Decisión del Poder Judicial intensifica debate sobre prisión preventiva y su uso en casos políticos de alto perfil.
El Poder Judicial decidió ampliar la prisión preventiva de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, por 15 meses adicionales. La medida, vigente desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026, se da en el marco de las investigaciones presuntos delitos de rebelión y golpe de Estado vinculados al fallido intento de disolución del Congreso en 2022.
La decisión, adoptada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkey Soria, responde a una solicitud del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, quien argumentó la necesidad de asegurar la continuidad del proceso y evitar riesgos de fuga o interferencias por parte de la acusada. . Aunque el Ministerio Público había pedido 18 meses, el tribunal demostró 15 meses como plazo adecuado para garantizar el desarrollo del caso.
RAZONES DETRÁS DE LA AMPLIACIÓN
La Fiscalía destacó dos puntos principales para sustentar la solicitud:
Duración del juicio: El proceso involucra múltiples pruebas y un elevado número de acusados, incluidos el expresidente Pedro Castillo y varios exfuncionarios. Esto podría extender el juicio oral y cualquier apelación posterior.
Riesgo de fuga e interferencia: Se señaló el intento previo de Chávez de trasladarse a la Embajada de México durante la crisis política, así como movimientos sospechosos relacionados con su despacho ministerial.
CONTEXTO POLÍTICO Y JUDICIAL
El caso ha generado un amplio debate sobre el uso de la prisión preventiva, una medida cuestionada por algunos sectores que consideran que se está convirtiendo en una herramienta punitiva en lugar de un recurso excepcional. Sin embargo, el magistrado Checkey afirmó que los riesgos de fuga y obstaculización justifican plenamente la decisión.
La prolongación del encarcelamiento de Chávez subraya la complejidad y las tensiones políticas alrededor de los procesos judiciales vinculados al fallido golpe de Estado, con implicancias significativas para el panorama político y obstaculización justifican plenamente la decisión.
