Investigación demuestra que la Contraloría construyó una acusación basada en datos equivocados.
Una investigación del medio de comunicación Macronorte.pe reveló que la Contraloría General de la República cometió un error grave en el informe que señalaba que Daniela Noemí Fernández Vásquez, sobrina del exministro de Salud César Vásquez, estaba impedida de contratar con el Estado. La revisión documental realizada por este medio confirmó que el órgano de control clasificó incorrectamente el grado de parentesco, generando una acusación que terminó siendo replicada por múltiples medios, incluso nacionales, de forma tendenciosa.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Salud La Libertad había sostenido que Fernández Vásquez –médica habilitada para ejercer y con el perfil profesional correspondiente al cargo que desempeñaba– mantenía un parentesco de segundo grado de consanguinidad con el entonces ministro. Sin embargo, la investigación de Macronorte.pe corroboró que el parentesco es de tercer grado, lo que no constituye ningún impedimento para la contratación, conforme al literal h), en concordancia con el literal b) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
A pesar de ello, diversos medios, la mayoría de alcance nacional, difundieron la observación como si la profesional hubiera contratado con el Estado en condición de empresaria o proveedora, ocultando que se trataba de la prestación de servicios médicos, una labor esencial y directamente vinculada a salvar vidas. La cobertura mediática terminó reforzando una narrativa equivocada, como si en el país no se necesitara personal de salud.
El informe de la Contraloría, construido sobre un dato erróneo, cuestionaba los contratos suscritos por Fernández Vásquez con la Red de Salud Trujillo. La verificación realizada por Macronorte.pe no solo desmonta la acusación, sino que expone un problema más profundo: las fallas técnicas y metodológicas dentro del sistema de control.
A ello se suma, advirtió el periodista Andrés Vargas, autor de la investigación, que los recientes movimientos internos dentro de la Contraloría agravan la preocupación sobre la calidad del trabajo técnico. “[…] recuerda, una de ellas es la encargada recientemente nombrada. Sacan a William León por una supuesta afinidad con Alianza Para El Progreso y luego hacen cambios en diferentes Órganos de Control Interno (OCI). Sacan a los jefes que estaban antes y encargan las OCIs a otros jefes. Y en la Gerencia de Salud la encargan a Laura Jeannette Agreda Gamboa. Entonces, mal trabajo, ¿no? Qué criterios usaron para encargarle a ella, si el informe es a todas luces un error garrafal”, expresó.
Este error, calificado como un fallo gravísimo por especialistas en gestión pública consultados por el medio, deja en entredicho la rigurosidad del máximo ente de control del país. Hasta el cierre de esta nota, la Contraloría sigue en silencio, y resulta indispensable que el órgano de control aclare si corregirá el informe y qué medidas adoptará frente a una falla tan evidente que dio origen a una acusación injustificada.
