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OPINIÓN

El síndrome Forsyth en Cajamarca

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Los últimos días nuestra incontrastable ciudad de Cajamarca ha centrado el debate incesante y hasta necesario en la adecuación de empezar el camino a un reordenamiento en las calles y avenidas – si de comercio ambulatorio hablamos – que tanto es necesario.

El tema ha comenzado por la resistencia de algunos comerciantes de la denominada “Parada Santa Rosa” a no querer aceptar la remoción y reubicación por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca – MPC, esto va desde la falta de un ambiente que cuente con las características de un mercado con la infraestructura adecuada hasta la distante que se encuentra la Plaza Pecuaria de Iscoconga.

Es que, si empezamos a tener un precursor del control ambulatorio y la tan gritada frase “Recuperar los espacios públicos, parques y veredas de nuestra ciudad” encontramos a George Forsyth, el actual alcalde del Distrito de La Victoria – Lima, quien a inicios de año empezó a reprimir y prohibir el comercio ambulatorio en el emporio comercial de Gamarra, que para los que logramos conocerlo de cerca o visitarlo, sabíamos que abarrotaba las veredas y pistas de estas calles con millares de productos para la vestimenta de dama o caballero de todas las edades, esto para muchos generaba tanto trabajo como informalidad en un mismo espacio; lógicamente esto también generaba un caos al transeúnte común al igual que una constante delincuencia en sus alrededores.

Se ejecutó la ordenanza municipal y el reordenamiento, retiro y reubicación de todos los ambulantes dentro del gran coloso comercial textil del país y todos los medios de comunicación ensalzaron al burgomaestre Victorino, lo que nunca se dijo fue que la solución trajo consigo solamente una marea de show mediático a favor del ex arquero de Alianza Lima y no se contrasto lo que se ha llegado hoy en estos días, cientos de personas sin una fuente de trabajo y con ello a fronteras de las 30 manzanas donde está prohibida esta actividad ambulatoria abarrotada de vendedores, como si ahora la responsabilidad ya no dependiera de Forsyth, sino de su colega del distrito fronterizo.

Como vemos, nuevamente se actuó al caballazo y la planificación solo acrecentó la duda si el ordenamiento va de la mano con un previo plan de infraestructura para el pequeño comerciante que ha normalizado la informalidad como la única forma de generar un ingreso.

Recordar que la parada Santa Rosa ha sido en estas décadas uno de los principales abastecedores de artículos de primera mano para las amas de casa, siendo un lugar prioritario a la hora de hacer el “mercadito semanal”, ya que, en este a diferencia de los demás mercados, se podía regatear con el vendedor y productor al mismo tiempo generando un mínimo, pero necesario ahorro para la o el comprador. Por otro lado, no se encuentra dentro de los planes de las amas de casa cajamarquinas tomar un micro, combi o en el mejor de los casos una mototaxi para ir hacer el mercado a un lugar tan distante de la cercanía que le quedaba esta parada.

El síndrome Forsyth no solo a mal envalentonado a cualquier alcalde de todo el Perú para empezar una lucha contra la informalidad, sino que ha iniciado un en algunos casos solo el circulo vicioso de no darle solución a los problemas de infraestructura que carece los mercados centrales de nuestra ciudad, enviar a los ambulantes a la plaza pecuaria de Iscoconga solo demuestra una política clasista y racista hacia los pequeños comerciantes provenientes de las zonas rurales de nuestra provincia.

Porque la informalidad no se combate botándolos, ellos son producto de un modelo económico primario exportador que no puede brindar trabajo al pueblo y por eso recurren al autoempleo. Es cierto que hay personas que, si pueden costear una tienda o un puesto en un mercado, pero recordemos que el 70% de las MYPES cierran en menos de un año, y estos trabajadores y comerciantes retornan a la informalidad.

En este caso solo queda una salida política de la actual gestión edil, con un manejo centrado en agilizar la implementación de una real adecuación de los comerciantes, ya que, si de salubridad hablamos, llevarlos a Iscoconga a colocar nuevamente sus productos en el suelo, es retornar a los mismos problemas que quisimos solucionar.

Es por ello que se debe solucionar en el menor plazo posible el mercado zonal sur y la remodelación de los mercados de Cajamarca con puestos que ayuden a los comerciantes ambulatorios a generar el ingreso para su familias, ingreso que es por el que han llegado a las manos de la informalidad y el desorden, debemos aclarar que nadie está en contra del ordenamiento de la ciudad, pero sí de la desmesurada y precoz forma de solucionar los conflictos, solo para aplicar el show mediático a partir de síndromes que no han solucionado nada y seguimos creyendo que el peor enemigo de un peruano es otro peruano.

Ya en Cajamarca ha existido un referente y ha sido el mercado San Martin que nace de igual manera de un conglomerado de comerciantes ambulantes al costado del canal donde ha sido construido, demostrando que lo mejor que puede hacer el actual alcalde de Cajamarca es abastecer a esta ciudad del cumbe con infraestructura moderna.

Algunos critican el actuar del acalde, indicando que él nunca sudó una sola gota de sudor por ganar un sol. Otros apoyan el desalojo y reacomodo de los ambulantes de la Parada, porque consideran que la situación ya había llegado a su límite. Es porque ello que abrimos el debate con una simple pregunta ¿habrá una solución que beneficie a todos?…

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OPINIÓN

Otra vez los Fujimori | Columnista

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El más poderoso elemento desestabilizador de la incipiente y precaria democracia peruana, en lo que va del siglo XXI, se llama familia Fujimori y los intereses que representan.

Lo que pudo ser un ejemplo de gobierno y participación política democrática, Alberto Fujimori (1990-2000) tenía todos los elementos a su favor para consagrarse, terminó pervertida en una dictadura. Un cinco de abril de 1992, con Vladimiro Montesinos aun en las sombras, pero con control pleno de las Fuerzas Armadas y Policiales, para someter a la población, sacó los tanques y las bayonetas a las calles y, al no ser identificado como de izquierda, fue aplaudido por el mundo. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en nombre de su mesiánica revolución, asechaban y mataban diariamente a peruanos y peruanas.

Luego obtuvo, gracias a la prensa que para entonces ya compró y la tibieza de la comunidad internacional, una mayoría en el llamado Congreso Constituyente y Democrático (CCD); con el que dio una Constitución (1993) a la medida de sus benefactores y planes de perpetuidad en el poder. Meses después ya tenía el control de todo el aparato estatal, incluido el Legislativo. No pudo someter a la Defensoría del Pueblo, gracias al liderazgo del Defensor Jorge Santistevan.

Fueron diez años de depredación de las riquezas del Perú. Se esfumaron miles de millones de dólares que generó la privatización de todas las empresas públicas. No había quien controle las decisiones y acciones del gobierno. El Congreso declinó de su función fiscalizadora, sólo se limitó a obedecer órdenes dictadas por Vladimiro Montesinos desde el Cuartel General del Ejercito.

Cuando el latrocinio adquirió niveles incontrolables, cuyas pruebas eran grabadas en videos por el asesor presidencial, obtener un triunfo sin democracia en la elección controlada del 2000 y ser descubierto en uno de esos videos comprando congresistas para seguir controlando el Congreso, Fujimori huyó un 19 de noviembre del 2000 a Japón -su país de origen- desde donde renunció vía fax. Luego regresó a Chile, fue extraditado al Perú el 2007 y juzgado, entre otros varios delitos, por violaciones de los derechos humanos recibiendo una pena de veinticinco años de prisión.

Sus herederos políticos, su hija Keiko e hijo Kenji, han seguido sus pasos; aunque con escaso éxito. Keiko ha sido derrotada en las tres últimas elecciones presidenciales y sólo ha llegado a ser congresista, en la elección posterior al escape de su padre; no obstante, desde entonces sigue dirigiendo el obstruccionismo parlamentario -a cada gobernante que la derrotó- en nombre de la oposición democrática y libertades políticas. Así se entiende que, en los últimos años, el Perú haya cambiado varias veces de presidente. Otros de sus aportes han sido la polarización del país, usando el cuco del inexistente terrorismo, y el control de ámbitos institucionales clave del sistema de justicia; a nivel del Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el órgano que controla la designación y ratificación de jueces y fiscales en todo el país. Kenji no ha superado la balla de ser únicamente parlamentario.

La decisión política -no jurídica- del Tribunal Constitucional (TC), de hace unos días, que favorece de forma pírrica a Alberto Fujimori, es parte de ese control existente. El periodo de designación de sus “juristas” Blume, Ferrero y Sardón está vencido y los mantienen en función, gracias a su mayoría congresal que se niega a elegir a sus reemplazantes, por la instrumentalización a la que han sometido al TC.

Tanto Keiko como Kenji tienen procesos judiciales con próximas sentencias. La tres veces candidata presidencial, podría recibir hasta 30 años de prisión por lavado de activos y dirigir una organización criminal para esos fines.

Entonces, para los que tenemos compromiso con la agenda de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el mundo, hablar de los Fujimori en el Perú, es sinónimo de obstruccionismo, autoritarismo, abuso del poder, corrupción, impunidad, chantaje, control institucional, compra de medios de comunicación, secuestro, discriminación, esterilizaciones forzadas, latrocinio, persecución y asesinatos.

Aprendamos a vivir recordando, si queremos morir en libertad.

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JOHNY DÍAZ SOSA

La protección de niñas(os) y adolescentes como una medida preventiva de infracción de la ley penal

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Hace poco participamos de una conferencia virtual en donde abordamos un tema muy sensible referido a la problemática sobre el trabajo infantil en la Provincia de Cañete y sus implicancias legales, evento académico durante el cual, hemos compartido parte de nuestra función Fiscal desplegada en lo que va del año durante la ejecución de operativos preventivos realizados en salvaguarda de la vida, integridad física, indemnidad sexual y libertad personal de los niños, niñas y adolescentes que realizan diversos trabajos no permitidos en las calles.

   Durante el citado evento académico se puso énfasis a los peligros a los que se exponen los menores de edad quienes podrían resultar siendo víctimas de una serie de accidentes, abusos sexuales, explotación sexual o laboral, entre otros riesgos, debido a su condición de vulnerabilidad y desprotección en las que crecen, sin dejar de mencionar los altos índices de deserción escolar o las escasas oportunidades de acceso a la educación ante la imposibilidad de poder cumplir con sus tareas escolares dentro de los horarios establecidos.

   No obstante ello, no debe olvidarse que los factores que facilitan y están asociados al trabajo infantil son la pobreza, la falta de oportunidades para la población más necesitada, la desigualdad en cuanto a la oferta educativa, la tolerancia social de autoridades indiferentes y renuentes a cumplir su función tutelar y la disfuncionalidad de los hogares, que resultan ser determinantes para que los niño o adolescentes se vean obligados a salir a las calles a trabajar para generar ingresos económicos a fin de contribuir con las necesidades prioritarias del hogar, labores que muchas veces se realizan en contextos de riesgo y desprotección familiar que podrían conducir a los menores a iniciarse a temprana edad, no solo en actividades laborales de riesgo o no permitidas, sino también en actos infractores a la ley penal dado que en el entorno social en donde se sitúen podrían resultar siendo influenciados o captados por personas que se encuentran al margen de la ley y que tratarán de iniciarlos en el mundo del hampa aprovechando el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran.

     Resulta necesario abordar dicha problemática como una causa generadora de inseguridad ciudadana, de allí la importancia de trabajar desde un enfoque preventivo mediante la identificación temprana de situaciones de riesgo y desprotección familiar y la adopción de medidas protectoras frente a situaciones de riesgo (apoyo familiar, acceso a servicios de educación, apoyo psicológico, prevención de situaciones de violencia, acceso a servicios de formación técnico productivo, inclusión de programas sociales, etc), o la aplicación de medidas de protección provisionales como son el acogimiento familiar y acogimiento residencial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 y su Reglamento regulado mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP.

    El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que la seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 31). Por ello, al momento de implementar políticas que brinden seguridad a la población, no debe abarcarse únicamente a las acciones orientadas a la reducción de los índices de delito y violencia en la sociedad, sino que debe ser el resultado de una política de estrategia integral, que incluya, entre otras medidas, la mejora de la calidad de vida de la población y la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia.

   Los altos índices delictivos tienen sus raíces en los factores criminógenos, los altos niveles de desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad, por ello, es necesario que en la formulación de la política pública de prevención social del delito, se involucren las diferentes entidades del Estado (Gobiernos Locales, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc) y las organizaciones sociales, implementando estrategias que se orienten a frenar la generación de eventos delictivos, tratando de eliminar las causas y factores de riesgo que los ocasionen, poniendo mayor énfasis en la protección de la familia y de los menores de edad dentro del entorno parental, contribuyendo de este modo a la socialización de las normas y su aprendizaje y consecuentemente en las políticas de prevención del delito, debiendo focalizarse para ello a los grupos y personas vulnerables con riesgo delictivo, con quienes se debe trabajar a largo plazo, mediante la ejecución de programas estratégicos que permitan focalizar zonas de alta incidencia delictiva, tratando de rescatar a los adolescentes que se encuentran en riesgo de iniciarse en actos infractores a la ley penal, procurando brindarles orientación legal y psicológica oportuna que les permita encaminarse por el respeto a los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal, labor que también debe hacerse extensiva a sus familiares toda vez que es en el seno familiar en donde se deben aprender valores esenciales de la convivencia humana.

    El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA 2013-2018) aprobado por D.S. N° 014-2013-JUS, señala que la acción de prevención del delito puede ser secundaria o focalizada, la cual está orientada a proteger a aquellos grupos vulnerables o en situación de riesgo social, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. A su vez, el Censo Nacional de la Población Penitenciaria, que se dispuso mediante Resolución Ministerial N° 0070-2016-JUS, del 28 de marzo de 2016, han arrojado resultados que revelan la necesidad de intervenir con las niñas, niños y adolescentes y sus familias, para prevenir situaciones de violencia en la familia o que propicien la comisión de delitos cuando sean adultos.

    El Comité de los Derechos del Niño, ha realizado varias recomendaciones al Estado Peruano, entre ellas, las referidas al entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado, a fin que la legislación nacional esté en consonancia con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, orientadas a apoyar los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes permanezcan bajo el cuidado y protección de su familia y buscar alternativas de solución permanentes en función a su Interés Superior, con procedimientos que ofrezcan un mínimo de garantías procesales a través de la implementación de un marco legal que brinde apoyo a la familia para que se cumpla con el rol protector evitando la vulneración de derechos, eliminando o disminuyendo de este modo los factores de riesgo que los hagan víctimas de violencia o los conviertan en posibles adolescentes en conflicto con la ley penal y más adelante delincuentes en potencia.

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OPINIÓN

¿Estudiar en una universidad asegura el éxito en la vida profesional de un estudiante del Perú neoliberal?

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Constantemente, surge la interrogante de si el Estado peruano debería hacerse cargo totalmente de la educación superior o si es el sector privado quien debería ser responsable de ella pues, al haberse desentendido de la educación superior, el Estado propició que las universidades del Perú neoliberal, de pronto, dejaran de lado la investigación científica y apuesten por un nuevo tipo de formación académica que tenga como objetivo la rápida inserción laboral de los egresados; claro está, porque esta es la necesidad que nos ha generado el neoliberalismo económico.

Bajo la excusa del acceso educativo a toda la población, el boom explosivo de universidades en el país, y nuevas perspectivas sobre ellas, han surgido. Según un estudio sobre la realidad universitaria peruana, “Entre 2005 y 2015, se crearon 58 universidades a nivel nacional, llegando a existir 142 universidades en el 2015. De las 58 universidades nuevas, el 72% correspondía a universidades privadas” (British Council 2016: 25). Por otro lado, se afirma que “es probable que el estudiante universitario haya perdido dicha condición para asumir una identidad funcional para la lógica neoliberal: el rol de cliente” (Seclén 2019).  Según la Ley Universitaria, la investigación científica es un pilar de la calidad educativa, mientras que el modelo adaptado por las universidades de segunda generación no la fomenta ¿Qué es lo que le espera, entonces, no solo a la formación académica y profesional del estudiante peruano, sino también a la educación superior del Perú en relación con la educación brindada en otros países? ¿Es, acaso, beneficiosa esta nueva modalidad educativa que deja de lado el enfoque tradicional? Entonces, a partir de todas estas preguntas, surgen la del tema de este ensayo: ¿Se puede pensar que estudiar en una universidad de segunda generación, realmente, asegura el éxito en la vida profesional de un estudiante del Perú neoliberal?

Algunos sostienen la postura de que las universidades-empresa brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal. Sin embargo, yo sostengo todo lo contrario. Por eso, en este ensayo, comenzaré argumentado que la investigación científica ‒dentro de la vida universitaria de estas instituciones‒ ha sido desplazada y ya no se investiga para resolver problemas sociales que busquen el bien común dentro de la sociedad. Asimismo, la formación que ofrecen las universidades de segunda generación “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral dejando de lado los conocimientos teóricos, muy valiosos, como parte importante de la formación académica. Finalmente, demostraré que tener como docentes a gerentes o ex gerentes de grupos corporativos o dueños de empresas no tiene el beneficio deseado para los estudiantes y la sociedad pues el enfoque orientado hacia el emprendimiento empresarial y el énfasis en lo pragmático ha anulado el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

La investigación científica mejora las condiciones de existencia y, a la vez, sirve para generar nuevo conocimiento. British Council indica que el ranking realizado por World University 2015-2016 muestra que una de las grandes deficiencias de la educación superior peruana es la falta de producción científica. En el estudio mencionado, se consideran dos índices para medir la calidad educativa de las universidades. El primero es la empleabilidad de los egresados universitarios dentro del mercado laboral; y el segundo es el nivel de producción científica de las diversas casas universitarias peruanas. La Ley Universitaria N° 30220, promulgada en el año 2014, apuesta por la mejora continua de la calidad educativa. Por lo tanto, fomenta la investigación científica no solo dentro de la población estudiantil, sino también en el staff de profesores ya que es considerada una tarea obligatoria en la vida universitaria. Perú dejó de emitir bachillerato automático a sus estudiantes y, ahora, es necesario desarrollar y presentar un trabajo de investigación para poder graduarse en el pregrado y, a la vez, permita la mejora de los estándares de calidad educativos de este país.

A partir de la reforma neoliberal dada en el gobierno de Alberto Fujimori (la cual impulsa la creación de nuevas universidades), surgieron las llamadas universidades de segunda generación. A partir del año 1997, el número de universidades particulares en el Perú se incrementó. Frente a la alta demanda que existe en el mercado de profesionales y su necesidad de tener un título universitario para poder insertarse en el mercado laboral, dichas universidades han adoptado un nuevo enfoque de enseñanza conocido como el Emprendedurismo, en el cual no existe espacio para la producción científica que permita dar paso al desarrollo de la proyección social así como el desarrollo de la ciudadanía mediante la búsqueda del bien común.

Recordemos que una de las finalidades de la investigación científica es conocer los problemas de la realidad de una sociedad o contexto, estudiarlos y dar posibles alternativas de solución que conduzcan al desarrollo del país. Con este nuevo enfoque de enseñanza ‒que desplaza a la investigación‒, todo aquello se ha desvanecido. En primer lugar, porque induce a los estudiantes al egocentrismo bajo la mentalidad de que ser individualista es sinónimo de ser exitoso, y que es válido solo preocuparse por uno mismo; mas no por el entorno que nos rodea. La meta es, entonces, obtener un título universitario sin brindar mayor aporte a la sociedad, así como tampoco será necesario ejercer la profesión elegida para brindar mejoras a la comunidad, tales como estudios previos que sirvan para futuras investigaciones o encontrar soluciones a diversos problemas que aquejan al país en diversos ámbitos como son: Medicina, Educación, Gestión Pública, Psicología, Derecho, entre otros. Habría que preguntarse, entonces, por el valor de un profesional sin empatía por los demás y sin la mínima intención de trascendencia en la vida.

Por otro lado, el realizar investigación científica hace necesaria la formación, práctica, desarrollo y aplicación de habilidades de pensamiento crítico tal y como lo establece la taxonomía de Bloom donde las habilidades cúspide de la pirámide son analizar, evaluar y crear. Entonces, labaja calidad de la enseñanza de estas universidades del Perú neoliberal responden a un débil fomento de la producción científica lo cual, como se ha mencionado líneas arriba, justifica la baja producción en investigación de nuestro país. Pero esto no queda ahí puesto que es la población estudiantil de tales casas de estudio la que, poco a poco, sufre las consecuencias de no poseer las habilidades de pensamiento necesarias para su vida. Como consecuencia, este estudiante modelo, producto de una economía neoliberal, es formado como un ser que solo sirve para seguir órdenes de sus jefes; mas no como un ser que pueda ir más allá de lo que tiene frente a él. En otras palabras, hablamos de un profesional peruano que no es capaz de cuestionarse, de generar ideas o alternativas de solución ni de contribuir al desarrollo científico-tecnológico de su comunidad. Si no posee estas habilidades y no es capaz de producir para su sociedad, pues, difícilmente, será capaz de definir y planificar un destino para su futuro. Así como también tendrá alto riesgo de caer en el subempleo.

Como segunda razón para afirmar que las universidades-empresa no brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal, sostengo que la formación ofrecida por estas instituciones “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral, dejando de lado los conocimientos teóricos como parte importante de la formación académica. Mucho se ha cuestionado la idea de si, en la educación superior de la era globalizada, debe brindarse mayor importancia a la teoría que a la praxis. La verdad es que la teoría estudiada en clases es esencial para que los conocimientos puedan ser aplicados a la práctica. ¿De qué otra manera los estudiantes podrán, entonces, desarrollar y aplicar sus habilidades de pensamiento crítico? La importancia de la teoría radica en que, teniendo los conocimientos necesarios, una vez desarrollada la práctica, se puedan generar nuevas propuestas o alternativas de solución en los diferentes campos laborales. Esto quiere decir que los conocimientos teóricos no deben excluir a ningún estudiante de ninguna profesión.

Sin embargo, muchas universidades de segunda generación prometen la idea de ingreso al mercado laboral al culminar los estudios universitarios ya que la demanda social así lo exige. Entonces, estaríamos hablando de una comercialización de los servicios educativos. “De allí que, en los últimos tiempos, se haya producido un crecimiento vertiginoso de universidades privadas que buscan la absorción de la demanda educativa bajo la consigna: Un ingresante por postulante” (Loayza 2018: 8) La educación ‒desde 1996, en el Perú‒, se ha vuelto un servicio brindado a una clientela masiva que solo desea obtener una licenciatura lo más pronto posible, en menos años y a la menor edad; solo para el hecho de alcanzar algo tan ansiado que, según la sociedad de hoy en día, brindará estabilidad y éxito: conseguir un empleo. Lo dice Seclén: el estudiante de hoy en día ya no es más considerado como tal; sino que ahora, según el pensamiento neoliberal, adopta el rol de cliente (Seclén 2019). ¿Es acaso que “los consumidores del mercado” son quienes determinan el tipo de educación que desean recibir? Se debería considerar seriamente las repercusiones de esta decisión en cuanto a la sociedad que se desea construir.

Una formación universitaria basada en el emprendedurismo, que forme profesionales capaces de construir y dirigir sus propias empresas no es mala para el país; por el contrario, beneficiaría mucho a la economía de nuestra nación. Sin embargo, el punto de partida de todo emprendimiento siempre ha de ser la investigación. Es solo a partir del profundo conocimiento de las demandas sociales que el emprendimiento o empresa se convertirá en algo original y exitoso, capaz de cubrir las necesidades de los ciudadanos. El triángulo de Sábato plantea la relación Universidad – Estado – Empresa, donde las universidades interactúan con el entorno mientras que el Estado provee políticas y recursos para el desarrollo de la investigación científico-tecnológica en el país. Y las empresas ofrecen alternativas de consumo diversas con la finalidad de permanecer en el mercado (Medina 2018:713). Desde ese punto de vista, las empresas sí necesitan de profesionales con habilidades de pensamiento crítico desarrolladas, interesados en la ciencia e investigación, ya que les llevará al desarrollo e innovación. A pesar de ello, para las universidades del Perú neoliberal “el papel que mejor calza con el del estudiante, en esta estructura, es el de empleado, principalmente, por no tener el empoderamiento para influenciar en las ideas de la empresa” (Lamas 2015:141).

Es bien sabido que la teoría es “sacrificada” en las universidades de segunda generación; pero también lo son los años o ciclos de estudios generales ya que implicaría mucho tiempo de formación académica para el estudiante. Sin embargo, la importancia de estos radicaría en tomar en cuenta que muchos estudiantes que llegan a la universidad tienen una educación básica recortada o una educación secundaria deficiente. “La universidad tiene la obligación de formar; es decir, dar forma, puliendo y perfeccionando las habilidades que la persona tiene antes de entrar en contacto con el mundo académico” (Quintanilla 2015:6). Debido a la rapidez por la que erróneamente se apuesta, los jóvenes ingresan a la universidad a muy temprana edad. Es la razón por la cual los Estudios Generales juegan un papel muy importante: sirven para ampliar la visión del mundo y de la vida y, junto a ello, ayudan a alcanzar cierto nivel de madurez que permita conocer y entender la realidad. Además, esto permitirá despertar la curiosidad por la cultura y el saber, dejando de lado el conformismo.

En tal sentido, hay docentes en nuestro sistema universitario que son netamente pedagogos, que poseen muchos conocimientos teóricos o académicos y engrosan buena parte de su currículo con publicaciones de investigación; ya sea en libros o revistas especializadas (Cuenca y Reátegui 2016). En el otro escenario, existen profesores universitarios que no son pedagogos o académicos de carrera; pero que han ganado prestigio por estar al frente de una gran empresa, ya sea en la gerencia o bien como directivos o consultores; y son invitados a enseñar en prestigiosas casas de estudio (Berry, Byrd, Wieder 2013). En ese contexto, todos sabemos que, en la vida universitaria, los docentes son imprescindibles y sirven como modelos y fuentes de inspiración para sus estudiantes ya que, al tener personas que han tenido éxito en su carrera laboral y hasta empresarial, les permite a los estudiantes aprender directamente desde la experiencia para que, después, puedan aplicar los conocimientos transmitidos en su presente y futura vida laboral lo cual es visto por los alumnos como un recurso que los libros o profesores netamente académicos no les pueden enseñar.

Pero, existe un verdadero problema ya que, en contraposición a la postura anterior, tenemos que el enfoque orientado hacia el emprendimiento empresarial y el énfasis en lo pragmático ha dado pase a que el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes se fomente, cada vez, menos. Como resultado, el futuro egresado aceptará su vida laboral sin hacerse cuestionamientos (Neussman 2010). Justo, el Tratado de Córdoba, del siglo pasado ‒que fue muy sonado en toda América Latina; y el Perú no fue ajeno a este fenómeno educativo‒, nos decía que la universidad es la institución que busca el desarrollo social de toda la comunidad. En términos prácticos, un trabajo en conjunto donde también el individuo estudia para ser libre. No obstante, con este nuevo enfoque, donde los ejemplos de la idea del éxito y la práctica del individualismo estarían reflejados en sus propios profesores, es un claro oxímoron de los principios que debe tener la formación universitaria (Cuenca y Reátegui 2016; Seclén 2014). Además, en las llamadas universidades de segunda generación, existe otro dislocamiento que debemos tener en cuenta en su lógica de que los estudiantes sean emprendedores porque esa es la razón del mercado actual. En los primeros ciclos, los adiestran como si fueran un manual de autoayuda, implantando cursos motivacionales que los llevarán, supuestamente, a aumentar su autoestima; usando de material bibliográfico best sellers de expertos gurús que les dan las recetas de cómo emprender y triunfar en el mundo neoliberal, olvidando que el mundo es bastante complejo y cambiante, que no se mueve por solo simples recetas o experiencias de personajes contemporáneos, trasgrediendo la existencia de una tradición en la formación universitaria donde el estudiante tiene que conocer las diversas fuentes históricas y sociales, las reformas y políticas de Estado para que el mundo no le resulte indiferente (Lamas 2017).

A largo plazo, esta educación resulta bastante cuestionable puesto que el estudiante no ha desarrollado un razonamiento crítico. Y, claro está, no porque él se rehúse o se comporte de manera renuente; sino porque el sistema educativo, liberalizado por el Estado en las últimas décadas, así lo impone pues, para ellos, es importante mantener el statu quo de la sociedad peruana ya que una persona crítica puede invitar a la anarquía o al cambio. Por este factor, las empresas, en el Perú neoliberal, requieren de egresados universitarios que no cuestionen o critiquen, de manera aguda, al sistema que, a todas luces, no les da ventaja y los conduce, inexorablemente, al subempleo.

En conclusión, la investigación científica ha sido desplazada en estas universidades, de modo que no se investiga para resolver problemas que involucren a la sociedad, cuyo beneficio sea buscar el bien dentro de esta. Asimismo, la formación ofrecida por las universidades de segunda generación “amolda” al estudiante según las necesidades del mercado laboral, lo cual deja de lado los conocimientos teóricos como parte importante de la formación académica. Finalmente, el hecho de tener como docentes a gerentes o ex gerentes de grupos corporativos o dueños de empresas ‒que permite al estudiante aprender directamente de la experiencia para poder aplicar los conocimientos transmitidos en su presente y futura vida laboral‒ no garantiza el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. De manera que el futuro egresado aceptará su vida laboral sin hacerse cuestionamientos vinculados a la sociedad imperante. Por ello, sostengo que las universidades-empresa no brindan educación de calidad para los estudiantes del Perú neoliberal actual. Por eso, debemos crear conciencia ciudadana sobre lo que sucede en nuestra educación superior; especialmente en las universidades-empresa. Asimismo, cabe exhortar a los gobiernos de turno acerca de la necesidad de políticas de Estado que fomenten decididamente la calidad de la educación universitaria teniendo en cuenta que la Ley N° 30220 solo es la primera base de una estructura que debe llevarnos a una solidez universitaria indiscutible.

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http://revistaquehacer.pe/n3#el-estudiante-modelo-economico

QUINTANILLA, Pablo

2015 “¿Por qué Estudios Generales Letras?” Mural de letras. Lima, año 10, número 15, pp. 68 https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/wp-content/uploads/2016/07/Mural-de-Letras-2015-PARA-WEB.pdf

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