OPINIÓN

La respuesta del sistema de salud cuando un paciente necesita de una unidad de cuidados intensivos

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A PROPÓSITO DE LA MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL QUE DISPUSO EL INGRESO DE UN PACIENTE COVID 19 A LA UCI.

El país atraviesa momentos muy difíciles, amenazado con la propagación masiva del virus COVID 19, habiéndose generado una catástrofe sanitaria en nuestro país, generando de este modo la escasa o nula capacidad de respuesta del sistema de salud que actualmente se encuentra colapsado debido al incremento del número de pacientes críticos graves que requiere ser internados de emergencia para seguir aferrándose a la vida.

El intensivista Jhon Hilares Hoyos del Hospital Dos de Mayo, fue testigo de las expresiones en los rostros pidiendo auxilio con la mirada y las respiraciones jadeantes de los pacientes críticos infectados con el COVID 19, quienes permanecían echados en camillas, otros sentados en sillas de ruedas y muchos recostados en el piso, en un escenario en donde los balones de oxígeno medicinal amenazaban con acabarse, muchos de ellos rogando por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La respuesta siempre fue la misa: “No hay camas disponibles, hay que esperar. Tengamos paciencia, se hace lo que se puede”.

En el Hospital Cayetano Heredia de Lima siempre hay pacientes críticos que necesitan ingresar a UCI, pero no hay disponibilidad de camas. Cada médico mantiene su particular lucha para tratar de colocar a sus pacientes en la cabeza de la lista de espera, cuenta la infectóloga Leslie Soto Arquiñigo, quien recuerda que el día 04 de Mayo, mientras hacía la ronda para ver el estado de los 36 enfermos, encontró a dos de ellos graves, recibiendo oxígeno con una máscara, pero eso no era suficiente. Refiere haber llamado a UCI a donde todos quieren meter a sus pacientes críticos, y le dijeron que había un paciente que en cualquier momento iba a morir.

Según cifras de dicho nosocomio, cada día hay una lista de espera de ocho pacientes que requieren estar en UCI, pero siempre hay cola. El doctor Soto, señala que el proceso clínico de la enfermedad es impredecible. “Puedes ver a un paciente que está tranquilo y, a las dos horas, la enfermedad avanza y se pone crítico”.

En el Hospital Alberto Sabogal, el Médico Gabriel Vidal Domínguez trabaja haciendo guardia atendiendo a pacientes con coronavirus. Señala que “la tercera parte de los enfermos necesitan ingresar a UCI, pero todos los días es la misma cantaleta: no hay camas”, ¿Qué hacemos?, los pacientes se asfixian y solo nos queda sedarlos, ponerles morfina y esperar que mueran, esto está pasando ahorita”, dice el galeno. “La edad no es el único factor a la hora de seleccionar quien va a UCI cuando queda una cama libre. Se evalúa si estaba postrado o no, si tiene secuelas neorológicas. Puede ser que uno de cuarenta y cinco años tenga un cáncer terminal o haya sufrido un derrame cerebral y su recuperación sea difícil. Entonces se suman esos factores. Eso no se aprende en la universidad sino en el día a día con la experiencia”.

En el documento Técnico sobre las consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia COVID 19, elaborado por el Ministerio de Salud (RM 212-2020-MINSA), se señala qué ante tan crítica situación, los recursos resultan insuficientes para salvar todas las vidas que se requiere. Los médicos se ven obligados a tomar difíciles y penosas decisiones cuando, ante dos pacientes en necesidad de auxilio, los medios existentes solo alcanzan para uno, obligando necesariamente a priorizar la asistencia de algunos, y posponer la de otros.

En dicho documento se indica que los pacientes con prioridad 1 para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son los que tienen la condición de críticos e inestables que necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de dicha unidad médica (Ventilación Mecánica Invasiva). Se indica también, que en caso de considerarse que un paciente tiene mal pronóstico por no evidenciar una respuesta favorable al tratamiento instituido, a pesar de haberse agotado las propuestas curativas, no debe posponerse la decisión de disminuir la terapia y la reasignación del paciente de cuidados intensivos a un lugar digno para su estadía que permita u manejo paliativo.

Se grafican los siguientes escenarios en donde ambos pacientes necesitan de un ventilador mecánico: a) preferencia por la edad: entre un paciente de 80 años de edad (que vivirá 7 años más) y uno de 20 años de edad (que vivirá 65 años más), se preferirá a este último; b) preferencia a sanos que a comorbilidad: entre un paciente de 70 años de edad sin padecimientos, y un paciente de 20 años de edad (diabetes, hipertensión y obesidad, con alta probabilidad de complicación), se preferirá al primero; c) 10 años pueden influir en decisión: entre un paciente de 60 años de edad (que puede vivir 20 años a más), y uno de 75 años (que puede vivir 10 años a más), se preferirá al primero; d) Misma edad, preferencia a sanos: entre un paciente de 20 años de edad (con inmunosupresión y diabetes) y otro dela misma edad (sin padecimientos), se preferirá a éste último; e) El azar: entre un paciente menores de 60 años, y otro mayor de 60 años, que tienen posibilidades de mostrar o presentar complicaciones, se tendrá que decidir al azar.

En el artículo 20°, inciso 5 del Código Penal, contempla la figura del Estado de Necesidad Exculpante, como una causa eximente de responsabilidad penal, en los siguientes términos: “El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica”.

 Esta forma de estado de necesidad se presenta cuando existe un conflicto entre bienes jurídicos equivalentes o cuando se afecta uno de mayor valor. El sujeto está en un estado alteración motivacional que hace inexigible una conducta distinta a la realizada que lesiona el bien jurídico, por eso se dice que se excluye la culpabilidad y no la antijuricidad, pese al desvalor de resultado que existe por el daño de bienes de valores importantes. Si bien el Derecho Penal sanciona este injusto, no considera al sujeto culpable.

No se puede justificar esta conducta en base al principio de ponderación de bienes, porque el Derecho protege por igual la vida de todas las personas. Por esto, no se aceptan que sea una causa de justificación, en todo caso de lo que se trata es de apreciar si el sacrificio de uno de ellos, para salvar al otro, era la única vía adecuada “dentro de los límites de exigibilidad normales en la vida ordinaria”. Los bienes jurídicos que se encuentran protegidos son la vida, la integridad corporal y a libertad. Pueden tratarse de bienes del mismo sujeto o de personas con quien tiene estrecha vinculación. (Felipe Villavicencio Terrerios: “Derecho Penal. Parte General”, Editorial Grijle Import. S.A, agosto 2016, pag.639-641)

Nos  representamos el hipotético caso de dos pacientes contagiados con el COVID 19 (uno de 40 años que no presenta comorbilidades y el otro de 60 que presenta comorbilidades complicaciones) se encuentran en estado crítico y necesitan ingresar con suma urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser conectados a un respirador o ventilador artificial, además del suministro de oxígeno medicinal; pero sucede que dicha unidad médica está abarrotada de pacientes y solamente se cuenta con una cama, un ventilador y un balón de oxígeno.

En este caso, los médicos de turno, tendrán que salvar solo a uno de los pacientes, decidiendo hacerlo con el más joven, que no presenta comorbilidades y tiene más posibilidades de recuperarse satisfactoriamente, decisión que no podrá justificar que se les debe de imputarse objetivamente el resultado (fallecimiento del paciente de 60 años) a los médicos intervinientes, dado que si bien es cierto se produjo un hecho antijurídico (muerte), sin embargo, lograron proteger un bien jurídico del mismo valor que el sacrificado, excluyéndose de este modo la culpabilidad de su conducta.

Recientemente un Juez Supernumerario de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dictó una medida cautelar para que un paciente de 73 años afectado por el coronavirus (COVID 19) sea ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital Trujillano, además, que se permita que un personal privado supervise el uso de un ventilador mecánico que habían adquirido los familiares, pese a que los especialistas del hospital habían calificado de prioridad III al citad paciente debido a la enorme demanda de camas.

La controvertida resolución judicial, considera que los derechos del paciente estaban siendo vulnerados, razón por la cual, se dispuso que no sean prioridad tres (III) sino que sea considerado un paciente de modo general para que tenga iguales derechos que cualquier otro paciente para poder acceder a una cama UCI, es decir, se dispuso que su atención sea prioritaria también, al igual que otros pacientes que pugnaban y necesitaban ingresar a dicha unidad médica, en mérito a lo cual, se dio cumplimiento a la orden judicial ejecutándose la medida.

La Constitución Política en el rubro de Derechos Sociales y Políticos, establece en el artículo 7°, que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. A su vez, el artículo 9° de dicho cuerpo normativo, establece que “el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”.

El derecho a la salud surge como derecho universal de segunda generación, un derecho social de carácter programático; los cuales son derechos económicos y sociales guardando coherencia con lo establecido en la Constitución.

De allí la importancia de la implementación de un proceso de ejecución de políticas sociales implementadas por el Estado para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena cuando lo necesite, a fin de encontrar satisfacción de acuerdo a la coyuntura o contexto social que se vive, inclusive durante una emergencia sanitaria como la que atraviesa el país, lo cual abarca la contratación de personal médico, el suministro de medicamentos, la construcción de hospitales y centros de salud, adquisición de equipos médicos como ventiladores mecánicos, oxigeno medicinal, camas hospitalarias en todas las áreas críticas e intermedias debidamente equipadas, monitores de control, etc.

De este modo, se evitará el dilema de los médicos en las unidades de cuidados intensivos, en donde deben escoger a quien salvar ante la falta de respuesta del sistema de salud para salvar vidas humanas que se pierden por la falta de una cama UCI que está ocupada en ese momento y debe resignarse a esperar como parte de una cola interminable que se sigue alargando con el paso de los días, debido a la crisis sanitaria que estalló, ante la incapacidad del Estado de poder garantizar el derecho a la salud que nos alcanza a todos los ciudadanos y que hoy se ven obligados a acudir al Poder Judicial a reclamar el respeto del mimo, en igualdad de condiciones con respecto a los demás pacientes.

 

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