La anomalia psiquica o enfermedad mental como factor de iniputabilidad y eximente de responsabilidad penal

Diariamente nos enteramos de noticias sobre la comisión de delitos sumamente graves que nos afectan como sociedad generando una percepción de inseguridad y preocupación por el accionar delictivo que se ha vuelto una constante en personas que de la noche a la mañana se ven involucrados en diversos ilícitos penales, no obstante ello, muchas veces se ignora si el responsable adolecía de alguna enfermedad mental que le haya impedido comprender la ilicitud de su conducta.

Frente a un hecho típico y antijurídico que lesiones o ponga en peligro un bien jurídico tutelado por la ley (principio de lesividad, Artículo IV del Título Preliminar del Código Penal), se puede imponer una pena (privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de derechos o multa) o medida de seguridad (internación y tratamiento ambulatorio), siendo que la primera tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, en cambio la segunda, persigue fines de curación, tutela y rehabilitación (Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal). Para ello, deberá indagarse cuales fueron los móviles o motivos previos que rodearon el evento delictivo, que es lo que determinó al sujeto a asumir una conducta al margen de la ley, determinando si sabía realmente lo que hacía, si tuvo la capacidad de comprender la magnitud de los hechos y la posibilidad de actuar de otra manera.

Teniendo en cuenta que el Derecho Penal gira en torno al ser humano y la humanización de la sanción, nos preguntamos cuales son los criterios que deben tomarse en cuenta para imponer a un individuo una pena o medida de seguridad por un mismo hecho o por situaciones similares sin vulnerar el principio de igualdad que debe mantenerse inalterable. En ese sentido, una conducta será considerada como delito si se trata de un hecho típico, antijurídico y culpable, superando de este modo toda forma de responsabilidad objetiva (principio de responsabilidad penal, prevista en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal) y causalidad como sustento de la imputación, dado que debe acreditarse además, si resulta ser responsable y culpable en base a un juicio de reproche e imputación a título de dolo o culpa (Artículo 12° del Código Penal).
La culpabilidad constituye entonces, el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma (Bacigalupo, E: “Principios de Derecho Penal”, p. 298).

La imputabilidad, responde a las condiciones mínimas que debe revelar un individuo para responder penalmente por la comisión de un hecho antijurídico. Se trata de un reproche que recae sobre el autor por haber realizado una conducta que sobrepasa el riesgo permitido y que no se encuentra justificado penalmente. Se trata de un juicio de imputación individual respecto a la atribución de un injusto penal (Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl: “Curso Elemental de Derecho Penal –Parte General” p. 413).

Por el contrario, una persona será considerada inimputable si se llega a acreditar que al momento de ejecutar la conducta típica no tenía la capacidad de comprender su ilicitud, por padecer de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión (artículo 20° numeral 1 del Código Penal).
La anomalía psíquica debe ser de tal índole y grado que impida la comprensión normal del carácter delictivo del hecho, es decir, la incapacidad del autor para comprender la anormalidad del acto u orientar las acciones. Interesa entonces que sus efectos hayan alcanzado tal intensidad, que haya perturbado u afectado de manera significativa la funcionalidad cerebral del sujeto, con capacidad de disminuir las facultades cognoscitivas del individuo.

En el ámbito de las enfermedades que afectan la psiquis, se comprende la esquizofrenia, la oligofrenia, la paranoia, la psicosis maniacodepresiva, la epilepsia, así como otras que afectan gravemente el estado normal de la mente humana (Garrido Montt. M “Derecho Penal, T. II, p.283). También deben mencionarse la neurosis, el retraso mental, etc.

Las “psicosis” constituyen una categoría amplia, que comprende todas las enfermedades mentales que interesan al Derecho, que son perturbaciones anímicas causadas por procesos patológicos somáticos, cuyas desviaciones funcionales anatómicas residen en el cerebro, anomalía de tal intensidad que está en la capacidad de disminuir considerablemente las facultades cognositivas del individuo, cuando no está en capacidad de valorar los vínculos con el mundo exterior y no puede dominar sus impulsos, controlarlos o frenarlos (Peña Cabrera, Raúl: “Los Personajes Delincuentes en la Obra de Dostoievski”).

No debemos confundir al “psicótico” con el “psicópata”. Las personalidades psicopáticas que manifiestan ciertos individuos, en razón a la frialdad en la cual cometen los más execrables delitos, son personas de por si normales que llevan una vida familiar y social aparentemente normal, pero que esconden una personalidad provista orientada a provocar sufrimiento a los demás, alcanzando equilibrio emocional cuando actúan con perversidad, perpetrando crímenes horrendos y si bien adolecen de patologías, que sin ser propiamente enfermedades mentales, determinan la perpetración de este tipo de delitos, de modo alguno los convierte en inimputables, de allí a que tales personalidades no revelan propiamente una enfermedad mental sino rasgos caracterológicos que inciden en la proclividad delictiva.

Respecto a los trastornos mentales transitorios, son estados psíquicos que dan lugar a la anulación el juicio de reproche personal durante intervalos de tiempo, donde el sujeto se ve privado de sus facultades. El sujeto se ve afectado fugazmente en su esfera psíquica, a partir de los efectos que provocan los fenómenos que comprendidos dentro de la categoría del “psiquismo” (depresión reactiva, racción explosiva y en corto circuito, la reacción histérica y, en general, las llamadas reacciones exógenas de Bohoeff) siempre que manifieste una intensidad suficiente para poder perturbar la psiquis de un individuo. Dichos intervalos de trastorno mental pueden provenir también de factores externos derivados del consumo de ciertas sustancias, fármacos y drogas (Vgr. alcohol).

A pesar de ello, como toda alteración en la esfera mental del individuo, deben poseer una suficiente entidad para provocar la anulación de la imputabilidad, pues si tales anomalías no revelan una magnitud suficiente, solo podrán actuar como una atenuante de pena, ante una culpabilidad disminuída.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que el juicio de inimputabilidad no descansa en un aspecto meramente biológico (presencia de una enfermedad mental que afecta gravemente su concepto de la realidad), sino que requiere determinar si, en el preciso momento en que se delinquió, el imputado no estaba en condiciones de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión -interesa determinar el efecto que produce la anormalidad mental sobre el sujeto-; además, a los efectos del juicio de peligrosidad (artículo 72, numeral 2 del Código Penal), por ello, es menester un pronunciamiento psiquiátrico específico para determinar si corresponde o no una internación u otra medida de seguridad alternativa.

Que, siendo así, es inevitable la realización de una pericia psiquiátrica, a cargo de peritos especializados de Medicina Legal, no siendo posible su prescindencia (R.N 1210-2017, Lima Norte – Corte Suprema de Justicia). De este modo se evitará que por ejemplo, quien sufre de una personalidad psicopática pretenda escudarse en una presunta enfermedad mental, a fin de sustraerse de la pena ante un delito grave, ello, en atención a que las enfermedades mentales presentan grados diversos y para que eximan de responsabilidad se requiere de la existencia de una base patológica y la afectación de la capacidad volitiva, supuestos en los cuales, deberá dictarse una medida de seguridad en atención a su personalidad, a partir de la cual, pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos (artículo 72°, inciso 2, del Código Penal), y al grado de peligrosidad ante la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no fuese tratado (principio de proporcionalidad previsto en el artículo 73° del Código Penal), correspondiendo ordenarse su internamiento en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado, con fines terapéuticos o de custodia (artículo 74° del Código Penal), cuya duración no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicase por el delito cometido (artículo 75° del Código Penal).



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.