La represión policial y el uso de la fuerza durante los conflictos sociales

A PROPOSITO DE LA LEY DE PROTECCIÓN POLICIAL N° 31012

En el mes de noviembre del 2020, durante las marchas de protesta en defensa de la democracia, dos jóvenes estudiantes perdieron la vida en la ciudad de Lima, víctimas de la represión policial. Finalizando el año pasado, un adolescente de apenas 16 años de edad y un joven trabajador agroindustrial fallecieron en el distrito de Chao, Virú (La Libertad), tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que rechazaban la ley agraria aprobada en el Congreso de la República. Un proyectil de bala alcanzó al adolescente de iniciales K.N.R.D quien salió de su casa a cumplir con algunos encargos de su madre, pero resultó siendo herido mortalmente. Igual suerte corrió un joven de veintisiete años de edad, quien también recibió impactos de bala y perdió la vida en tales circunstancias.

Luego de estos acontecimientos lamentables que han enlutado a nuestro país, un equipo especial de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) identificó al efectivo policial responsable de los disparos efectuados con su arma de reglamento hacia los manifestantes, en el marco de las protestas con la citada ley agraria. Se trata de un Suboficial de primera de la PNP, que al momento de los hechos se encontraba de civil, llevaba puesto un chaleco antibalas y fue captado cuando apuntaba con su arma hacia un grupo de trabajadores a quienes habría disparado con una pistola CZ 83 de 9mm, la cual fue enviada al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional para establecer si fue usada en el asesinato de dos personas.

La Defensoría del Pueblo exigió el cese inmediato de los enfrentamientos y solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional dar explicaciones al país sobre lo ocurrido. La congresista Mirtha Vásquez condenó estos lamentables hechos y demandó el cese de la represión policial pidiendo que se sancionen a los responsables. Los altos mandos de la Policía Nacional del Perú en su cuenta de Twitter se pronunciaron señalando que “Lamentan la pérdida de vidas, cualquiera sea su origen, agregando que su misión es mantener y restablecer el orden público y proteger los derechos, la salud y la vida de las personas”. Afirmaron además que las investigaciones de responsabilidad penal se encuentran a cargo de la Fiscalía y del departamento de investigación criminal de Trujillo.

El artículo 166° de la Constitución Política del Estado establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los cuerpos policiales tienen la misión insustituible de garantizar la seguridad de la población, además sostiene que el Estado moderno no puede funcionar eficazmente por si mismo sin la policía y, en consecuencia, sin el uso de la fuerza en relación con la protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas. En el marco de tales funciones, en determinadas circunstancias, la Policía Nacional se verá obligada a emprender acciones lesivas, mediante el uso de la fuerza. 

No obstante ello, el accionar policial en situaciones críticas generadas por conflictos sociales caracterizados por la ejecución de actos de protesta violentos que se inician con tomas de carreteras, disturbios, atentados contra vehículos y que desencadenan en agresiones a las propias fuerzas del orden, debe estar enmarcadas dentro de lo previsto en la Constitución Política, en normas internacionales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de los reglamentos que regulan el accionar policial. Al respecto, el artículo 3° de la Ley de Protección Policial N° 31012, establece que el Policía Nacional del Perú que hace uso de sus armas o medios de defensa, contraviniendo la Constitución Política del Perú, las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocidos por el Estado Peruano y dicha ley, incurrirá en responsabilidad penal y no se aplicará los beneficios de dicha ley.    

Debe exigirse entonces que durante el restablecimiento del orden interno las fuerzas armadas así como la Policía Nacional, deben observar obligatoriamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al momento de hacer uso de la fuerza, conforme a lo previsto en los numerales a, b, y c del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1186, que regula el Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. En cuanto al principio de legalidad, el uso de la fuerza debe orientarse al loro de un objetivo legal, los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia. En cuanto al principio de necesidad, el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno. Respecto al principio de proporcionalidad, el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se deba utilizar la fuerza, esta deberá ser proporcional y que los medios y el medio empleado deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de pate del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda.

No obstante ello, la legalidad de la citada ley de protección policial N° 31012, viene siendo cuestionada, dado que en su única disposición complementaria, deroga el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1186, esto es, se excluye el principio de proporcionalidad, base fundamental de nuestro sistema jurídico, sin embargo, el artículo 11° numeral 1) del D.S 012-2016-IN, que reglamentó dicho decreto legislativo, establece que el personal de la PNP excepcionalmente, podrá usar su arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y solo cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas.

La ley de protección policial en análisis, modificó también el inciso 11° del artículo 20° del Código Penal, al establecer que está exento de responsabilidad penal, “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Pese a ello, al haberse excluido el principio de proporcionalidad, al momento de decidirse por el uso de la fuerza, ya no se tendría en cuenta la valoración de la resistencia o grado de peligrosidad de la persona que se enfrenta a la Policía Nacional, dejando abierta la posibilidad que los efectivos policiales tengan que interpretar que estaría justificado por ejemplo, el uso de un arma de fuego, a pesar que el accionar de una persona no represente un peligro que justifique una represión policial desmedida como la que se ha producido recientemente durante las protestas colectivas.

Por otro lado, la norma en cuestión, incorpora el artículo 282° A del Código Procesal Penal, al disponer comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú, al señalar que “Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288° al Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva”. En cuanto a este extremo de la norma, consideramos que se vulneran los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial e igualdad ante la ley.

 Respecto al primer principio invocado, el artículo 139° de la Constitución Política establece como uno de los principios de la función jurisdiccional “la independencia en el ejercicio de sus funciones”, el mismo que garantiza el respeto a la autonomía del Poder Judicial en el desarrollo de sus funciones, de modo que sus decisiones sean imparciales y más aún se logre mantener esa imagen de imparcialidad frente a la opinión (Proyecto de Ley N° 4986/2020, presentado por las Congresistas Mirtha Vásquez Chuquilín y Rocío Silva Santisteban Manrique). Respecto al principio de igualdad, debe entenderse que no pueden establecerse requisitos diferenciados únicamente en función de grupos de sujetos (Policías) que pueden resultar igualmente responsables por hechos similares a los cometidos por un ciudadano común y corriente. 

Somos de la opinión que mientras no resulte justificado, una protesta no debe ser criminalizada ni mucho menos debe apelarse a la violenta desmedida y abusiva de parte de las fuerzas del orden. Por el contrario, deben agotarse todos los niveles del uso de la fuerza, conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo ° 1186, el mismo que comprende los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir. Luego los niveles de uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional comprende los niveles preventivos (presencia policial, verbalización y control de contacto) y reactivos (control físico, tácticas defensivas no letales y fuerza letal).

En democracia, resulta de suma importancia que las tensiones se sepan manejar dentro de ciertos límites para evitar que la violencia aparezca como el ingrediente que define el desenlace a costa de las vidas humanas, siendo el uso de la fuerza el último recurso al que debe recurrirse, cuando no exista otra forma de respuesta policial. Es necesario tomar todas las previsiones para que cualquier protesta social no derive en una situación inmanejable. El dialogo la negociación, la prevención de conflictos, tienen que estar en una constante alerta para que no se encienda la intransigencia y el descontrol.

 Finalmente estamos convencidos que debe trabajarse articuladamente en el autocontrol policial desde las escuelas de formación policial, tratando de superar las deficiencias operativas en las que viene incurriendo la Policía Nacional, exigiendo que su accionar se enmarque dentro de lo previsto en las normas legales antes invocadas,  procurando el acatamiento de órdenes revestidas de legalidad con pleno respeto a los Derechos Humanos, de lo contrario, tendrá que sancionarse penalmente a los responsables de las muertes de los manifestantes que ahora lamentamos, quienes no podrán alegar exención de responsabilidad si actuaron al margen de la ley.     



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.


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