Cadena perpetua como respuesta represiva del Estado para sancionar los delitos de violación sexual a menores de edad

A PROPÓSITO DE LA CASACIÓN N° 1422-2018- JUNIN – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1.- LIBERTAD E INDEMNIDAD SOCIAL

Los delitos contra la Libertad Sexual se orientan a mantener incólumes dos bienes jurídicos esenciales: a)La Libertad Sexual (en el caso de mayores de 14 años) que es la capacidad de decidir o disponer de nuestra sexualidad al momento de sostener relaciones sexuales, prestando libre consentimiento para ello, y b) La Indemnidad Sexual (si se trata de menores de 14 años), que es un término utilizado principalmente a la hora de hablar de delitos sexuales que afectan a menores de edad, quienes al tener esa condición, no pueden manifestar su capacidad de decidir aún sobre su sexualidad, es decir, necesitan de especial protección para no verse involucrados en un contexto sexual en donde no están en condiciones de prestar su consentimiento, garantizándose de este modo su libre desarrollo y formación de su personalidad y sexualidad.     

Las sanciones contempladas para este tipo de delitos son sumamente drásticas y represivas, partiéndose del tipo base de Violación Sexual prevista en el artículo 170° del Código Penal que establece pena privativa de libertad de 14 a 20 años en caso que la víctima sea mayor de edad, o de 20 a 26 años si adicionalmente concurren agravantes contempladas en dicho dispositivo legal. Pero tratándose del delito de violación sexual en agravio de menores de edad puede llegar a imponerse penas tan graves como es la cadena perpetua, según lo previsto en el artículo 173° del Código Penal, donde se tipifica dicho delito en los siguientes términos: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua” 

Los delitos de violación sexual, pueden cometerse no solo mediante la penetración del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal, sino también utilizando diversos objetos o partes del cuerpo (como pueden ser los dedos) que se introducen por alguna de las dos primeras vías. De igual modo, también se puede materializar mediante tocamientos indebidos en las partes íntimas de la víctima, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo (que son los contactos físicos en áreas próximas a las zonas erógenas como pueden ser las piernas, los senos, los glúteos) o actos libidinosos (como pueden ser frotamientos lujuriosos), según lo previsto en el artículo 176° del Código Penal, tratándose de mayores de edad que no prestan su consentimiento, y en el artículo 176-A del Código Penal tratándose de menores de edad.

No cabe duda que los delitos sexuales que generan mayor reproche penal son los cometidos en agravio de menores de edad, no solo por su estado de indefensión en el que se encuentran ante una agresión sexual, sino también por las graves secuelas que afectan el desarrollo de su personalidad (trastornos emocionales, ansiedad, temor, pesadillas, desesperación y desvalorización debido al evento sexual vivido).

2.- LA PRIMERA CADENA PERPETUA DICTADA EN CAJAMARCA DURANTE LA VIGENCIA DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL (NCPP).

Mientras me desempeñaba como Juez Unipersonal de Juzgamiento en la Provincia de Chota, allá por el año 2010, conformamos un Tribunal Penal Colegiado conjuntamente con los Magistrados Henry Vera Ortiz y quien en vida fue nuestro amigo Andrés Saavedra Dávila, con quienes tuvimos la oportunidad de conocer un caso sumamente grave de violación sexual cometido por un sujeto en agravio de su menor hija de 07 años de edad, a quien ultrajó sexualmente y a consecuencia de ello, sufrió desgarros vaginales que le provocaron una hemorragia incontenible que terminó con su vida. Por este hecho tan condenable y reprochable y encontrándose vigente el nuevo Código Procesal Penal en la Región de Cajamarca, impusimos la primera cadena perpetua con dicho modelo procesal en contra del agresor sexual, a quien encontramos responsable del delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173° del Código Penal. Actualmente dicho sentenciado cumple su condena en el centro penitenciario de Cajamarca, luego que la Sala Penal de Apelaciones confirmara la sentencia impuesta.

3.- CASACIÓN N° 1422-2018-JUNIN.

Recientemente con fecha 12 de Agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió la sentencia en Casación N° 1422-2018-Junin, en donde se pronunció acerca de la legalidad y del merecimiento de la pena de cadena perpetua, impuesta en Primera Instancia a Wilfredo Ramos Escobar como autor del delito de violación sexual en agravio de la menor de edad de iniciales R.Q.A.X (09 años de edad), a quien ultrajó en reiteradas oportunidades, aprovechando el vínculo familiar que tenía con dicha menor. Posteriormente, dicha sanción fue revocada por una Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín en donde se revocó dicha condena y reformándola se impuso al responsable treinta años de pena privativa de la libertad.

El motivo casacional se centró en determinar si la variación de la pena impuesta vulneró el principio de legalidad y si existían razones que puedan sustentar y justificar dicha decisión. Al respecto, en el párrafo sexto del fundamento tercero de la sentencia, se establece que el punto de mayor vinculación de tal principio lo constituye la prohibición dirigida al Juez de aplicar una sanción que no se encuentre taxativamente prevista. Las sanciones no son inventadas, de ahí que no se puede imponer cualquier pena que existe en el ordenamiento jurídico, sino solo aplicar aquella sanción que específicamente se encuentre prevista para el delito cometido. Así mismo, se indica que para imponer una sanción, ha de cumplirse con la legalidad (situarse en a pena abstracta) y, seguidamente, ha de verificarse la proporcionalidad según las circunstancias del caso, es decir, tomando en cuenta la menor o mayor gravedad del hecho y el nivel de culpabilidad que puede resultar variable (dosificación de la pena concreta).

En los fundamentos cuarto, quinto, sexto y séptimo, se señala que la represión drástica de las violaciones sexuales de menores de edad responden a una política criminal conducente a su protección, dado que actualmente nadie puede controvertir la idea de que los menores de edad forman parte de la población más sensible y vulnerable, por ello, no se albergan dudas sobre la legalidad de la pena de cadena perpetua cuya imposición ha sido reservada para los delitos más graves recogidos en el Código Penal, respecto a los cuales la respuesta punitiva debe ser más intensa y firme (feminicidio, secuestro, violación sexual de menor de edad, robo agravado seguido de muerte o como integrante de una organización criminal), Se establece también que la imposición de la pena tiene como sustento normativo lo previsto en el artículo VIII de Título Preliminar del Código Penal, su aplicación engloba dos etapas secuenciales marcadamente definidas, la primera denominada determinación legal (artículo 173° del Código Penal) y la segunda rotulada como determinación judicial (de acuerdo a los criterios estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal).

En el fundamento octavo, se aborda lo relacionado con el merecimiento de la pena, que expresa un juicio global de desvalor sobe el hecho, en la forma de una desaprobación especialmente intensa por concurrir un injusto culpable especialmente grave (injusto penal) que debe generar una sanción; mientras que la necesidad de la pena significa que un hecho en sí merecedor de sanción además necesita ser penado, ya que en el caso no existe ningún otro medio disponible para ser eficaz y menos aflictivo. En ese escenario, se adopta la concepción de merecimiento deontológico de la pena, que no se centra en el daño causado por la infracción, sino en la culpabilidad el infractor y se apoya en argumentos y análisis provenientes de la filosofía moral. El criterio para determinar la pena es más amplio: cualquier circunstancia que afecta la culpabilidad moral del delincuente se tiene en cuenta para juzgar que pena merece. La magnitud del daño causado o la gravedad del mal cometido serán parte de ese cálculo, pero también lo será una amplia variedad de otros factores, como el estado mental del agente, así como las que se verifiquen en el momento de la infracción, incluyendo aquellas que podrían fundamentar una causa de justificación.

Finalmente, en el fundamento noveno se menciona el principio de proporcionalidad que posee un doble enfoque, esto es, como “prohibición de exceso” y como “prohibición por defecto”. Esta última impide que la pena sobredisminuya la responsabilidad por el hecho. En esa lógica, la apreciación de la “gravedad del hecho” se erige como parámetro útil en la medición del interés de persecución penal y su valoración se enmarca dentro del criterio de la “gravedad de la pena”. Las agresiones sexuales ostentan un componente que implica naturalmente la vejación, la humillación y el menosprecio para las víctimas, pues se vulnera en ámbito de la intimidad y libertad tan importante para las personas como es el de su sexualidad. La dignidad siempre resulta mellada. Las violaciones sexuales, per se, son hechos graves, por lo que la intervención mínima del derecho penal no constituye una limitación material y/o formal para aplicar una pena severa y con pleno respeto al ordenamiento jurídico. En mérito a los fundamentos esgrimidos, la Corte Suprema de Justicia  declaró fundado el recurso de casación y se confirmó la sentencia de primera instancia que impuso la pena de cadena perpetua.

4.- EL INCREMENTO DE PENAS COMO MECANISMO DE DISUASIÓN Y REPRESIÓN PENAL

Es una constante en nuestro país que se tenga que recurrir a políticas de represión punitiva para frenar y sancionar delitos tan graves como es la violación sexual de un menor de edad. Pero nos preguntamos si ello ha contribuido a la disminución de la incidencia delictiva, generando una suerte de efecto disuasivo para los agresores sexuales ante penas tan severas como la cadena perpetua, es decir, se habrán prevenido ilícitos penales con la sola publicación de una norma que eleve significativamente el número de años de privación de la libertad para sancionar tales delitos, consideramos que no, toda vez que luego de haber transcurrido diez años desde que se impusiera la primera cadena perpetua en la Región Cajamarca (durante la vigencia del nuevo modelo procesal penal), los Jueces Penales a nivel nacional siguen aplicando dicha sanción penal a los agresores sexuales de menores y a los responsables de otros delitos como el feminicidio. 

5.- EL PRINCIPIO DE REEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN DEL PENADO A LA SOCIEDAD SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia recaída en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC) se pronunció sobre la cadena perpetua en los siguientes términos: a) El establecimiento de la pena de cadena perpetua no sólo resiente al principio de resocialización, previsto en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución, también es contraria a los principios de dignidad de la persona y de la libertad (fundamento 184); b) Al reo nunca se le puede negar la esperanza de poderse insertar en la vida comunitaria, siempre debe encontrarse latente la esperanza de que el penado, algún día, pueda recobrar su libertad. El internamiento en un centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, aniquila tal posibilidad. También anula al penado como ser humano, pues lo condena, hasta su muerte, a transcurrir su vida internado en un establecimiento penal, sin posibilidad de poder alcanzar su proyecto de vida trazado con respeto a los derechos y valores ajenos. Lo convierte en un objeto, en una cosa, cuyo desechamiento se hace en vida. La cadena perpetua, en sí misma considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser humano. El Estado Constitucional de Derecho no encuentra justificación para aplicarla, aun en el caso que el penado, con un ejercicio antijurídico de su libertad, haya pretendido destruirlo o socavarlo (fundamento 188); c)El establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias (fundamento 194).     

Al respecto, el maestro Universitario Luigi Ferrajoli, señala que en efecto, en la medida en que quepa aún la posibilidad de que un interno pase el resto de sus días en un establecimiento penal ―lo que sucede con la propia interpretación que hace el Tribunal Constitucional― la cadena perpetua constituirá una respuesta punitiva que no se concilia con un Estado que tiene por deber fundamental garantizar la plena vigencia de los derechos humanos [art. 44 Const.] y que, por sobre todas las cosas, reconoce a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad ―nada menos que en el primer artículo de la Carta Fundamental― como el fin supremo de la sociedad y del Estado. De este modo, no solo se infringe el principio reconocido en el art. 139 inc. 22 de la Constitución (“el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”), sino también, y lo que es peor, un pilar fundamental del Estado [la dignidad de la persona), al admitir una pena inhumana y degradante, pues afecta interminable, inevitable e irreversiblemente la libertad y la salud (tanto física como psíquica) del condenado, así como el desarrollo de su personalidad. Agrega el Profesor Universitario, que más allá de cualquier argumento utilitario, el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a la calidad y a la cantidad de la pena. Es éste el valor sobre el que se funda, irreductiblemente, el rechazo de la pena de muerte, de las penas corporales, de las penas infamantes y por otro lado de la cadena perpetua y de las penas privativas de libertad excesivamente largas.

6.- LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMO MECANISMO PARA PREVENIR DELITOS SEXUALES.

Definitivamente todas las formas de violencia ejercida sobre los niños y niñas son reprochables y merecen ser sancionadas, sin embargo, consideramos que la solución no solo pasa por el hecho de catalogar al agresor como agente peligroso para la sociedad, sino que además, se debe aceptar y asumir que el aumento o endurecimiento de las penas como la cadena perpetua, no es la solución por cuanto dicha medida no tiene la capacidad para disuadir y prevenir ningún delito, ello explica el alto índice de penas gravosas y sumamente represivas impuestas a los responsables.

 Los altos índices de criminalidad en delitos tan sensibles como es la agresión sexual, deben ser abordados desde una óptica educativa formativa ante la carencia de valores esenciales en el ser humano como es el respeto hacia los demás, que impiden poder discernir sobre lo grave y perjudicial que puede resultar para la víctima la vulneración de su libertad o indemnidad sexual. De allí la importancia de implementar políticas educativas que aborden temas de sexualidad responsable dirigidos a los núcleos familiares a través de las escuelas de padres, basado en una orientación guiada por parte de profesionales en salud mental, que permitan absolver alguna duda sobre el manejo de la sexualidad en niños y adolescentes, de tal manera que aprendan no solo a protegerse sino también a respetar sexualmente a los demás, siendo vital que el psicólogo educativo, encargado de esta labor tan delicada, pueda llegar a evidenciar algún rasgo de personalidad donde se manifieste inclinaciones a cometer agresiones de connotación sexual, supuesto en el que deberán aplicarse terapias psicológicas urgentes que se orienten a la recuperación y seguimiento del estudiante, evitando de este modo que en algún momento pueda verse involucrado en delitos de tal naturaleza.

 

7.- CONCLUSIÓN:

Mientras se encuentren vigentes normas penales sustantivas que contengan taxativamente las penas que deban aplicarse a los responsables de delitos que vulneren diversos bienes jurídicos, corresponderá a los Jueces de todo el país imponerlas por más represivas que resulten ser, en observancia del principio de legalidad, sin embargo, la respuesta estatal para frenar los altos índices de criminalidad no debe recaer solamente en la represión desmedida y exacerbada que comprenda el endurecimiento de las penas privativas de la libertad, toda vez que por un lado, se encuentra demostrado que no es la solución para prevenir la comisión de delitos, dado que no genera efecto disuasivo alguno, y por otro, que la imposición de una pena tan represiva como la cadena perpetua, anula al sentenciado como persona de por vida, ante la imposibilidad que pueda reincorporarse a la sociedad, contraviniendo de este modo lo estipulado el art. 139 inc. 22 de la Constitución cuando estipula que “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” y el Artículo II del Código de Ejecución Penal en donde se estipula que “la ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. Aunado a ello, debe hacerse hincapié que en el fundamento noveno, párrafo cuarto de la Casación N° 1422-2018, se resalta que es imperiosa la consolidación de una resocialización adecuada, en beneficio del reo y de la sociedad.

 La problemática relacionada con la criminalidad en sus diversas manifestaciones, debe ser abordada desde el ámbito educativo tratando de internalizar en la población estudiantil la importancia del respeto a los derechos y bienes jurídicos de los demás, incidiendo en la orientación psicológica permanente. Solo así se evitará que las cárceles del país se sigan poblando con “agentes peligrosos”, mientras tanto, tendrán que seguirse aplicando cadenas perpetuas, salvo que los Jueces opten por el control difuso constitucional inaplicando dicha pena al considerarla inconstitucional por el hecho de impedir al sentenciado que pueda reeducarse, rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Propuesta legal que pudo haber sido adoptada por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín que tuvo a su cargo la apelación de la sentencia impuesta al sentenciado Wilfredo Ramos Escobar (Casación N° 1422-2018-JUNIN).



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.