Memorandos, informes y un rechazo fulminante revelan el conflicto interno que expulsó a Integridad de la Sede Central.
Todo comenzó el 6 de noviembre de 2025, cuando el gerente general encargado, Eco. Luis Alberto Vallejos Portal, firmó el Memorando N.º D2040-2025-GR.CAJ/GGR. En ese documento se comunicaba, casi sin transición, que “el personal que viene laborando en la UFII deberá trasladarse al nuevo local (Jr. Tayabamba – Archivo Central)”. La frase parecía una instrucción común dentro de la administración pública, pero pronto se convertiría en el eje de una controversia mayor.
La orden no apareció de la nada, Vallejos justificó la decisión afirmando que había recibido una cadena de documentos que, supuestamente, daban soporte a la reubicación. Mencionó, por ejemplo, el Informe N.º D5-2025-GR.CAJ/GGR/UFII, elaborado por el propio Coordinador de Integridad semanas antes. Ese informe había sido redactado con un propósito totalmente distinto, alertar sobre la necesidad de un espacio adecuado para la unidad, pero en la lectura de la Gerencia terminó siendo tratado como un aval para sacarlos de la sede.
A esa interpretación se sumó el Acta de Sesión Ordinaria de Junta de Gerentes N.º 08-2025-GR.CAJ, donde se dejó constancia de que los gerentes habían acordado que la Dirección Regional de Administración debía “acondicionar un ambiente para la UFII en el Archivo Central”. Y la cadena se completó con el Oficio N.º D1724-2025-GR.CAJ-DRA/DA, que aseguraba que dicho ambiente ya había sido habilitado “conforme a las disposiciones de seguridad y salubridad”.
En papel, aquellos documentos parecían justificar la mudanza. En la práctica, abrirían la puerta a un conflicto que ya nadie puede ocultar.
EL INFORME QUE DESNUDÓ LA REALIDAD DEL JR. TAYABAMBA
Cinco días después, el 11 de noviembre, la historia dio un giro abrupto cuando el Coordinador de Integridad envió el Informe N.º D15-2025-GR.CAJ/GGR/UFII. Ese documento, elaborado tras una visita técnica al local asignado, no describía precisamente un ambiente “acondicionado”, como decía Abastecimiento. Por el contrario, revelaba un conjunto de condiciones que no solo hacían inviable el traslado, sino que podían comprometer la salud del personal y la confidencialidad de los procesos anticorrupción.
El informe relataba en términos claros la presencia de humedad, saturación de espacio por la cantidad de acervo documentario, no hay agua potable tanto para consumo humano como para servicios higiénicos (ya que estos se recogen en depósitos), olores procedentes de desagües y comercios colindantes, filtraciones en paredes, un tránsito constante de personas ajenas a la entidad y un ambiente que reducía el espacio funcional de Integridad de 48 metros cuadrados a apenas 30. Además, advertía que el nuevo local se encuentra rodeado de comercio ambulatorio, ruidos, restos orgánicos y un entorno que no garantiza ninguna condición mínima de reserva, un requisito indispensable para cualquier canal anticorrupción.
A partir de ese hallazgo, y al no evidenciarse los informes técnicos, legales correspondientes, el coordinador presentó un recurso de reconsideración contra los memorandos del 6 y 13 de noviembre, argumentando que el traslado afectaba condiciones laborales, la función preventiva de la unidad y las obligaciones establecidas por el DS 148-2024-PCM, que gobierna el Modelo de Integridad Pública. También propuso una alternativa con un reducido costo, la de recortar la mesa del quinto piso para ampliar el ambiente donde ya se encontraban, una solución sencilla que la gerencia desestimó sin explicación.
LA RESPUESTA DE LA GERENTA
Lejos de abrir un espacio de análisis, la gerencia reaccionó con dureza. El 13 de noviembre, la Dra. Rocío Portal Vásquez firmó el Memorando N.º D2079-2025-GR.CAJ/GGR, donde rechazó de plano el informe técnico elaborado por la unidad especializada. En el documento, Portal calificó las observaciones como “meras conjeturas”, restó validez a los riesgos descritos y afirmó que el traslado era un simple acto de administración interna, por lo que no era sujeto de recurso. Con esa frase convertía el fondo del reclamo en un asunto cerrado.
Además, la gerenta señaló que la UFII no tenía 48 metros cuadrados como espacio institucional, sino aproximadamente seis, y que la reducción alegada era inexistente porque “el resto del ambiente pertenece a la sala de reuniones de Gerencia General”. En otras palabras, interpretó que la unidad usaba un espacio que no le correspondía; deslegitimando así que la Unidad Funcional de Integridad fue conformada como NO ORGÁNICA dependiente de la GGR.
Ese enfoque burocrático contrastaba con las fotografías, descripciones y evidencias recogidas por el equipo técnico de Integridad. Pero para la gerenta, la discusión no debía continuar. Y el 17 de noviembre, mediante el Memorando N.º D2098-2025-GR.CAJ/GGR, declaró “IMPROCEDENTE” el recurso de reconsideración, ordenando que el traslado se ejecute sin más demora.
El proceso se cerraba así, sin evaluación de riesgos, sin intervención de salud ocupacional, sin informes de Defensa Civil y, sobre todo, sin escuchar a la unidad encargada de velar por la integridad pública del Gobierno Regional.
LA VOZ QUE SE NIEGA A CALLAR
Un servidor que pidió mantener su identidad en reserva, por temor a represalias internas, resume la situación con una claridad a la que no puede aspirar ningún memorando.
“La gerente está desalojando a la Unidad de Integridad y llevándolos al Archivo Central, que está en medio del mercado. Ese lugar es para acervo documentario, no para oficinas. Es como si la sala de operaciones del hospital la convirtieran en oficina administrativa.”
Para dicho servidor, la ubicación no es una casualidad, sino una decisión que afecta directamente la función del área.
“Integridad debe estar donde opera la Gerencia General y cerca de las unidades orgánicas principales. Es una unidad preventiva. ¿Cómo van a coordinar si los mandan lejos, a un ambiente rodeado de ambulantes, ruidos y desagües?”
El servidor también cuestiona el uso del presupuesto.
“Había una solución con un aparente reducido costo, allí mismo en la sede, se puede recortar la mesa del quinto piso y ampliar el espacio; espacio que ya venía siendo utilizado por personal de dicha unidad. Pero no, la gerente decidió gastar dinero para acondicionar otro ambiente. ¿Será que está consciente del gasto? ¿O estamos frente a una posible malversación?”
Y finalmente, deja entrever un trasfondo político-administrativo que circula entre pasillos.
“No quiere trabajar con Integridad. Y como Integridad está al costado de OXI, donde hoy se mueve la ejecución presupuestal, quizá prefirió alejar a quienes podrían observar cosas que no deberían salir a la luz.”
¿UN POSIBLE ABUSO DE AUTORIDAD? ¿UNA AFECTACIÓN AL MODELO DE INTEGRIDAD?
La secuencia documental permite identificar elementos preocupantes:
El traslado se sustentó en un informe de la propia UFII (el D5), pero ese documento en realidad solicitaba mejores condiciones, no un cambio de local. La gerencia lo usó como si fuera una autorización.
El acta de Junta de Gerentes dispuso que se acondicionara un ambiente, pero nunca se evaluó la idoneidad real del espacio ni se contrastaron las advertencias técnicas con una inspección independiente.
El Informe D15 expuso riesgos reales para la salud, la confidencialidad y la función institucional, pero fue desestimado sin análisis.
Los memorandos que negaron las reconsideraciones se limitaron a sostener que se trataba de actos internos no sujetos a recurso, lo que dejó a la unidad sin vías formales de defensa.
Todo lo anterior podría configurar, según especialistas en gestión pública consultados para este reportaje, una eventual afectación al Modelo de Integridad Pública, una posible vulneración del deber de aseguramiento de condiciones mínimas funcionales, una posible afectación a la salud de los servidores, e incluso un eventual abuso de autoridad, aunque su calificación final corresponde a órganos externos como la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, la Contraloría o la Comisión Regional Anticorrupción.
LAS PREGUNTAS QUE NADIE RESPONDE
Hoy en el Gobierno Regional de Cajamarca circulan preguntas que ninguna oficina ha respondido:
¿Emitirá opinión Defensa Civil sobre las condiciones del local?
¿Sunafil verificará el riesgo para la salud ocupacional?
¿El Consejo Regional asumirá su rol fiscalizador?
¿La Secretaría de Integridad Pública fue consultada e informada?
¿La Comisión Regional Anticorrupción actuará ante un posible debilitamiento institucional de la integridad?
¿Por qué la gerencia insiste en un traslado que ni su propia unidad especializada considera viable?
¿Hubo un informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Regional?, ¿Cómo actuarán?
Pero quizás la pregunta que más resuena dentro del personal es la que formula el servidor: “Si todo estaba planificado, ¿por qué desalojar a su propia gente de Integridad?”
El expediente, sin embargo, aún está abierto. Y lo que se juega no es solo la ubicación de una oficina, sino la credibilidad del sistema de integridad pública dentro del Gobierno Regional.
Lea aquí los documentos que respaldan la investigación.
