La corrupción en el contexto de la emergencia sanitaria | COLUMNISTA

A PROPÓSITO DEL INFORME DE LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPUCIÓN DE FUNCIONARIOS

La crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país resultó ser un escenario atractivo para la corrupción, de quienes aprovechando la urgencia y necesidad que se tuvo por adquirir bienes y servicios para hacer frente a la pandemia y evitar la propagación masiva del COVID 19, administraron irresponsable e ilícitamente los caudales públicos del Estado, recurriendo a contrataciones directas que se enfocaron básicamente en conseguir proveedores no calificados sin reparar en la calidad de los productos adquiridos, que en algunos casos terminaron en poder de quienes no lo necesitaban o simplemente no sirvió de mucho para frenar la ola de contagios, al no contar con las especificaciones técnicas requeridas para tal efecto.

Con mucha indignación nos enteramos que los servidores públicos, que percibían un sueldo durante la emergencia, habrían sido beneficiados con los víveres y canastas básicas adquiridas por los municipios para favorecer a los más vulnerables y necesitados, sin embargo, fueron a parar a poder de malos funcionarios. A ello se suman las irregularidades en la compra bienes de protección personal como son las cascarillas NK95, adquiridas por las Gerencias Regionales de Salud, que no reunían los estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud, según arrojó el resultado de las pericias forenses que se practicaron, además, no tenían un adecuado ajuste facial y su constitución (polipropileno) era inadecuado para su uso por parte del personal de salud, quienes resultaron expuestos de este modo al riesgo latente de contagio.

Peor aún resultan ser las compras sobrevaloradas realizadas durante el estado de emergencia, direccionándose la adquisición de productos de bioseguridad (mascarillas, guantes, alcohol en gel, jabón líquido, lejía), cuyos precios se elevaron sospechosamente, presumiéndose de este modo la concertación ilícita de los contratantes con proveedores y empresas vinculadas a su entorno más cercano, conforme se viene investigando en las altas esferas de la Policía Nacional, en donde se habría asignado millonarias contrataciones directas, sin efectuar un sondeo previo del mercado para evaluar propuestas que determinen cual es el mejor precio y producto, y por el contrario, se escogió a personas allegadas a los contratantes, envueltos actualmente en denuncias por favorecer a “clanes familiares” en perjuicio del estado.

El informe “Corrupción en la Emergencia Sanitaria COVID 19”, elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha determinado que la corrupción debilitó la lucha contra la pandemia, de modo que mientras los peruanos se esforzaban por cumplir las restricciones, los actos de corrupción no se frenaron ni un instante, dificultando de este modo la eficacia en la lucha contra dicha enfermedad. Según el citado informe, entre el 6 de marzo y el 4 de junio del presente año, se tienen 724 denuncias de corrupción a nivel nacional, los departamentos más afectadas son Ancash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.

Los casos se relacionan con la compra de implementos de seguridad, medicinas, reparto de canastas y donaciones de instituciones privadas y públicas. Casi la mitad de las denuncias se refieren al delito de peculado (que comete el funcionario que se apropia de los recursos que administra) colusión (que es el acuerdo entre el funcionario y proveedor para sobrevalorar los precios), negociación incompatible (cuando el funcionario asume los intereses del proveedor) y cohecho (asociado al soborno y la coima), en tanto, las instituciones del Estado más perjudicadas resultaron ser las municipalidades, regiones y ministerios como los Salud y del Interior.

A parte de la alta incidencia de denuncias por malos manejos de recursos del estado, estos hechos desnudan una vez más la debilidad institucional, caracterizada por la ausencia de mecanismos para prevenir y detectar anticipadamente los actos de corrupción de funcionarios y servidores públicos proclives a delinquir en perjuicio del estado y de la sociedad en su conjunto, ante la desidia e indiferencia de quienes deberían supervisar el correcto manejo de los recursos públicos y denunciar las irregularidades detectadas. Control que debe empezar por considerar a la meritocracia como punto de partida para elegir a un funcionario, mediante un concurso selectivo, siempre que reúna las capacidades personales y el perfil profesional que se requiere para desempeñar cargos claves en la administración pública, indagándose sobre sus antecedentes penales o judiciales que pueda presentar en ese momento.

Al respecto, recientemente se publicó la Ley N° 31043 –Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y 39-B a la Constitución Política del Estado, que impide postular a cargo de elección popular o ejercer la función pública, a quienes hayan sido sentenciados a una condena emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de un delito doloso. De este modo, se trata de evitar que la corrupción se siga extendiendo en nuestro país, procurando la elección o designación de personas probas e intachables que nos representen eficientemente y administren en forma responsable el patrimonio del estado.

Somos conscientes que el Estado se encuentra debilitado por la corrupción, hecho que da lugar a que se desatiendan servicios esenciales como la salud y educación, debido al grave perjuicio que genera el manejo desleal del dinero destinado a la construcción de centros de salud, colegios, etc pero que sin embargo, termina en poder de quien omitió los deberes de cautelar los intereses patrimoniales de la administración pública, quebrantando de este modo los deberes funcionales de lealtad y probidad a la que están obligados los funcionarios y servidores públicos (Salinas Siccha, Ramiro: Delito de Peculado”), o de terceros con quienes se acuerda defraudar al Estado mediante actos colusorios en cualquier etapa de las adquisiciones o contrataciones públicas de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo de la administración Pública, que comprende desde la generación de la necesidad, el requerimiento, la presentación de la propuesta, la evaluación, la adjudicación, la firma del contrato, la ejecución y la liquidación. Etapas en donde deben observarse principios básicos que se encuentran previstos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225, dentro de los cuales pueden citarse los siguientes: a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Finalmente proponemos la implementación de políticas educativas que se orienten a la inclusión de cursos de ética profesional en todos los nieles educativos, enfocados en rechazar y combatir la corrupción, formando futuras generaciones de ciudadanos honestos y probos, respetuosos de la ley y el patrimonio ajeno, guiados en la práctica de valores, que deben cultivarse desde el núcleo familiar, de lo contrario, seguiremos siendo considerados dentro de la lista de los 50 países más corruptos del mundo, conforme el Ranking Global de Competitividad 2019, elaborado por el World Economic Forum (WEF).



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.