Agresores estereotipados con mascarillas de odio y discriminación

Decretado el Estado de Emergencia Sanitario en nuestro país, se dictaron medidas urgentes para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, no obstante ello, el aislamiento social obligatorio significó para muchas mujeres, más que una forma de evitar el contagio de dicha enfermedad, una pesadilla constante, dado que el virus de la violencia machista, también se quedó en casa.

Del 16 de marzo al 26 de abril, el Ministerio Público registró 3.763 detenidos por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Al 10 de mayo del presente año, 40 mil mujeres llamaron a la línea 100 solicitando apoyo frente a una situación de violencia de género. A ello se suma que afines de mayo se hayan registrado 18 feminicidios recientes, es decir, los asesinatos de mujeres no estuvieron ausentes en esta estadística. En la ciudad de Cajamarca, también se vivió esta triste realidad, es así que de marzo a mayo del año en curso, se reportaron 277 denuncias por violencia física y psicológica; según aparece del reporte estadístico de la Comisaría de la Familia de la Policía Nacional.

Rige en nuestro país, la Ley 30364, que apunta a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar; sin embargo, los casos de violencia en sus diferentes tipos (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial), siguen aumentando en todos los estratos sociales, demostrándose de este modo que resulta insuficiente el dictado de las medidas de protección por parte del Poder Judicial para proteger a las mujeres violentadas, quienes muchas veces no tienen a donde ir y deben conformarse en compartir el mismo domicilio con su agresor, quien en respuesta a la denuncia, vuelve a agredirlas como escarmiento, llegando al extremo de ultimarlas, sin que hayan tenido la oportunidad de ponerse a salvo en un refugio que nunca encontraron para protegerse.

Durante la emergencia sanitaria, con fecha 27 de abril del 2020, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, que estableció medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID -19; iniciativa legislativa que tampoco alcanzó los resultados esperados – ello en atención a las estadísticas antes mencionadas- debido tal vez a la carencia de personal policial en las Comisarías para atender el sin número de denuncias, dado que tuvieron que salir a las calles a combatir el avance del COVID 19 o aislarse en cuarentena, luego de haberse contagiado; sumado al debilitamiento de las actividades de los juzgados de familia como efecto de la cuarentena; hechos que propiciaron el aumento de la violencia doméstica y los asesinatos de género reportados durante el confinamiento, los mismos que no sólo arrebataron la dignidad, sino que también cobraron la vida de muchas mujeres al interior de sus hogares, donde se suponía iban a estar más seguras.

Debe resaltarse el hecho que encuentran vigentes también, normas penales sumamente represivas, que han endurecido las penas para sancionar la violencia contra la mujer, como es el caso del delito de Feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal, que contempla penas privativas de la libertad de 20 y 30 años, además de la cadena perpetua. De igual modo, se encuentra tipificado el delito de Lesiones Graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (Artículo 121-B) o el delito de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (Artículo 122-B), sancionados con penas privativas de la libertad; sin embargo, no han servido para disuadir a los agresores, y por el contrario, paradójicamente, se manejan cifras escalofriantes de mujeres asesinadas y maltratadas “por su condición de tal”, por parte de quienes antes de ultimarlas o agredirlas, les reprocharon el no haber cumplido con su rol de mujer que les correspondía, basado en un trato discriminatorio y caracterizado por la falsa creencia de superioridad frente a la mujer, reflejado en estereotipos de género, entendidos como las características, roles o responsabilidades que la sociedad y la cultura atribuye al hombre y la mujer, que exigen un rol y comportamiento adecuado en la sociedad (Vgr. es obligación de la mujer mantener relaciones sexuales con su pareja sentimental cuando este lo requiere, la mujer debe hacerse cargo de los quehaceres domésticos, la mujer es propiedad del marido, el lugar de la mujer es en la casa, la mujer debe ser sumisa a su marido y no desautorizarlo, la mujer debe aceptar a quien le propone tener una relación sentimental, la mujer pertenece al varón y no puede rehacer su vida con otro hombre, la mujer es un objeto sexual, la mujer debe cuidad a los hijos; etc). La muerte o agresión se produce entonces, ante la ruptura o incumplimiento de estos roles de género que el agresor consideraba que la mujer le correspondía cumplir. Por mencionar algunos feminicidios que conmocionaron al país, citamos entre otros casos los de Juanita Mendoza y Eyvi Agreda Marchena, quienes murieron luego de convertirse en antorchas humanas al ser roseadas con gasolina en su cuerpo por parte sus agresores.

El feminicidio es un delito que contiene un elemento típico accidental que lo diferencia del homicidio calificado, y que hace más grave la conducta, cuando existe de por medio el móvil de la violencia de género hacia la mujer, entendida como aquella que ejerce el hombre sobre la mujer, valiéndose de su superioridad que le permite creer que las mujeres son objetos de su propiedad, y que ello les autoriza a imponer sus ideas, su poder, su dominio, su control y posesión sobre ellas, especialmente dentro del contexto de una relación sentimental. Al respecto, el Acuerdo Plenario N° 1-2016 de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose al elemento accidental de matar a una mujer “por su condición de tal”, ha señalado que: “Para que la conducta del hombre sea feminicidio no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo a bien jurídico), sino que además, haya dado muerte a la mujer “por su condición de tal”. Para la configuración del tipo penal, al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se le agrega el móvil: el agente la mata motivado por el hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un delito de tendencia interna trascedente.

Si bien es cierto, las instituciones tutelares del Estado, así como los grupos feministas, apuntan al empoderamiento grupal de las mujeres, para reivindicar y reafirmar la defensa de sus derechos, tratando de frenar la violencia mediante campañas de capacitación, difusión y proyección social; lamentablemente, tales iniciativas no han logrado reducir los altos índices de violencia, y por el contrario, han generado reacciones sumamente violentas por parte de los hombres, quienes en su afán de mantener el poder y hegemonía de dominación y control sobre sus parejas, arremeten contra ellas por haberse atrevido a pregonar sus derechos. La paradoja se presenta en que mientras más se empodera a las mujeres, mayores son los índices de feminicidios reportados, frente a la tardía reacción de las autoridades llamadas a proteger a las mujeres amenazadas, violentadas, que acaban siendo asesinadas en manos de sus agresores, al no haber alcanzado el brazo protector que esperaban.

Consideramos entonces que ante el indignante escenario de violencia estructural en contra de la mujer, la solución no parece ser normativa, por ello, somos de la opinión de que no se logrará acabar con estas cifras violentas, si no se trabaja enfocándonos hacia la prevención, priorizando el control de la salud mental, para detectar a tiempo las causas de este problema, trabajando en el manejo de ira como una alternativa de evitar la violencia como forma de reacción, y así poder salvar muchas vidas. Desde la escuela, en donde debe comprenderse el abordaje de la violencia como parte del currículo escolar. Desde el hogar, será determinante la forma como eduquemos a nuestros hijos, alejándolos de prácticas esteriotipadas de género, que van internalizando desde temprana edad, basados en la práctica de costumbres muy arraigadas en la sociedad, que los acaba por convertir en seres abusivos, prepotentes y violentos; de allí la necesidad de utilizar herramientas tan importantes como el enfoque de género para eliminar las diferentes brechas entre hombres y mujeres desde la niñez, buscando que se imponga la igualdad como principio rector enfocado a reconocer que toda persona tiene derecho a ser tratado con igualdad ante la ley y en las mismas condiciones, desterrando toda acto discriminatorio en contra de las mujeres por su condición de tal; apostando por la práctica constante de valores esenciales como el respeto mutuo, la solidaridad, la justicia, y el servicio al prójimo; evitando desplegar conductas que generen violencia contra los más indefensos, a quienes debemos proteger y cuidar; debiendo compartirse roles domésticos que involucren a todos los integrantes de la familia, haciendo sentir que todos somos importantes y tenemos las mismas capacidades y oportunidades sin importar el sexo; promoviendo de este modo una cultura de paz y neutralizando así las costumbres machistas que se niegan a aceptar que la mujer también debe y puede asumir roles protagónicos dentro de la sociedad.



Johny Díaz Sosa

Abogado y M. CS.