Informe: Cutervo y su hospital a la medida de la corrupción | DOCUMENTOS

El saldo de obra del Hospital Santa María de Cutervo y la supervisión se hicieron mediante adjudicación directa, o lo que es lo mismo, a dedo. Esto está permitido por las normas de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la norma señala que se debe hacer aplicando criterios de discrecionalidad, lo que significa, por ejemplo, que tienen que verificar los antecedentes de las personas a quienes van a “invitar” sin licitación.

Es obvio que, si vas a ejecutar un contrato con el Estado, donde se involucra un monto de más de 110 millones de soles, que repercutirá en beneficio de un aproximado de 140 mil personas, el análisis de los detalles debe ser riguroso, y nada se te puede escapar fácilmente. 

Pero basándonos en la documentación que obra en Otra Prensa, podemos evidenciar que en los antecedentes de los consorcios de Elaboración de Expediente y Supervisión, no se aplicaron los criterios de discrecionalidad, o no habrían querido aplicar.

Por ejemplo, mediante Resolución Nº 2991-2019-TCE-S2, de fecha 8 de noviembre de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve Sancionar a Carlos Manuel Garrido López, identificado con RUC Nº 10002397248, por un periodo de 6 (seis) meses de Inhabilitación Temporal, en su derecho de Participar en Procesos de Selección y Contratar con El Estado.

Carlos Manuel Garrido López, es integrante del consorcio “Buenaventura” que está a cargo de la supervisión del expediente de saldo de obra del Hospital Santa María, a quienes se les acusa de haber supuestamente violado la cláusula anticorrupción; debido que sería este consorcio quien pretendió sobornar a un funcionario de la Gerencia Sub Regional de Cutervo, para que guarde silencio y permita que la empresa, de manera “fantasma”, figure en la dirección de la casa del trabajador.

Este proceso sancionador, que era de total conocimiento del consorciante, no fue advertido a la Gerencia Sub Regional de Cutervo, o ante tantas irregularidades que hemos evidenciado, pareciera que habría existido contubernio para que nadie se entere de la sanción que tenía uno de los empresarios, y así poder firmar el contrato que asciende a 300 mil soles.

Si bien es cierto, que a un mes de haber firmado contrato con la Gerencia Sub Regional el empresario es suspendido, lo claro es que Carlos Manuel Garrido López y los demás integrantes del consorcio sabían que estaba llevando un proceso. En todo caso la responsable de llevar a cabo la adjudicación, al parecer, no revisó los antecedentes. Esto, sumado a todas las irregularidades, pareciera que habría sido de acuerdo muto.

“En este tipo de procesos el adjudicador debió enviar un correo electrónico al OSCE y al Propio Tribunal para que estos indiquen si alguno de los consorciados tenía algún impedimento, pero al no hacerlo, la presunción de una falta grave y hasta un acto delictivo, es válida”, explica un analista en contrataciones con el Estado.

Control previo a la medida

Nuestro equipo de investigación tuvo acceso al testimonio de un trabajador de planta de la Gerencia Sub Regional, quien detalló como habrían logrado pasar los filtros de control previo.

“Había una contadora pública, que cumplía funciones como responsable de Control Previo acá en la sub región. Ella tomó conocimiento sobre este caso. Sabemos que ella ha habría advertido esta irregularidad a la administradora Romina Romero Torres y al propio gerente sub regional, pero no habría recibido respuesta; por contrario, a la chica la habrían obligado a renunciar y en su lugar colocaron a un abogado, al que, si le habría resultado fácil omitir esa importante observación”, relata nuestra fuente.

Estos indicios indican que, en el área de Control Previo, la persona encargada, presuntamente no “observaba nada”, y así cada mes habrían pasado los avances del estudio y los informes de supervisión, sin advertir que uno de los consultores estaba inhabilitado para contratar con el Estado, logrando de esta manera, cobrar el dinero sin contratiempos y sin rescindirle el contrato a los infractores.

Con este control previo, podríamos señalar que si los consorciantes fueran personas fallecidas, igual habrían podido ganar la licitación ante la presunta falta de cruce de información.

El pago que se les ha hecho a la empresa que viene elaborando los estudios y a la supervisora, extrañamente se ha realizado en el mes de diciembre, mes en que los ronderos de Chipulúc de Cutervo, advirtieron al gerente sub regional, Luis Pinedo, que existían cosas y manipulaciones extrañas con estas empresas, y no se hizo nada para corregir, como lo hemos demostrado.

Asimismo, en documentos emitidos por las Rondas Campesinas, ya habían solicitado al gerente sub regional de Cutervo el informe 218-2019.GR.CAJ.CSRC/OCI, en el cual el auditor solicitó la certificación del domicilio del consorcio “Buenaventura”. Ya se sospechaba que algo andaba mal y aún así el gerente no hizo nada al respecto.

Además, según los documentos que ponemos a disposición de nuestros lectores, el gobernador regional Mesías Guevara, habría tenido conocimiento de estas irregularidades, y al no realizar ninguna acción fiscalizadora, se presume que también se hizo de la “vista gorda”.

Ampliaremos esta información…




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