La Pandemia de la Corrupción

El diccionario de la Real Academia dice que corrupto es quien “se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar; dañado, perverso, torcido”. El diccionario Cambridge dice que quien “deshonestamente usa su posición o poder para obtener ventaja, sobre todo económica; moralmente malo”.

El uso de la política para el enriquecimiento ilícito es de vieja data y esta práctica ha desanimado a los hombres honrados a dedicarse a la función pública, como lo relató Platón: “Cuando era joven pensaba en incorporarme pronto a la vida política. Observando las muchas fechorías cometidas me alejé de las miserias de entonces”.

 De qué forma puede hacernos cambiar el dinero y la ambición, que se llega  al extremo de sacrificar el honor y dignidad personal, que acabamos sepultándolos, y a cambio, nos contagiamos de ese mal endémico enquistado en el aparato estatal, que arrastra a aquellos funcionarios quienes ejerciendo la función pública, se valen del poder efímero que ostentan para delinquir, sin el menor reparo, dejando de lado la solvencia moral que debe caracterizar su labor funcionarial; pese al riesgo al que se exponen,  cuando son descubiertos, en donde sentirán no solo el rechazo y condena moral por parte de la población, sino que también, deben asumir las responsabilidades penales que les significará muchos años en la cárcel.

El costo de la corrupción en el Perú bordea los S/ 12 mil millones de soles al año, que representa el 2% de PBI, limitando de este modo el desarrollo del país, pues impide la construcción de escuelas, hospitales, caminos, o la generación de puestos de trabajo, dando lugar a la deficiente prestación de servicios públicos elementales, además del menoscabo de las bases de un Estado Democrático afectado por esta lacra.

Como olvidar esas nefastas imágenes de los tristemente recordados vladivideos del fujimontesinismo, en donde se aprecian a políticos, empresarios y otros altos funcionarios, recibiendo fardos de dinero de parte del ex asesor presidencial, al interior de la salita del SIN, comprando conciencias, para facilitar de este modo su perpetuación en el poder.

Recientemente, hemos visto desfilar por los pasillos del Poder Judicial, a funcionarios públicos de los más altos niveles y esferas del poder –incluídos ex presidentes y ex alcaldes– que se dejaron arrastrar por la ambición de dinero de procedencia ilícita, recibiendo millonarias coimas de parte de la constructora brasileña Odebrech, (Lava Jato), a cambio de favorecerla con la concesión de licitaciones de obras públicas; sin embargo, quedaron al descubierto con las confesiones de Barata, quien acogiéndose a la colaboración eficaz, brindó información relacionada a los pagos realizados para corromper a los funcionarios involucrados; facilitando su detención y encarcelamiento de muchos de ellos, además de la incautación de dinero y bienes como parte de las investigaciones que continúan hasta la fecha.

La corrupción que puso al descubierto IDL Reporteros, demostró que este mal endémico estuvo enquistado por mucho tiempo en el sistema judicial del país, mediante la organización Los Cuellos Blancos del Puerto”, integrado por altos magistrados que aprovechándose de su investidura, formaron parte de una banda dedicada al crimen organizado, cuyo accionar quedó demostrado mediante escuchas e interceptaciones telefónicas que permitieron identificar a los cabecillas de esta organización criminal; quienes han terminado siendo investigados y acusados por los delitos de corrupción de funcionarios, cohecho, peculado, tráfico de influencias.  

Pero hubieron más organizaciones criminales que también vienen siendo investigadas, como es el caso de los “Intocables Ediles” que alcanzó a legisladores del disuelto Congreso, quienes traficaban influencias, aprovechando su condición de legisladores; o el caso de los “Temerarios del Crimen”, encabezados por un ex alcalde, quien estuvo a la cabeza de un grupo criminal, en donde también se encuentran involucrados ex parlamentarios, a quienes se los acusa de haber participado en licitaciones ilegal de obras, en beneficio personal y de las personas de su entorno, solicitando coimas a transportistas para extenderles licencias de funcionamiento; al igual que el grupo “Los Wachturros”, acusados de recibir dinero para favorecer la aprobación de una ley de protección patrimonial para un conocido personaje.  

Durante el Estado de Emergencia Sanitario que aún sigue vigente en nuestro país,  mientras los peruanos seguimos librando una dura batalla contra el coronavirus, se vienen detectando casos de funcionarios denunciados por actos de corrupción, quienes en su afán de apropiarse de recursos que se destinaron para la adquisición de equipos médicos (ventiladores, ambulancias, monitores de funciones vitales) e indumentaria de protección personales (mascarillas, guantes), habrían sobrevalorado los mismos, mediante compras irregulares de productos que inclusive, no han servido para su uso, al no reunir las condiciones sanitarias requeridas para salvaguardar la salud de las personas,  poniendo en peligro a los profesionales que se encuentran en primera línea de batalla durante esta pandemia, como son los profesionales dela salud, y los efectivos de la Policía Nacional, entre otros.

Similar panorama se ha evidenciado durante el reparto de las canastas de víveres y productos de primera necesidad, que debieron ser destinados a las familias vulnerables, a fin de mitigar los efectos de la pandemia; y por el contrario, los beneficiados fueron los funcionarios, colaboradores y familiares cercanos de los alcaldes y autoridades locales, irregularidad que fuera detectada gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID – 19”; la cual, ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, los cuales, en muchos casos también fueron sobrevaloradas. Inclusive, han sido encontrados medicamentos del Estado, comercializados en farmacias privadas de propiedad de personal médico de los hospitales; además de haberse detectado también la pérdida de pruebas rápidas en las Direcciones Regionales de Salud, hechos que vienen siendo investigados por parte del Ministerio Público.

Consideramos que las políticas represivas no han tenido el resultado esperado, por cuanto, a pesar de la gravedad de las penas previstas para reprimir a quienes incurren en delitos de corrupción, que incluso son de carácter efectivas; seguimos siendo testigos de hechos reprochables como los anteriormente expuestos, que han merecido la intervención de la Contraloría General de la República y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y en otros casos, se han intervenido a funcionarios públicos de diversas instituciones, recibiendo dinero (coimas), a cambio de cumplir u omitir sus funciones. Por ello, consideramos que a fin de contrarrestar estos destapes de corrupción, conforme lo ha señalado Roxana Cornejo (Regional Compliance Officer Siemens), deben considerarse tres elementos: a) prevenir, a través de una correcta gestión de riesgos, políticas, entrenamiento y comunicación, b) detectar, facilitando un canal de denuncia, control de procesos, auditorías e investigaciones; c) responder con acciones o sanciones frente a los actos no éticos en los que pudieran estar involucrados los colaboradores.

Así mismo, para prevenirse la corrupción, deben reforzarse los órganos de control institucional, tratando de que sean eficaces, estableciendo mecanismos para identificar malas prácticas de los trabajadores, sancionando oportunamente las irregularidades advertidas; brindando protección a los denunciantes y facilitándoles los medios necesarios para denunciar hechos ilícitos que puedan conocer. A su vez, corresponde a la Contraloría de la República, asumir un papel más protagónico, supervisando adecuadamente los proyectos de inversión, adquisición de bienes y servicios y toda actividad donde se transfieran recursos públicos, facilitando de este modo la labor del Ministerio Público.

No es fácil emprender la lucha frontal en contra de la corrupción, cuya erradicación sigue siendo un gran reto que hemos asumido quienes apostamos por un país progresista e inclusivo, sin bajar la guardia y por el contrario, debemos seguir batallando para combatirla, perseguirla y sancionarla; así como lo hacen muchos profesionales encargados de perseguir el delito y de administrar justicia – fiscales y jueces– quienes a pesar de las dificultades y amenazas de parte de las mafias de la corrupción, cumplen a cabalidad su labor orientada a sancionar los hechos ilícitos de este tipo, tratando de devolver la confianza tan venida a menos de parte de la población hacia las autoridades de quienes esperan el cumplimiento de su función con transparencia y honestidad. Tampoco podemos dejar de mencionar a la prensa independiente y valiente, capaz de denunciar hechos de corrupción, venga de donde venga, y caiga quien caiga.

En esa perspectiva, esperamos que los integrantes del nuevo Congreso procesen las denuncias constitucionales que se encuentran encarpetadas y pendientes de pronunciamiento, llevando a cabo acciones de control democrático y responsable, dejando de lado el blindaje y obstruccionismo, que caracterizó a los legisladores salientes, quienes propiciaron la impunidad de quienes defraudaron al Estado y merecieron ser sancionados con severidad; sin embargo, se negaron a despojarlos de la inmunidad parlamentaria, impidiendo que sean investigados por las autoridades competentes.

Finalmente, debemos manifestar que si bien es cierto, vivimos en un Estado debilitado por la corrupción, debido el accionar ilícito de las redes de corrupción que siguen quedando al descubierto; sin embargo, somos de la opinión que la falta de una educación integral basada en la práctica de valores que deben guiar al ser humano desde el núcleo familiar, resulta ser el caldo de cultivo de esta pandemia corrupta que nos genera frutración; de allí la necesidad de fortalecerlos desde los primeros años de formación académica, de tal manera que se puedan formar generaciones de personas honestas y probas, respetuosas de la ley, responsables, empáticas y comprometidas con el desarrollo del país; para lo cual, debe educarse con la honradez; de lo contrario, no podremos reducir los altos índices de corrupción que se ha propagado por todo el mundo, contagiando a muchas personas.



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.