necesitada, la desigualdad en cuanto a la oferta educativa, la tolerancia social de autoridades indiferentes y renuentes a cumplir su función tutelar y la disfuncionalidad de los hogares, que resultan ser determinantes para que los niño o adolescentes se vean obligados a salir a las calles a trabajar para generar ingresos económicos a fin de contribuir con las necesidades prioritarias del hogar, labores que muchas veces se realizan en contextos de riesgo y desprotección familiar que podrían conducir a los menores a iniciarse a temprana edad, no solo en actividades laborales de riesgo o no permitidas, sino también en actos infractores a la ley penal dado que en el entorno social en donde se sitúen podrían resultar siendo influenciados o captados por personas que se encuentran al margen de la ley y que tratarán de iniciarlos en el mundo del hampa aprovechando el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran.

     Resulta necesario abordar dicha problemática como una causa generadora de inseguridad ciudadana, de allí la importancia de trabajar desde un enfoque preventivo mediante la identificación temprana de situaciones de riesgo y desprotección familiar y la adopción de medidas protectoras frente a situaciones de riesgo (apoyo familiar, acceso a servicios de educación, apoyo psicológico, prevención de situaciones de violencia, acceso a servicios de formación técnico productivo, inclusión de programas sociales, etc), o la aplicación de medidas de protección provisionales como son el acogimiento familiar y acogimiento residencial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 y su Reglamento regulado mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP.

    El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 31). Por ello, al momento de implementar políticas que brinden seguridad a la población, no debe abarcarse únicamente a las acciones orientadas a la reducción de los índices de delito y violencia en la sociedad, sino que debe ser el resultado de una política de estrategia integral, que incluya, entre otras medidas, la mejora de la calidad de vida de la población y la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia.

   Los altos índices delictivos tienen sus raíces en los factores criminógenos, los altos niveles de desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad, por ello, es necesario que en la formulación de la política pública de prevención social del delito, se involucren las diferentes entidades del Estado (Gobiernos Locales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc) y las organizaciones sociales, implementando estrategias que se orienten a frenar la generación de eventos delictivos, tratando de eliminar las causas y factores de riesgo que los ocasionen, poniendo mayor énfasis en la protección de la familia y de los menores de edad dentro del entorno parental, contribuyendo de este modo a la socialización de las normas y su aprendizaje y consecuentemente en las políticas de prevención del delito, debiendo focalizarse para ello a los grupos y personas vulnerables con riesgo delictivo, con quienes se debe trabajar a largo plazo, mediante la ejecución de programas estratégicos que permitan focalizar zonas de alta incidencia delictiva, tratando de rescatar a los adolescentes que se encuentran en riesgo de iniciarse en actos infractores a la ley penal, procurando brindarles orientación legal y psicológica oportuna que les permita encaminarse por el respeto a los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, labor que también debe hacerse extensiva a sus familiares toda vez que es en el seno familiar en donde se deben aprender valores esenciales de la convivencia humana.

    El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA 2013-2018) aprobado por D.S. N° 014-2013-JUS, señala que la acción de prevención del delito puede ser secundaria o focalizada, la cual está orientada a proteger a aquellos grupos vulnerables o en situación de riesgo social, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. A su vez, el Censo Nacional de la Población Penitenciaria, que se dispuso mediante Resolución Ministerial N° 0070-2016-JUS, del 28 de marzo de 2016, han arrojado resultados que revelan la necesidad de intervenir con las niñas, niños y adolescentes y sus familias, para prevenir situaciones de violencia en la familia o que propicien la comisión de delitos cuando sean adultos.

    El Comité de los Derechos del Niño, ha realizado varias recomendaciones al Estado Peruano, entre ellas, las referidas al entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado, a fin que la legislación nacional esté en consonancia con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, orientadas a apoyar los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan bajo el cuidado y protección de su familia y buscar alternativas de solución permanentes en función a su Interés Superior, con procedimientos que ofrezcan un mínimo de garantías procesales a través de la implementación de un marco legal que brinde apoyo a la familia para que se cumpla con el rol protector evitando la vulneración de derechos, eliminando o disminuyendo de este modo los factores de riesgo que los hagan víctimas de violencia o los conviertan en posibles adolescentes en conflicto con la ley penal y más adelante delincuentes en potencia.

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OPINIÓN

¿Estudiar en una universidad asegura el éxito en la vida profesional de un estudiante del Perú neoliberal?

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Constantemente, surge la interrogante de si el Estado peruano debería hacerse cargo totalmente de la educación superior o si es el sector privado quien debería ser responsable de ella pues, al haberse desentendido de la educación superior, el Estado propició que las universidades del Perú neoliberal, de pronto, dejaran de lado la investigación científica y apuesten por un nuevo tipo de formación académica que tenga como objetivo la rápida inserción laboral de los egresados; claro está, porque esta es la necesidad que nos ha generado el neoliberalismo económico.

Bajo la excusa del acceso educativo a toda la población, el boom explosivo de universidades en el país, y nuevas perspectivas sobre ellas, han surgido. Según un estudio sobre la realidad universitaria peruana, “Entre 2005 y 2015, se crearon 58 universidades a nivel nacional, llegando a existir 142 universidades en el 2015. De las 58 universidades nuevas, el 72% correspondía a universidades privadas” (British Council 2016: 25). Por otro lado, se afirma que “es probable que el estudiante universitario haya perdido dicha condición para asumir una identidad funcional para la lógica neoliberal: el rol de cliente” (Seclén 2019).  Según la Ley Universitaria, la investigación científica es un pilar de la calidad educativa, mientras que el modelo adaptado por las universidades de segunda generación no la fomenta ¿Qué es lo que le espera, entonces, no solo a la formación académica y profesional del estudiante peruano, sino también a la educación superior del Perú en relación con la educación brindada en otros países? ¿Es, acaso, beneficiosa esta nueva modalidad educativa que deja de lado el enfoque tradicional? Entonces, a partir de todas estas preguntas, surgen la del tema de este ensayo: ¿Se puede pensar que estudiar en una universidad de segunda generación, realmente, asegura el éxito en la vida profesional de un estudiante del Perú neoliberal?

Algunos sostienen la postura de que las universidades-empresa brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal. Sin embargo, yo sostengo todo lo contrario. Por eso, en este ensayo, comenzaré argumentado que la investigación científica ‒dentro de la vida universitaria de estas instituciones‒ ha sido desplazada y ya no se investiga para resolver problemas sociales que busquen el bien común dentro de la sociedad. Asimismo, la formación que ofrecen las universidades de segunda generación “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral dejando de lado los conocimientos teóricos, muy valiosos, como parte importante de la formación académica. Finalmente, demostraré que tener como docentes a gerentes o ex gerentes de grupos corporativos o dueños de empresas no tiene el beneficio deseado para los estudiantes y la sociedad pues el enfoque orientado hacia el emprendimiento empresarial y el énfasis en lo pragmático ha anulado el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

La investigación científica mejora las condiciones de existencia y, a la vez, sirve para generar nuevo conocimiento. British Council indica que el ranking realizado por World University 2015-2016 muestra que una de las grandes deficiencias de la educación superior peruana es la falta de producción científica. En el estudio mencionado, se consideran dos índices para medir la calidad educativa de las universidades. El primero es la empleabilidad de los egresados universitarios dentro del mercado laboral; y el segundo es el nivel de producción científica de las diversas casas universitarias peruanas. La Ley Universitaria N° 30220, promulgada en el año 2014, apuesta por la mejora continua de la calidad educativa. Por lo tanto, fomenta la investigación científica no solo dentro de la población estudiantil, sino también en el staff de profesores ya que es considerada una tarea obligatoria en la vida universitaria. Perú dejó de emitir bachillerato automático a sus estudiantes y, ahora, es necesario desarrollar y presentar un trabajo de investigación para poder graduarse en el pregrado y, a la vez, permita la mejora de los estándares de calidad educativos de este país.

A partir de la reforma neoliberal dada en el gobierno de Alberto Fujimori (la cual impulsa la creación de nuevas universidades), surgieron las llamadas universidades de segunda generación. A partir del año 1997, el número de universidades particulares en el Perú se incrementó. Frente a la alta demanda que existe en el mercado de profesionales y su necesidad de tener un título universitario para poder insertarse en el mercado laboral, dichas universidades han adoptado un nuevo enfoque de enseñanza conocido como el Emprendedurismo, en el cual no existe espacio para la producción científica que permita dar paso al desarrollo de la proyección social así como el desarrollo de la ciudadanía mediante la búsqueda del bien común.

Recordemos que una de las finalidades de la investigación científica es conocer los problemas de la realidad de una sociedad o contexto, estudiarlos y dar posibles alternativas de solución que conduzcan al desarrollo del país. Con este nuevo enfoque de enseñanza ‒que desplaza a la investigación‒, todo aquello se ha desvanecido. En primer lugar, porque induce a los estudiantes al egocentrismo bajo la mentalidad de que ser individualista es sinónimo de ser exitoso, y que es válido solo preocuparse por uno mismo; mas no por el entorno que nos rodea. La meta es, entonces, obtener un título universitario sin brindar mayor aporte a la sociedad, así como tampoco será necesario ejercer la profesión elegida para brindar mejoras a la comunidad, tales como estudios previos que sirvan para futuras investigaciones o encontrar soluciones a diversos problemas que aquejan al país en diversos ámbitos como son: Medicina, Educación, Gestión Pública, Psicología, Derecho, entre otros. Habría que preguntarse, entonces, por el valor de un profesional sin empatía por los demás y sin la mínima intención de trascendencia en la vida.

Por otro lado, el realizar investigación científica hace necesaria la formación, práctica, desarrollo y aplicación de habilidades de pensamiento crítico tal y como lo establece la taxonomía de Bloom donde las habilidades cúspide de la pirámide son analizar, evaluar y crear. Entonces, labaja calidad de la enseñanza de estas universidades del Perú neoliberal responden a un débil fomento de la producción científica lo cual, como se ha mencionado líneas arriba, justifica la baja producción en investigación de nuestro país. Pero esto no queda ahí puesto que es la población estudiantil de tales casas de estudio la que, poco a poco, sufre las consecuencias de no poseer las habilidades de pensamiento necesarias para su vida. Como consecuencia, este estudiante modelo, producto de una economía neoliberal, es formado como un ser que solo sirve para seguir órdenes de sus jefes; mas no como un ser que pueda ir más allá de lo que tiene frente a él. En otras palabras, hablamos de un profesional peruano que no es capaz de cuestionarse, de generar ideas o alternativas de solución ni de contribuir al desarrollo científico-tecnológico de su comunidad. Si no posee estas habilidades y no es capaz de producir para su sociedad, pues, difícilmente, será capaz de definir y planificar un destino para su futuro. Así como también tendrá alto riesgo de caer en el subempleo.

Como segunda razón para afirmar que las universidades-empresa no brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal, sostengo que la formación ofrecida por estas instituciones “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral, dejando de lado los conocimientos teóricos como parte importante de la formación académica. Mucho se ha cuestionado la idea de si, en la educación superior de la era globalizada, debe brindarse mayor importancia a la teoría que a la praxis. La verdad es que la teoría estudiada en clases es esencial para que los conocimientos puedan ser aplicados a la práctica. ¿De qué otra manera los estudiantes podrán, entonces, desarrollar y aplicar sus habilidades de pensamiento crítico? La importancia de la teoría radica en que, teniendo los conocimientos necesarios, una vez desarrollada la práctica, se puedan generar nuevas propuestas o alternativas de solución en los diferentes campos laborales. Esto quiere decir que los conocimientos teóricos no deben excluir a ningún estudiante de ninguna profesión.

Sin embargo, muchas universidades de segunda generación prometen la idea de ingreso al mercado laboral al culminar los estudios universitarios ya que la demanda social así lo exige. Entonces, estaríamos hablando de una comercialización de los servicios educativos. “De allí que, en los últimos tiempos, se haya producido un crecimiento vertiginoso de universidades privadas que buscan la absorción de la demanda educativa bajo la consigna: Un ingresante por postulante” (Loayza 2018: 8) La educación ‒desde 1996, en el Perú‒, se ha vuelto un servicio brindado a una clientela masiva que solo desea obtener una licenciatura lo más pronto posible, en menos años y a la menor edad; solo para el hecho de alcanzar algo tan ansiado que, según la sociedad de hoy en día, brindará estabilidad y éxito: conseguir un empleo. Lo dice Seclén: el estudiante de hoy en día ya no es más considerado como tal; sino que ahora, según el pensamiento neoliberal, adopta el rol de cliente (Seclén 2019). ¿Es acaso que “los consumidores del mercado” son quienes determinan el tipo de educación que desean recibir? Se debería considerar seriamente las repercusiones de esta decisión en cuanto a la sociedad que se desea construir.

Una formación universitaria basada en el emprendedurismo, que forme profesionales capaces de construir y dirigir sus propias empresas no es mala para el país; por el contrario, beneficiaría mucho a la economía de nuestra nación. Sin embargo, el punto de partida de todo emprendimiento siempre ha de ser la investigación. Es solo a partir del profundo conocimiento de las demandas sociales que el emprendimiento o empresa se convertirá en algo original y exitoso, capaz de cubrir las necesidades de los ciudadanos. El triángulo de Sábato plantea la relación Universidad – Estado – Empresa, donde las universidades interactúan con el entorno mientras que el Estado provee políticas y recursos para el desarrollo de la investigación científico-tecnológica en el país. Y las empresas ofrecen alternativas de consumo diversas con la finalidad de permanecer en el mercado (Medina 2018:713). Desde ese punto de vista, las empresas sí necesitan de profesionales con habilidades de pensamiento crítico desarrolladas, interesados en la ciencia e investigación, ya que les llevará al desarrollo e innovación. A pesar de ello, para las universidades del Perú neoliberal “el papel que mejor calza con el del estudiante, en esta estructura, es el de empleado, principalmente, por no tener el empoderamiento para influenciar en las ideas de la empresa” (Lamas 2015:141).

Es bien sabido que la teoría es “sacrificada” en las universidades de segunda generación; pero también lo son los años o ciclos de estudios generales ya que implicaría mucho tiempo de formación académica para el estudiante. Sin embargo, la importancia de estos radicaría en tomar en cuenta que muchos estudiantes que llegan a la universidad tienen una educación básica recortada o una educación secundaria deficiente. “La universidad tiene la obligación de formar; es decir, dar forma, puliendo y perfeccionando las habilidades que la persona tiene antes de entrar en contacto con el mundo académico” (Quintanilla 2015:6). Debido a la rapidez por la que erróneamente se apuesta, los jóvenes ingresan a la universidad a muy temprana edad. Es la razón por la cual los Estudios Generales juegan un papel muy importante: sirven para ampliar la visión del mundo y de la vida y, junto a ello, ayudan a alcanzar cierto nivel de madurez que permita conocer y entender la realidad. Además, esto permitirá despertar la curiosidad por la cultura y el saber, dejando de lado el conformismo.

En tal sentido, hay docentes en nuestro sistema universitario que son netamente pedagogos, que poseen muchos conocimientos teóricos o académicos y engrosan buena parte de su currículo con publicaciones de investigación; ya sea en libros o revistas especializadas (Cuenca y Reátegui 2016). En el otro escenario, existen profesores universitarios que no son pedagogos o académicos de carrera; pero que han ganado prestigio por estar al frente de una gran empresa, ya sea en la gerencia o bien como directivos o consultores; y son invitados a enseñar en prestigiosas casas de estudio (Berry, Byrd, Wieder 2013). En ese contexto, todos sabemos que, en la vida universitaria, los docentes son imprescindibles y sirven como modelos y fuentes de inspiración para sus estudiantes ya que, al tener personas que han tenido éxito en su carrera laboral y hasta empresarial, les permite a los estudiantes aprender directamente desde la experiencia para que, después, puedan aplicar los conocimientos transmitidos en su presente y futura vida laboral lo cual es visto por los alumnos como un recurso que los libros o profesores netamente académicos no les pueden enseñar.

Pero, existe un verdadero problema ya que, en contraposición a la postura anterior, tenemos que el enfoque orientado hacia el emprendimiento empresarial y el énfasis en lo pragmático ha dado pase a que el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes se fomente, cada vez, menos. Como resultado, el futuro egresado aceptará su vida laboral sin hacerse cuestionamientos (Neussman 2010). Justo, el Tratado de Córdoba, del siglo pasado ‒que fue muy sonado en toda América Latina; y el Perú no fue ajeno a este fenómeno educativo‒, nos decía que la universidad es la institución que busca el desarrollo social de toda la comunidad. En términos prácticos, un trabajo en conjunto donde también el individuo estudia para ser libre. No obstante, con este nuevo enfoque, donde los ejemplos de la idea del éxito y la práctica del individualismo estarían reflejados en sus propios profesores, es un claro oxímoron de los principios que debe tener la formación universitaria (Cuenca y Reátegui 2016; Seclén 2014). Además, en las llamadas universidades de segunda generación, existe otro dislocamiento que debemos tener en cuenta en su lógica de que los estudiantes sean emprendedores porque esa es la razón del mercado actual. En los primeros ciclos, los adiestran como si fueran un manual de autoayuda, implantando cursos motivacionales que los llevarán, supuestamente, a aumentar su autoestima; usando de material bibliográfico best sellers de expertos gurús que les dan las recetas de cómo emprender y triunfar en el mundo neoliberal, olvidando que el mundo es bastante complejo y cambiante, que no se mueve por solo simples recetas o experiencias de personajes contemporáneos, trasgrediendo la existencia de una tradición en la formación universitaria donde el estudiante tiene que conocer las diversas fuentes históricas y sociales, las reformas y políticas de Estado para que el mundo no le resulte indiferente (Lamas 2017).

A largo plazo, esta educación resulta bastante cuestionable puesto que el estudiante no ha desarrollado un razonamiento crítico. Y, claro está, no porque él se rehúse o se comporte de manera renuente; sino porque el sistema educativo, liberalizado por el Estado en las últimas décadas, así lo impone pues, para ellos, es importante mantener el statu quo de la sociedad peruana ya que una persona crítica puede invitar a la anarquía o al cambio. Por este factor, las empresas, en el Perú neoliberal, requieren de egresados universitarios que no cuestionen o critiquen, de manera aguda, al sistema que, a todas luces, no les da ventaja y los conduce, inexorablemente, al subempleo.

En conclusión, la investigación científica ha sido desplazada en estas universidades, de modo que no se investiga para resolver problemas que involucren a la sociedad, cuyo beneficio sea buscar el bien dentro de esta. Asimismo, la formación ofrecida por las universidades de segunda generación “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral, lo cual deja de lado los conocimientos teóricos como parte importante de la formación académica. Finalmente, el hecho de tener como docentes a gerentes o ex gerentes de grupos corporativos o dueños de empresas ‒que permite al estudiante aprender directamente de la experiencia para poder aplicar los conocimientos transmitidos en su presente y futura vida laboral‒ no garantiza el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. De manera que el futuro egresado aceptará su vida laboral sin hacerse cuestionamientos vinculados a la sociedad imperante. Por ello, sostengo que las universidades-empresa no brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal actual. Por eso, debemos crear conciencia ciudadana sobre lo que sucede en nuestra educación superior; especialmente en las universidades-empresa. Asimismo, cabe exhortar a los gobiernos de turno acerca de la necesidad de políticas de Estado que fomenten decididamente la calidad de la educación universitaria teniendo en cuenta que la Ley N° 30220 solo es la primera base de una estructura que debe llevarnos a una solidez universitaria indiscutible.

BIBLIOGRAFÍA

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BRITISH COUNCIL

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JOHNY DÍAZ SOSA

Ejecución y cumplimiento de medidas de protección como prevención de los delitos de feminicidio

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Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2382-2019-MP-FN, de fecha 05 de septiembre del 2019, se dispuso la aprobación de la Estrategia 360°, referida a la detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones del delito de feminicidio consumado y en grado de tentativa, labor que obviamente se encuentra a cargo de los Fiscales Penales encargados de las investigaciones de los casos de extrema violencia que terminan con la vida de una mujer.

    A través de esta iniciativa institucional emprendida por el Ministerio Público se espera que los operadores de justicia y la Policía Nacional tengan una respuesta inmediata y oportuna, sin dilaciones, a fin de brindar protección a las víctimas de violencia, evitando de este modo que una tardía reacción de las autoridades llamadas a protegerlas, propicien un escenario de desprotección o abandono que sea aprovechado por su agresor para ultimarlas.

    A través del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público se ha podido conocer las características de las víctimas, de los victimarios y las circunstancias en las que se cometen estos feminicidios por razones de género, habiéndose puesto en evidencia que la mayoría de víctimas de feminicidio son mujeres jóvenes (18-34 años), y casi el 80% fue asesinada por su pareja o ex pareja (feminicidio íntimo), además, se identificó un historial de violencia y en algunos casos, fueron asesinadas a pesar que contaban con una o más medidas de protección.

   Se analizó también la evidencia sobre el historial de violencia de las víctimas e identificaron una relación entre los casos de feminicidio consumado y en grado de tentativa, con las denuncias por violencia familiar, lesiones graves por violencia y agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evidenciando que entre el 25% – 35% de las víctimas de feminicidio presentaron tres o más denuncias por algún tipo de violencia contra el mismo presunto agresor hombre y, transcurrido un tiempo, murieron en manos de éste.

   La “Estrategia 360” se orienta a efectuar acciones focalizadas, específicas y diferenciadas, mediante generación de alertas que activen un servicio integral de asistencia y protección a las víctimas en riesgo. Dicho proceso incluye el seguimiento de los casos de feminicidio en grado de tentativa, la identificación de los dependientes de las víctimas, la verificación del cumplimiento de las medidas de protección y el seguimiento de la situación jurídica de los imputados, articulando de manera efectiva la actuación de los diferentes órganos del Ministerio Público, bajo la dirección del Despacho de la Fiscalía de la Nación.

    Recientemente la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, designó a los integrantes del equipo de trabajo responsable de la coordinación intersectorial e intergubernamental para la ejecución de la Estrategia 360° habiéndose incluido a la Fiscalía de Prevención del Delito dentro del grupo de trabajo.

    Durante las reuniones de trabajo a las que fuimos convocados para la aprobación del plan de actividades del año 2021, resaltamos el hecho que según las estadísticas del Observatorio de Criminalidad  muchas mujeres fueron asesinadas a pesar que contaban con una o más medidas de protección a su favor, lo cual significaba que no se estaba cumpliendo con el objeto de las mismas, como es el de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por el agresor, habiéndose propuesto que deberían realizarse visitas inopinadas a las Comisarías de la Policía Nacional, a fin de verificar si los efectivos policiales estaban dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- (en adelante norma), en cuanto a la ejecución de las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia (Vgr. retiro del domicilio donde se encuentre la víctima, impedimento del acercamiento o proximidad a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima, etc), conforme a lo establecido en el artículo 36° y 38° de la citada norma.

     Independientemente de los casos derivados de denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, hemos visitado distintas Comisarías de la Policía Nacional de la provincia de Cañete, entrevistándonos con los efectivos policiales encargados de la ejecución de las medidas de protección, a quienes se les formuló un cuestionario de preguntas referidas al accionar policial realizado una vez que toman conocimiento de las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia en favor de las mujeres víctimas de violencia que domicilian dentro de su jurisdicción, conforme a lo previsto en artículo 36° de la norma en referencia, en donde se señala que la Policía Nacional es la responsable de la ejecución de las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de su competencia, respondiendo oportunamente ante emergencias que se presenten y manteniendo comunicación permanente con las víctimas, incluyendo las visitas domiciliarias cuando lo requieran, constituyendo una labor prioritaria para todo el personal policial.

   Debe hacerse hincapié en casos de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial aplican la ficha de valoración de riesgo que corresponda en cada caso, luego de lo cual, dicho documento debe remitirse al juzgado de familia, para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y cautelares cuando las circunstancias lo ameriten, lo que incluye la posibilidad de variar la evaluación del riesgo, según lo establece el artículo 43° de la norma.

  Al respecto, el artículo 16°, establece que la Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo, prioriza el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales, y otras acciones en el marco de sus competencias, comunicándose los hechos al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para al atención de la víctima en los Centros de Emergencia Mujer y, de ser el caso en los en los hogares de refugio temporal.

   El nivel de riesgo debe determinarse a partir del puntaje que se obtiene luego de formularse preguntas que se detallan en la ficha correspondiente, referidas a la frecuencia de agresión, el uso y amenaza con armas de fuego o armas blancas por parte del agresor, la convivencia que hayan tenido ambos, las amenazas de muerte que haya recibido la víctima, las denuncias formuladas por violencia familiar, la violencia sexual para obligarla a mantener relaciones sexuales, el intento de ahorcamiento, el consumo de alcohol y drogas, el control de las actividades de la víctima por parte de su agresor, las escenas de celos, las agresiones durante la época de gestación, amenazas de suicidio del agresor, intentos de auto eliminarse de la víctima, las llamadas insistentes o mensajes en redes sociales del agresor hacia la víctima o la destrucción de las pertenencias de la víctima. A partir de ello, dependiendo el puntaje obtenido, se podrá determinar el nivel de riesgo correspondiente que puede ser leve (riesgo variable) si el puntaje es de 0-7, moderado (riesgo en aumento) si el puntaje es de 8-13, severo 1 (severo) si el puntaje es de 14-17, severo 2 (severo extremo) si el puntaje es de 18-37.

   Durante las entrevistas con los efectivos policiales se les recomendó que cuando adviertan el incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor, luego de haber sido válidamente notificado con el contenido de las mismas, pongan en conocimiento del Fiscal Penal de Turno y del Juzgado de Familia competente, sin perjuicio de disponer su detención inmediata por tratarse de un caso de flagrancia delictiva del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, según lo previsto en el artículo 39° de la norma invocada, minimizando de este modo el riesgo de que pueda reiterar los actos de agresión en agravio de la víctima.

    Consideramos que un aspecto crítico en donde debe trabajarse de forma inmediata para fortalecer la protección que debe brindarse a las mujeres violentadas se centra en georreferenciar y registrar la dirección de su domicilio una vez dictadas las medidas de protección, labor que consiste en el mapeo de ubicación de las zonas donde se reporten actos de violencia con mayor y menor incidencia, considerando los lugares de riesgo grave, riesgo moderado y riesgo leve, focalizando con color rojo los puntos donde se cometió violencia física, con amarillo donde hubo violencia física y psicológica y con verde donde solamente se presentó violencia psicológica, permitiendo de este modo que se pueda efectuar un  monitoreo domiciliario periódicamente, principalmente donde exista un nivel de riesgo severo.

     Finalmente se recomendó a los efectivos policiales que lleven un registro físico o legajo sobre las medidas de protección dictadas, el mapeo de los domicilios, el control de las visitas domiciliarias efectuadas a las víctimas, las comunicaciones telefónicas permanentes de indagación sobre algún riesgo que puedan presentar, debiendo documentarse dicha labor policial por escrito, dejándose constancia de las ocurrencias presentadas durante la labor policial.

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