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La eutanasia en el Código Penal Peruano y el derecho a una muerte digna

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A PROPOSTO DE CASO DE ANA ESTRADA

Ana Estrada es una psicóloga peruana de 42 años de edad que desde hace 30 padece de poliomelitis, una enfermedad degenerativa que en forma progresiva le fue paralizando los músculos de todo el cuerpo, debiendo permanecer conectada a un respirador artificial bajo el cuidado de profesionales médicos.

Actualmente ella exige la legalización de la eutanasia para que un médico especializado pueda suministrarle un medicamento letal y así consiga la muerte digna que desea tener. Para ello, ha apelado a los jueces peruanos para que le permitan de una enfermedad crónica, degenerativa y terminal, sin que el desenlace sea atribuido a médicos y familiares que conlleve sanciones penales previstas en el artículo 112° del Código Penal.

El término “eutanasia” proviene de la conjunción de los vocablos griegos “eu” (bueno/a) y de “thanatos” (muerte), lo cual podría ser interpretado en su conjunto como “buena muerte”, es decir, la muerte sin agonía o sufrimiento de alguna clase.

Debemos entender a la eutanasia como aquel procedimiento realizado por un profesional médico ante la solicitud de alguien que padece una enfermedad incurable. En la práctica, la eutanasia es el acto que pone fin a la vida de un enfermo terminal.

Según la Organización Mundial de la Salud, no existe una definición exacta de eutanasia, en tanto esto puede variar de un caso a otro; sin embargo, si existen puntos en común. La opinión mayoritaria se centra en la eutanasia activa, la cual se divide en tres: 1) El homicidio intencional de aquellos que han expresado, de manera libre y con competencia plena, el deseo de ser ayudados a morir. 2) El suicidio asistido profesionalmente; y 3) La muerte intencional de los recién nacidos congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida.

Sobre la eutanasia se encuentra regulado en el Código Penal en el Artículo 112°, en los siguientes términos: “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años”.

Si bien se trata de una observación de carácter puramente formal, no se puede soslayar el análisis crítico de la propia redacción legal del homicidio piadoso. A diferencia de otras legislaciones que dejan claro de modo inequívoco que la petición del sujeto debe orientarse directamente a la concreción de su deseo de morir por parte del agente, sin embargo, a partir de la redacción nacional, a primera vista, pareciera que la conducta típica supone que la solicitud del enfermo ha de dirigirse únicamente a poner fin a los intensos dolores que éste sufre (cuando alude al enfermo que solicita […] poner fin a sus intolerables dolores y no a terminar con su vida misma.

Desde luego, consideramos que ésta no ha sido la intención del legislador si tenemos en cuenta la propia Exposición de Motivos, en la que de modo más atinado sí se aprecia palmariamente que el pedido se dirige a poner fin a la vida del enfermo y no sólo a los dolores que padece. Por ello, aunque el tenor empleado no sea quizás el más exacto, debemos entender que la manifestación de voluntad del solicitante debe estar orientada a terminar con su existencia en razón del irresistible sufrimiento que una determinada enfermedad le produce y no únicamente a aliviarle los dolores.

A diferencia de algunos tipos penales que regulan la eutanasia en la legislación comparada, el tipo penal del Código Penal peruano ha preferido no referirse expresamente a una enfermedad mortal o de consecuencias inminentemente mortales sino tan sólo a un enfermo incurable. Aunque prima facie la diferencia entre un mal incurable y otro mortal se muestre como formal o terminológica, lo cierto es que la incurabilidad no comporta necesariamente la proximidad o inminencia de la muerte del enfermo.

Es perfectamente posible que una enfermedad, aun cuando incurable, no conduzca al enfermo a la muerte en un plazo breve y que por el contrario transcurra un largo periodo de tiempo hasta el momento de su deceso; prueba concluyente de ello son enfermedades para los que la ciencia médica no ha encontrado una solución de cura plena y exitosa, aunque puedan ser tratadas a través de diversos medicamentos cada vez más complejos y eficaces.

Ejemplos de enfermedades de estas características son el sida, la artritis en sus diversas formas, diabetes, el asma, el mal de parkinson, entre otras tantas que, aunque incurables, no conducen a la muerte del paciente de manera inmediata sino que por lo general implican un proceso previo de deterioro progresivo de la salud y de la calidad de vida. Por su parte, los males mortales o terminales implican siempre la presencia de un factor de incurabilidad que, aunado a la irreversibilidad del estado del paciente, hace presagiar una muerte más o menos próxima o cercana.

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En esta consideración reside a nuestro juicio lo peculiar de la decisión legislativa de incluir en el tipo penal un elemento de incurabilidad de la enfermedad y no de mortalidad cómo es común en otras legislaciones, lo cual haría innecesario constatar si la muerte se producir o no en corto término.

Los defensores de la causa de Ana Estrada que reclama su derecho a una muerte digna, plantean nuevas dimensiones de los derechos fundamentales, que ya no se restringen a los que están normados, sino que se extienden al ejercicio pleno de la libertad y, en última instancia a la vida. Estos derechos han sido consignados por el Tribunal Constitucional como parte de los establecidos en el artículo 3 de la Constitución, como derechos fundamentales no nominados basados en la dignidad humana. En este desarrollo se han reconocido como derecho a la dignidad, a la integridad, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad.

Quienes consideramos que dicho reclamo se trata de un pedido de eutanasia sancionado penalmente como “homicidio piadoso” invocamos el derecho a la vida como el fin supremo que debe preservarse a través del Estado, sin embargo, esperamos el pronunciamiento de los Jueces del Poder Judicial sobre la acción de Amparo planteada por Ana Estrada que recientemente ha sido sustentada por el Defensor de Pueblo Walter Gutiérrez quien demandó al Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Essalud.

Lo que demanda la Defensoría del Pueblo busca la inaplicación de la figura de la eutanasia al caso específico de Estrada, mediante el control difuso, entendido como la facultad un deber constitucional de los jueces, conforme se desprende del principio de primacía de la Constitución y del deber prescrito en el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución Política del Perú del año 1993, de preferir la norma constitucional.

Javier Alonso de Belaunde, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos precisa que “se debe entender que tener dignidad implica vivir dignamente y poder definir las condiciones de una muerte para también sea digna”. Recalca que con Ana Estrada el caso médico es claro y ya se sabe cómo será su futuro, en donde habrá trato que calificarán como “crueles”, pues empezará a depender de más maquinas invasivas que le producirá más dolor.

Son varios los escenarios que podrán resultar de la audiencia. La primera es que el fallo sea a favor de Ana. En este supuesto los demandados podrán allanarse a la sentencia o apelarla. Si apelan, entonces se pasará a una segunda instancia. Y en caso de que Estrada pierda, podría llevarse el caso hasta el Tribunal Constitucional, sin embargo, si el fallo favorable a la demandante es acatado por los demandados, se procederá a nombrar una junta médica para el caso de la paciente para definir el procedimiento médico de la eutanasia.

El debate de hoy será sobre la vida y la muerte, pero también en el reconocimiento a la libertad para decidir morir dignamente dentro de un estado de derecho, cuando los sufrimientos o padecimientos se hacen indignos y se clama por una muerte asistida. Estaremos atentos al pronunciamiento del Poder Judicial.

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Otra vez los Fujimori | Columnista

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El más poderoso elemento desestabilizador de la incipiente y precaria democracia peruana, en lo que va del siglo XXI, se llama familia Fujimori y los intereses que representan.

Lo que pudo ser un ejemplo de gobierno y participación política democrática, Alberto Fujimori (1990-2000) tenía todos los elementos a su favor para consagrarse, terminó pervertida en una dictadura. Un cinco de abril de 1992, con Vladimiro Montesinos aun en las sombras, pero con control pleno de las Fuerzas Armadas y Policiales, para someter a la población, sacó los tanques y las bayonetas a las calles y, al no ser identificado como de izquierda, fue aplaudido por el mundo. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en nombre de su mesiánica revolución, asechaban y mataban diariamente a peruanos y peruanas.

Luego obtuvo, gracias a la prensa que para entonces ya compró y la tibieza de la comunidad internacional, una mayoría en el llamado Congreso Constituyente y Democrático (CCD); con el que dio una Constitución (1993) a la medida de sus benefactores y planes de perpetuidad en el poder. Meses después ya tenía el control de todo el aparato estatal, incluido el Legislativo. No pudo someter a la Defensoría del Pueblo, gracias al liderazgo del Defensor Jorge Santistevan.

Fueron diez años de depredación de las riquezas del Perú. Se esfumaron miles de millones de dólares que generó la privatización de todas las empresas públicas. No había quien controle las decisiones y acciones del gobierno. El Congreso declinó de su función fiscalizadora, sólo se limitó a obedecer órdenes dictadas por Vladimiro Montesinos desde el Cuartel General del Ejercito.

Cuando el latrocinio adquirió niveles incontrolables, cuyas pruebas eran grabadas en videos por el asesor presidencial, obtener un triunfo sin democracia en la elección controlada del 2000 y ser descubierto en uno de esos videos comprando congresistas para seguir controlando el Congreso, Fujimori huyó un 19 de noviembre del 2000 a Japón -su país de origen- desde donde renunció vía fax. Luego regresó a Chile, fue extraditado al Perú el 2007 y juzgado, entre otros varios delitos, por violaciones de los derechos humanos recibiendo una pena de veinticinco años de prisión.

Sus herederos políticos, su hija Keiko e hijo Kenji, han seguido sus pasos; aunque con escaso éxito. Keiko ha sido derrotada en las tres últimas elecciones presidenciales y sólo ha llegado a ser congresista, en la elección posterior al escape de su padre; no obstante, desde entonces sigue dirigiendo el obstruccionismo parlamentario -a cada gobernante que la derrotó- en nombre de la oposición democrática y libertades políticas. Así se entiende que, en los últimos años, el Perú haya cambiado varias veces de presidente. Otros de sus aportes han sido la polarización del país, usando el cuco del inexistente terrorismo, y el control de ámbitos institucionales clave del sistema de justicia; a nivel del Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el órgano que controla la designación y ratificación de jueces y fiscales en todo el país. Kenji no ha superado la balla de ser únicamente parlamentario.

La decisión política -no jurídica- del Tribunal Constitucional (TC), de hace unos días, que favorece de forma pírrica a Alberto Fujimori, es parte de ese control existente. El periodo de designación de sus “juristas” Blume, Ferrero y Sardón está vencido y los mantienen en función, gracias a su mayoría congresal que se niega a elegir a sus reemplazantes, por la instrumentalización a la que han sometido al TC.

Tanto Keiko como Kenji tienen procesos judiciales con próximas sentencias. La tres veces candidata presidencial, podría recibir hasta 30 años de prisión por lavado de activos y dirigir una organización criminal para esos fines.

Entonces, para los que tenemos compromiso con la agenda de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el mundo, hablar de los Fujimori en el Perú, es sinónimo de obstruccionismo, autoritarismo, abuso del poder, corrupción, impunidad, chantaje, control institucional, compra de medios de comunicación, secuestro, discriminación, esterilizaciones forzadas, latrocinio, persecución y asesinatos.

Aprendamos a vivir recordando, si queremos morir en libertad.

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La protección de niñas(os) y adolescentes como una medida preventiva de infracción de la ley penal

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Hace poco participamos de una conferencia virtual en donde abordamos un tema muy sensible referido a la problemática sobre el trabajo infantil en la Provincia de Cañete y sus implicancias legales, evento académico durante el cual, hemos compartido parte de nuestra función Fiscal desplegada en lo que va del año durante la ejecución de operativos preventivos realizados en salvaguarda de la vida, integridad física, indemnidad sexual y libertad personal de los niños, niñas y adolescentes que realizan diversos trabajos no permitidos en las calles.

   Durante el citado evento académico se puso énfasis a los peligros a los que se exponen los menores de edad quienes podrían resultar siendo víctimas de una serie de accidentes, abusos sexuales, explotación sexual o laboral, entre otros riesgos, debido a su condición de vulnerabilidad y desprotección en las que crecen, sin dejar de mencionar los altos índices de deserción escolar o las escasas oportunidades de acceso a la educación ante la imposibilidad de poder cumplir con sus tareas escolares dentro de los horarios establecidos.

   No obstante ello, no debe olvidarse que los factores que facilitan y están asociados al trabajo infantil son la pobreza, la falta de oportunidades para la población más necesitada, la desigualdad en cuanto a la oferta educativa, la tolerancia social de autoridades indiferentes y renuentes a cumplir su función tutelar y la disfuncionalidad de los hogares, que resultan ser determinantes para que los niño o adolescentes se vean obligados a salir a las calles a trabajar para generar ingresos económicos a fin de contribuir con las necesidades prioritarias del hogar, labores que muchas veces se realizan en contextos de riesgo y desprotección familiar que podrían conducir a los menores a iniciarse a temprana edad, no solo en actividades laborales de riesgo o no permitidas, sino también en actos infractores a la ley penal dado que en el entorno social en donde se sitúen podrían resultar siendo influenciados o captados por personas que se encuentran al margen de la ley y que tratarán de iniciarlos en el mundo del hampa aprovechando el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran.

     Resulta necesario abordar dicha problemática como una causa generadora de inseguridad ciudadana, de allí la importancia de trabajar desde un enfoque preventivo mediante la identificación temprana de situaciones de riesgo y desprotección familiar y la adopción de medidas protectoras frente a situaciones de riesgo (apoyo familiar, acceso a servicios de educación, apoyo psicológico, prevención de situaciones de violencia, acceso a servicios de formación técnico productivo, inclusión de programas sociales, etc), o la aplicación de medidas de protección provisionales como son el acogimiento familiar y acogimiento residencial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 y su Reglamento regulado mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP.

    El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 31). Por ello, al momento de implementar políticas que brinden seguridad a la población, no debe abarcarse únicamente a las acciones orientadas a la reducción de los índices de delito y violencia en la sociedad, sino que debe ser el resultado de una política de estrategia integral, que incluya, entre otras medidas, la mejora de la calidad de vida de la población y la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia.

   Los altos índices delictivos tienen sus raíces en los factores criminógenos, los altos niveles de desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad, por ello, es necesario que en la formulación de la política pública de prevención social del delito, se involucren las diferentes entidades del Estado (Gobiernos Locales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc) y las organizaciones sociales, implementando estrategias que se orienten a frenar la generación de eventos delictivos, tratando de eliminar las causas y factores de riesgo que los ocasionen, poniendo mayor énfasis en la protección de la familia y de los menores de edad dentro del entorno parental, contribuyendo de este modo a la socialización de las normas y su aprendizaje y consecuentemente en las políticas de prevención del delito, debiendo focalizarse para ello a los grupos y personas vulnerables con riesgo delictivo, con quienes se debe trabajar a largo plazo, mediante la ejecución de programas estratégicos que permitan focalizar zonas de alta incidencia delictiva, tratando de rescatar a los adolescentes que se encuentran en riesgo de iniciarse en actos infractores a la ley penal, procurando brindarles orientación legal y psicológica oportuna que les permita encaminarse por el respeto a los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, labor que también debe hacerse extensiva a sus familiares toda vez que es en el seno familiar en donde se deben aprender valores esenciales de la convivencia humana.

    El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA 2013-2018) aprobado por D.S. N° 014-2013-JUS, señala que la acción de prevención del delito puede ser secundaria o focalizada, la cual está orientada a proteger a aquellos grupos vulnerables o en situación de riesgo social, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. A su vez, el Censo Nacional de la Población Penitenciaria, que se dispuso mediante Resolución Ministerial N° 0070-2016-JUS, del 28 de marzo de 2016, han arrojado resultados que revelan la necesidad de intervenir con las niñas, niños y adolescentes y sus familias, para prevenir situaciones de violencia en la familia o que propicien la comisión de delitos cuando sean adultos.

    El Comité de los Derechos del Niño, ha realizado varias recomendaciones al Estado Peruano, entre ellas, las referidas al entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado, a fin que la legislación nacional esté en consonancia con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, orientadas a apoyar los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan bajo el cuidado y protección de su familia y buscar alternativas de solución permanentes en función a su Interés Superior, con procedimientos que ofrezcan un mínimo de garantías procesales a través de la implementación de un marco legal que brinde apoyo a la familia para que se cumpla con el rol protector evitando la vulneración de derechos, eliminando o disminuyendo de este modo los factores de riesgo que los hagan víctimas de violencia o los conviertan en posibles adolescentes en conflicto con la ley penal y más adelante delincuentes en potencia.

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Ejecución y cumplimiento de medidas de protección como prevención de los delitos de feminicidio

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Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2382-2019-MP-FN, de fecha 05 de septiembre del 2019, se dispuso la aprobación de la Estrategia 360°, referida a la detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones del delito de feminicidio consumado y en grado de tentativa, labor que obviamente se encuentra a cargo de los Fiscales Penales encargados de las investigaciones de los casos de extrema violencia que terminan con la vida de una mujer.

    A través de esta iniciativa institucional emprendida por el Ministerio Público se espera que los operadores de justicia y la Policía Nacional tengan una respuesta inmediata y oportuna, sin dilaciones, a fin de brindar protección a las víctimas de violencia, evitando de este modo que una tardía reacción de las autoridades llamadas a protegerlas, propicien un escenario de desprotección o abandono que sea aprovechado por su agresor para ultimarlas.

    A través del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público se ha podido conocer las características de las víctimas, de los victimarios y las circunstancias en las que se cometen estos feminicidios por razones de género, habiéndose puesto en evidencia que la mayoría de víctimas de feminicidio son mujeres jóvenes (18-34 años), y casi el 80% fue asesinada por su pareja o ex pareja (feminicidio íntimo), además, se identificó un historial de violencia y en algunos casos, fueron asesinadas a pesar que contaban con una o más medidas de protección.

   Se analizó también la evidencia sobre el historial de violencia de las víctimas e identificaron una relación entre los casos de feminicidio consumado y en grado de tentativa, con las denuncias por violencia familiar, lesiones graves por violencia y agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evidenciando que entre el 25% – 35% de las víctimas de feminicidio presentaron tres o más denuncias por algún tipo de violencia contra el mismo presunto agresor hombre y, transcurrido un tiempo, murieron en manos de éste.

   La “Estrategia 360” se orienta a efectuar acciones focalizadas, específicas y diferenciadas, mediante generación de alertas que activen un servicio integral de asistencia y protección a las víctimas en riesgo. Dicho proceso incluye el seguimiento de los casos de feminicidio en grado de tentativa, la identificación de los dependientes de las víctimas, la verificación del cumplimiento de las medidas de protección y el seguimiento de la situación jurídica de los imputados, articulando de manera efectiva la actuación de los diferentes órganos del Ministerio Público, bajo la dirección del Despacho de la Fiscalía de la Nación.

    Recientemente la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, designó a los integrantes del equipo de trabajo responsable de la coordinación intersectorial e intergubernamental para la ejecución de la Estrategia 360° habiéndose incluido a la Fiscalía de Prevención del Delito dentro del grupo de trabajo.

    Durante las reuniones de trabajo a las que fuimos convocados para la aprobación del plan de actividades del año 2021, resaltamos el hecho que según las estadísticas del Observatorio de Criminalidad  muchas mujeres fueron asesinadas a pesar que contaban con una o más medidas de protección a su favor, lo cual significaba que no se estaba cumpliendo con el objeto de las mismas, como es el de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por el agresor, habiéndose propuesto que deberían realizarse visitas inopinadas a las Comisarías de la Policía Nacional, a fin de verificar si los efectivos policiales estaban dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- (en adelante norma), en cuanto a la ejecución de las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia (Vgr. retiro del domicilio donde se encuentre la víctima, impedimento del acercamiento o proximidad a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima, etc), conforme a lo establecido en el artículo 36° y 38° de la citada norma.

     Independientemente de los casos derivados de denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, hemos visitado distintas Comisarías de la Policía Nacional de la provincia de Cañete, entrevistándonos con los efectivos policiales encargados de la ejecución de las medidas de protección, a quienes se les formuló un cuestionario de preguntas referidas al accionar policial realizado una vez que toman conocimiento de las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia en favor de las mujeres víctimas de violencia que domicilian dentro de su jurisdicción, conforme a lo previsto en artículo 36° de la norma en referencia, en donde se señala que la Policía Nacional es la responsable de la ejecución de las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de su competencia, respondiendo oportunamente ante emergencias que se presenten y manteniendo comunicación permanente con las víctimas, incluyendo las visitas domiciliarias cuando lo requieran, constituyendo una labor prioritaria para todo el personal policial.

   Debe hacerse hincapié en casos de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial aplican la ficha de valoración de riesgo que corresponda en cada caso, luego de lo cual, dicho documento debe remitirse al juzgado de familia, para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y cautelares cuando las circunstancias lo ameriten, lo que incluye la posibilidad de variar la evaluación del riesgo, según lo establece el artículo 43° de la norma.

  Al respecto, el artículo 16°, establece que la Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo, prioriza el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales, y otras acciones en el marco de sus competencias, comunicándose los hechos al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para al atención de la víctima en los Centros de Emergencia Mujer y, de ser el caso en los en los hogares de refugio temporal.

   El nivel de riesgo debe determinarse a partir del puntaje que se obtiene luego de formularse preguntas que se detallan en la ficha correspondiente, referidas a la frecuencia de agresión, el uso y amenaza con armas de fuego o armas blancas por parte del agresor, la convivencia que hayan tenido ambos, las amenazas de muerte que haya recibido la víctima, las denuncias formuladas por violencia familiar, la violencia sexual para obligarla a mantener relaciones sexuales, el intento de ahorcamiento, el consumo de alcohol y drogas, el control de las actividades de la víctima por parte de su agresor, las escenas de celos, las agresiones durante la época de gestación, amenazas de suicidio del agresor, intentos de auto eliminarse de la víctima, las llamadas insistentes o mensajes en redes sociales del agresor hacia la víctima o la destrucción de las pertenencias de la víctima. A partir de ello, dependiendo el puntaje obtenido, se podrá determinar el nivel de riesgo correspondiente que puede ser leve (riesgo variable) si el puntaje es de 0-7, moderado (riesgo en aumento) si el puntaje es de 8-13, severo 1 (severo) si el puntaje es de 14-17, severo 2 (severo extremo) si el puntaje es de 18-37.

   Durante las entrevistas con los efectivos policiales se les recomendó que cuando adviertan el incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor, luego de haber sido válidamente notificado con el contenido de las mismas, pongan en conocimiento del Fiscal Penal de Turno y del Juzgado de Familia competente, sin perjuicio de disponer su detención inmediata por tratarse de un caso de flagrancia delictiva del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, según lo previsto en el artículo 39° de la norma invocada, minimizando de este modo el riesgo de que pueda reiterar los actos de agresión en agravio de la víctima.

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    Consideramos que un aspecto crítico en donde debe trabajarse de forma inmediata para fortalecer la protección que debe brindarse a las mujeres violentadas se centra en georreferenciar y registrar la dirección de su domicilio una vez dictadas las medidas de protección, labor que consiste en el mapeo de ubicación de las zonas donde se reporten actos de violencia con mayor y menor incidencia, considerando los lugares de riesgo grave, riesgo moderado y riesgo leve, focalizando con color rojo los puntos donde se cometió violencia física, con amarillo donde hubo violencia física y psicológica y con verde donde solamente se presentó violencia psicológica, permitiendo de este modo que se pueda efectuar un  monitoreo domiciliario periódicamente, principalmente donde exista un nivel de riesgo severo.

     Finalmente se recomendó a los efectivos policiales que lleven un registro físico o legajo sobre las medidas de protección dictadas, el mapeo de los domicilios, el control de las visitas domiciliarias efectuadas a las víctimas, las comunicaciones telefónicas permanentes de indagación sobre algún riesgo que puedan presentar, debiendo documentarse dicha labor policial por escrito, dejándose constancia de las ocurrencias presentadas durante la labor policial.

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