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JUDICIALES

Defensoría del Pueblo: juzgados de Cajabamba en Cajamarca no actuaron con celeridad y caso de violencia terminó en feminicidio

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Además, se identificó que en la denuncia presentada por la víctima hubo distinta valoración de riesgo, en la comisaría de Cajabamba se determinó riesgo moderado mientras que Centro Emergencia Mujer hubo riesgo leve.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca advirtió que dos Juzgados de Cajabamba tardaron más de ocho meses en tramitar un proceso inmediato ante el requerimiento fiscal por agresiones contra una mujer, quien denunció por violencia al padre de sus hijos, el 29 de enero de este año, y falleció el 30 de octubre, luego del último ataque del sujeto. Además, la institución verificó que la denuncia tuvo una distinta valoración de riesgo, pues mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) la calificó de ‘riesgo moderado’, el Centro Emergencia Mujer de Cajabamba la evaluó con ‘riesgo leve’.

Como se sabe, el pasado 30 de octubre del presente año, la ciudadana J.V. E habría sido atacada con un machete por el padre de sus hijos, quien le causó graves heridas en el rostro y en las manos que finalmente la llevaron a la muerte. Ante el lamentable hecho, personal de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca se trasladó a la ciudad de Cajabamba, a fin de corroborar si las entidades del sistema de justicia actuaron con la debida diligencia ante la denuncia previa de la víctima, y verificar la atención que se estaría brindando a sus hijos y familiares.

Así, se pudo verificar que, el pasado 29 de enero, la víctima había denunciado a su entonces esposo por agresiones físicas y psicológicas en la Sección Familia de la Comisaría Sectorial PNP Cajabamba, manifestando que la violencia fue producto de los celos de su pareja y se efectuaron en presencia de sus tres hijos menores de edad. Además, la mujer refirió que no era la primera vez que su esposo la agredía y que no lo denunció antes por ser el padre de sus hijos.

Ante la referida denuncia, la PNP aplicó la ficha de valoración de riesgo y determinó un ‘riesgo moderado’ para el caso, por lo que remitió la denuncia al Juzgado Mixto de Cajabamba, que, a su vez, el 6 de febrero del 2020 dictó medidas de protección a favor de la mujer, como el cese inmediato de cualquier forma de violencia, la prohibición de la comunicación, el impedimento de acercamiento y el tratamiento psicológico para la víctima y el denunciado. No obstante, el 31 de enero del mismo año, la víctima también había sido atendida en el Centro Emergencia Mujer de Cajabamba, institución que, de manera distinta, calificó el caso como de ‘riesgo leve’ y realizó el seguimiento en una sola oportunidad.

El Ministerio Público, el 17 de febrero, requirió el inicio de un proceso inmediato contra el investigado por el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar y solicitó un año de prisión efectiva. No obstante, el Juzgado de Investigación Preparatoria y el Juzgado Unipersonal de Cajabamba tardaron excesivamente en realizar las audiencias correspondientes, pues fijaron la audiencia de juicio inmediato recién para el 10 de noviembre, cuando, según el Código Procesal Penal el plazo máximo para resolver un proceso inmediato es de seis días.

Ante la situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca demandó investigar rigurosamente las actuaciones institucionales en el presente caso y, de existir irregularidades, que se sancionen como corresponda. La institución recordó que la celeridad en estos casos es fundamental para garantizar la protección de las víctimas y su acceso efectivo a la justicia.

Además, recordó que la víctima deja en la orfandad a cinco hijos, tres de ellos menores de edad, para quienes el Juzgado Especializado Civil de Cajabamba ya emitió medidas de protección, como la atención psicológica correspondiente, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CEM de Cajabamba, también viene brindando soporte.

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Dante Tiravanti pretendería salir libre corrompiendo al Poder Judicial

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Audio de ex alcalde de Tacabamba. presuntamente filtrado por su abogado, revela que el político trataría de corromper a las autoridades del Poder Judicial de Cajamarca, con el fin de salir librado antes de la etapa de juzgamiento por un caso de colusión agravada en perjuicio de la municipalidad que dirigió.

El caso de Dante Tiravanti recae en la Carpeta Fiscal Nº 20-2016, y se encuentra en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca. La fiscal adjunta provincial, Dra. Luisa Cuzco Alcántara del Segundo Despacho Fiscal, se encuentra a cargo de este proceso.

TEXTO completo del audio:

«Y quién es el abogado tal Tony, no me digas es el de las tunas, el que ha hecho meter las patas. Porque dicen que ese pata se cree como Nakazaki (risas).

Ya están fregados entonces ya. Esos cojudos piensan que el derecho se gana limpiamente en este país. Si el que lo ha metido las patas. Porque el pata va con el sombrero me han dicho en conchan. Pero mira hasta donde yo sé, están de miedo en Tacabamba, y el único objetivo para sacarme de contienda es buscar la sentencia, sea suspendida o sea condenatoria. Saben que de una u otra manera, estaría inhabilitado de inscribirme en el mes de julio.

Esas son las posibilidades que están manejando esos patas, y según las informaciones que yo mantengo.

Por eso le he dicho al Jhony hay que moverse. Jhony se está moviendo con una gente y yo tengo otra gente. Que en el control de acusación que va a ser en Cajamarca en la etapa de investigación preparatoria, sacarme a mí, y que los demás pasen a la etapa de juzgamiento. Porque no pueden sacarnos a todos, sería muy rochoso, nadie va a querer librarse de esa manera».

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Consejero que mató a una niña es condenado y será vacado del Gobierno Regional

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Ahora no existe impedimento para vacar del Gobierno Regional al consejero Williams Becerra.

La Corte Suprema de Lima declaró nulo el recurso de casación formulado por la defensa técnica del sentenciado Milton Williams Becerra Terrones, actual consejero regional por la provincia de Celendín, contra la sentencia de vista del quince de octubre de dos mil veinte.

En dicha sentencia el Poder Judicial lo condenó como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado, y le impusieron dos años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida.

Sin embargo, esta semana, la Corte Suprema declaró nulo el auto concesorio e inadmisible el recurso de casación interpuesto por su defensa técnica y confirmó la sentencia de primera instancia. Becerra Terrones tendrá que pagar las costas procesales.

Con esto se deja la puerta abierta a que sea vacado, según las normas que rigen en el país y el reglamento interno del Consejo Regional de Cajamarca.

DATO:

En el 2021, Williams Becerra Terrones, quién mató a una niña utilizando una moto del Programa Juntos, fue blindado por consejeros de Acción Popular y de Alianza Para El Progreso, ante pedido de vacancia presentado por la consejera de Cajamarca Cristina Chambizea.

 

 

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Bambamarca: Trabajadores cobraron más de S/ 81 mil ilícitos y hasta ahora no devuelven

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En el 2021, este medio denunció una serie de irregularidades en la Red de Salud Hualgayoc-Bambamarca. Entre las que más resaltaron estuvo el cobro indebido de bonos y sueldos de funcionarios de esa institución.

Hoy, mediante un documento que ha llegado a nuestro poder, se confirma que la alta dirección de la Red, solicitó el 29 de diciembre del 2021, que se notifique a los “trabajadores y extrabajadores la devolución de pagos indebidos, de remuneraciones y de bonos Covid”, que se otorgaron de manera ilegal.

En la lista se encuentran Serrano Otoya Tomás, Reyna Collantes Dander, Gutiérrez Uriarte Hugo, Zelada Elvia Reina, Salazar Carrasco César Paúl, Mantilla Gallardo Eliseo, Plascencia Robles César Augusto, y Pérez Ramírez Eisten, aunque este último, ya devolvió todo, según el documento.

Fuentes implicadas directamente en este caso de presunta corrupción, que a la fecha no se ha sometido a Proceso Administrativo Sancionador, ni se ha denunciado penalmente, indican que hasta el momento, pasado casi dos meses, no se ha notificado a los involucrados para que hagan efectiva la devolución.

Sostienen que habría funcionarios en la misma Red de Salud quienes estarían impidiendo que se concretice la notificación, por cierta amistad con los astutos sujetos que intentaron hacerse del dinero del sector Salud de forma ilícita.

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