Crisis del sistema de Salud de Cajamarca | Columnista

CUANDO UNA DECISIÓN DESACERTADA GENERA EN LA POBLACIÓN LA SENSACIÓN ERRADA DE LIBERTAD PARA ACTUAR SIN CONTROL ALGUNO

El artículo 44°, primer párrafo de la Constitución Política establece que son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  Al respecto, el artículo I, II y VI de la Ley 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.

La protección de la salud es de interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Es de interés público la provisión de servicios de salud cualquiera sea la persona o institución que las provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

Luego que la Organización Mundial de la Salud calificara, con fecha 11 de Marzo del 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Nacional por las  graves circunstancias que amenazaban la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, conforme aparece del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (CUARENTENA), habiéndose limitado el ejercicio del derecho a la libertad de las personas, la restricción de un sin número de actividades comerciales, económicas (incluido el transporte local e interprovincial) y culturales, además del cierre de fronteras.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, de fecha 18 de Marzo del 2020, se dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas fijándose diversos horarios que fueron variando durante el estado de emergencia sanitario que se fue prorrogando ante la propagación de la pandemia en nuestro país, según aparece del contenido de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM.

Con fecha 26 de junio del 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, mediante el cual, se prescindió de la cuarentena en la mayoría de departamentos, estableciéndose que el aislamiento social obligatorio solamente regiría para los departamentos de Arequipa, Ica, Junín Huánuco, San Martin , Madre de Dios y Ancash, así como para los menores de 14 años, adultos mayores de sesenta y cinco años y los que presenten comorbilidades (enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras), conforme lo determine la Autoridad Sanitaria Nacional (cuarentena focalizada); entendiéndose que para los demás departamentos y personas  dicha medida ya no se aplicaba más.

Tras veinticuatro días sin cuarentena, se incrementaron considerablemente los casos de COVID 19 y se elevó el número de fallecidos a consecuencia de dicha enfermedad. Es así que Desde el 1° de Julio del presente año, cada 8 minutos falleció un peruano por coronavirus, reportándose por día un promedio de 3460 nuevos casos. En Cajamarca el primero de julio habían 2196 contagiados, cifra que al 20 de julio se incrementó a 4301, y al 28 de julio llegó a 12,555, con 339 personas fallecidas; hecho que diera lugar a que el Ministerio de Salud, a través del Oficio N°2337-2020-SG/MINSA, hiciera llegar el Informe Técnico N° IT-CC N°040-2020 “Informe sobre la situación epidemiológica de COVID 9 en Cajamarca”, en el cual, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informó sobre el incremento y mayor concentración de casos de COVID 19, sugiriendo la adopción de acciones inmediatas para cortar la cadena de transmisión y reducir el impacto sobre la mortalidad en este ámbito territorial, recomendándose el aislamiento social focalizado en esta ciudad; en mérito a lo cual, con fecha 25 de julio del 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, disponiéndose nuevamente el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en diversos departamentos, dentro de los cuales se incluyó a la ciudad de Cajamarca (cuarentena focalizada), precisándose que está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas con la entrada en vigencia de dicho decreto supremo; además, la inmovilización social obligatoria iba a regir desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente y el día domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día.

Antes de disponerse el levantamiento de la cuarentena en la mayoría de regiones del país, debió actuarse con mucha prudencia y sensatez, considerando la real situación de cada región, evaluando si los hospitales tenían las condiciones mínimas para poder responder y afrontar con éxito la demanda de atención de la población durante esta pandemia, lo cual no se cumplió.

Tampoco se consideró el hecho de que vivimos en una sociedad con diferencias culturales y de comportamiento irresponsable e indisciplinado, renuente muchas veces a cumplir con las normas sanitarias impuestas para evitar la propagación del virus, dando lugar a que la población entendiera, de manera errada, que al no existir cuarentena, estaban facultados para movilizarse socialmente sin control ni limitación alguna, optando por volcarse y abarrotar las calles innecesariamente, aglomerándose en los servicios de transporte público, en los  centros de abastecimiento de alimentos y otros productos, en los bancos, llegando al extremo de organizar y participar de reuniones familiares con invitados incluidos, sin guardar el distanciamiento físico con los demás, facilitando de este modo la propagación en gran escala del coronavirus que terminó por afectar principalmente a quienes tienen la condición de vulnerables.

A ello se suma el hecho de que al reactivarse diversas actividades comerciales, se reinició el servicio de transporte interprovincial, sin cumplirse con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios que se fueron importando con la llegada de personas de las regiones de Lambayeque, Lima, La Libertad y Piura, en un promedio de mil personas diarias.

El artículo 132° de la Ley General de Salud, establece que en medidas de seguridad como la cuarentena, deben observarse entre otros principios los siguientes: a) deben ser proporcionales a los fines que se persiguen, y b) su duración no debe exceder lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que las justificó.

Nos preguntamos entonces, si nos encontrábamos preparados para combatir la pandemia sin cuarentena, consideramos que no, debido a que el riesgo de contagio y propagación del COVID 19 nos obligaba a no bajar la guardia y a mantenernos alertas para evitar la propagación de dicha enfermedad; no obstante ello, se levantó dicha medida, generándose así una sensación equivoca en la población de libertad para actuar sin control alguno, agudizándose de este modo la crisis que seguimos atravesamos con altas tasas de mortalidad y letalidad que ya conocemos y que se reflejan en la famosa “curva” que sigue en ascenso y no termina por aplanarse.



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.