En agosto de 2025, mientras el Gobierno Regional de Cajamarca celebraba en sus redes sociales la “reactivación de obras paralizadas”, dentro de su unidad ejecutora PROREGIÓN se movían discretamente contratos, adendas y órdenes de servicio que hoy despiertan serias sospechas.
Entre los documentos revisados por este medio figuran resoluciones, certificaciones presupuestales y expedientes administrativos que revelan presuntas irregularidades en la designación de personal clave y en la adjudicación de proyectos millonarios a empresas con vínculos funcionales o familiares dentro de la propia entidad.
La revisión documental, basada en copias certificadas de órdenes de servicio, fichas del SEACE, consultas al Registro Nacional de Proveedores (RNP) y Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSC), apunta a un patrón. Proveedores inhabilitados que son contratados, y empresas vinculadas a funcionarios que repiten adjudicaciones en distintos proyectos de mantenimiento vial.
I. EL ABOGADO INHABILITADO QUE CONTRATA CON EL ESTADO
El 28 de agosto de 2025, PROREGIÓN Cajamarca emitió la Orden de Servicio N.º 245, sustentada en la Certificación Presupuestal N.º 000396, para la contratación de “servicios legales especializados en procesos administrativos”.
El documento identifica como proveedor al abogado Alcalde Muñoz Edwin Mauricio, bajo el argumento de brindar asesoría en procesos administrativos para la secretaria de procedimientos administrativos disciplinarios.
Sin embargo, al momento de su contratación, León se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, según el Módulo de Consulta Ciudadana del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC – de SERVIR. Pese a esa restricción expresa, la orden fue aprobada, firmada y ejecutada por la jefatura Logística, Administración y Legal de PROREGIÓN.
Según fuentes internas del área de logística, a pesar que tener inhabilitación vigente (consta en su expediente) más peso tuvo, otra vez, el cumplir las ordenes de los jefes de PROREGIÓN, que cumplir las normas de contrataciones.
Un exfuncionario del Gobierno Regional, consultado bajo reserva, explicó; “Cuando se contrata a un proveedor inhabilitado, la orden es nula de pleno derecho. Si aun así se paga, se incurre en falta administrativa grave, e incluso en responsabilidad penal si hay dolo o conocimiento previo.”
Una persona inhabilitada no puede ocupar un cargo público ni ser contratada por el Estado por causas como:
- Condena penal por delitos graves.
- Sanciones administrativas (por ejemplo, de la Contraloría, Tribunal de Cuentas o equivalente según el país).
- Inhabilitación profesional (por colegios profesionales o tribunales disciplinarios).
- Incumplimiento de normas éticas o legales.
II. EFECTOS LEGALES DE CONTRATAR A UNA PERSONA INHABILITADA
Si una institución pública o privada con funciones estatales contrata a una persona inhabilitada por SERVIR, las consecuencias pueden incluir:
- Nulidad del contrato de trabajo o nombramiento.
- Sanciones administrativas para el responsable que autorizó la contratación.
- Multas económicas o responsabilidades personales.
- Pérdida de derechos laborales por parte del contratado (en algunos casos).
III. EMPRESAS VINCULADAS Y PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE OBRAS
En paralelo, este medio revisó procesos de adjudicación realizados entre junio y septiembre de 2025, que revelan la participación reiterada de empresas vinculadas Noriel Chingay Salazar ex prefecto regional de Cajamarca, que estaba involucrado en un caso judicial llamado “Los Waykis en la sombra.
Los expedientes muestran coincidencias en:
- Domicilios fiscales registrados en la misma dirección.
- Representantes legales con parentesco familiar.
- Personal técnico y correos electrónicos compartidos entre distintas empresas.
Una fuente interna del área de ejecución señaló que “los expedientes llegan armados, con informes de conformidad listos antes de verificar la obra física”.
IV. LA RUTA DE MICMA SERVICIOS GENERALES S.R.L.
La revisión de la base de datos del SEACE 3.0 permitió rastrear otro nombre recurrente, el de MICMA Servicios Generales S.R.L., RUC 20600538111, empresa adjudicataria en varios procesos bajo PROREGIÓN.
El 17 de octubre de 2023, PROREGIÓN convocó el proceso AS-DU-032-2023-SM-3-2023-PROREGION-1, correspondiente al “Servicio de transitabilidad vehicular en el distrito de Tongod”, tramo vial CA-103: Santa Cruz de Succhubamba – Romero Circa – La Laguna – Tongod – Catilluc – El Empalme – Cajamarca (CUI 2112981).
El 28 de diciembre de 2023, la buena pro fue otorgada a MICMA por un monto total de S/ 451,566.80.
El expediente técnico de la Oferta N.º 1, entre los folios 3 al 8, consigna como supervisor de estudios a un ingeniero de apellido Huamán Hernández, quien sería el jefe de la Unidad de Estudios, y a la vez también se desempeñaría también como asesor técnico del GORE Cajamarca, lo que sugeriría conflicto de intereses.
Dos años después, en 2025, la misma empresa aparece nuevamente adjudicada para el mantenimiento del mismo tramo vial. Es decir, quien ejecutó la obra, ahora cobra por conservarla. El doble beneficio y la reiteración de adjudicaciones sin competencia real apuntan a un direccionamiento sistemático.
Una fuente con acceso al expediente fue tajante: “Aquí no se trata solo de ineficiencia; es una estructura. Quien gana la obra, gana su mantenimiento. Y el sello es el mismo: MICMA Servicios Generales S.R.L., vinculada a los Chingay.”
V. SILENCIO INSTITUCIONAL Y RIESGO DE IMPUNIDAD
Hasta la fecha, ningún área del Gobierno Regional de Cajamarca ha emitido pronunciamiento sobre estos casos. Ni la Oficina de Logística ni la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios han explicado:
- Por qué se contrató a un proveedor inhabilitado.
- Cómo la empresa JHALKE’S COMPANY S.R.L. con RUC 20613220730 recién creada en mayo de 2025 contrato por de S/ 40 000 para la obra CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II – I – DISTRITO DE CAJABAMBA – CAJABAMBA – CAJAMARCA.
Consultada por este medio, una fuente de la Contraloría General de la República confirmó que existen acciones de control concurrente abiertas en varias unidades ejecutoras del GORE Cajamarca, pero evitó pronunciarse sobre los expedientes específicos de PROREGIÓN.
Un auditor de la institución, fuera de registro, indicó: “El sistema OECE detecta automáticamente proveedores inhabilitados, pero si la entidad no reporta el hallazgo, la irregularidad puede pasar meses sin observación.”
La Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, por su parte, reconoció haber recibido “información preliminar sobre presuntos direccionamientos en PROREGIÓN”, aunque aún no confirma la apertura formal de investigación.
VI. POSIBLES RESPONSABILIDADES
La revisión documental permite identificar tres posibles líneas de responsabilidad:
- Omisión de control funcional en la contratación del abogado Álvaro León, inhabilitado por resolución vigente (Ley de Contrataciones del Estado, art. 50).
- Conflicto de intereses y presunta colusión en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a funcionarios activos (Código Penal, art. 384 y 399).
- Fraccionamiento indebido del gasto público y vulneración del principio de transparencia en la gestión presupuestal.
De confirmarse estos hechos, los funcionarios involucrados podrían afrontar sanciones administrativas (destitución e inhabilitación), y eventualmente, procesos penales por colusión, negociación incompatible o peculado.
VII. CONCLUSIÓN
Los documentos revisados dibujan un esquema de control paralelo dentro de PROREGIÓN Cajamarca; es decir, un sistema donde los vínculos personales reemplazan los procedimientos técnicos, y las leyes se ajustan al interés del momento.
Mientras la ciudadanía cajamarquina sigue esperando hospitales terminados, carreteras transitables y transparencia en la gestión pública, los mismos nombres se repiten en las órdenes de servicio y las buenas pro.
La próxima semana está prevista la adjudicación del proyecto CP SER-SM-2-2025-GR.CAJ/PROREGIO-1 “Mantenimiento del Hospital de Contingencia Virgen del Rosario”. Si los antecedentes se repiten, el desenlace será predecible, lo que querría decir que los mismos funcionarios, las mismas empresas y el mismo circuito ostentarán el poder de las obras públicas.
Hoy, más que nunca, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción tienen la palabra.
