Durante la sesión en la que se debía votar la destitución del docente Víctor Vázquez Arce, sentenciado por un delito grave, se cortó la transmisión oficial y se expulsó al público, repitiendo un patrón de ocultamiento ya observado en votaciones anteriores.
Otra Prensa verifica patrón reiterado de votaciones a puertas cerradas en la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC.
Durante la reciente sesión del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), donde se debía tratar la separación definitiva del docente Víctor Vázquez Arce, sentenciado con resolución judicial firme por un delito comprendido en la Ley N.º 29988, se registraron nuevamente acciones que levantan serias dudas sobre el compromiso de las autoridades universitarias con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
El caso en cuestión implica la aplicación obligatoria de la separación automática del docente del cargo, tal como lo establece la citada ley para servidores públicos del sector Educación sentenciados por delitos graves. Pese a ello, el desarrollo de la sesión fue interrumpido abruptamente. Se cortó la transmisión oficial de la reunión y se solicitó el retiro de todas las personas ajenas al Consejo. La solicitud fue realizada por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Eduardo Torres Carranza, y avalada de inmediato por el rector Berardo Escalante, quien dirige el Consejo.
Este no es un hecho aislado. Según ha podido verificar Otra Prensa, prácticas similares se han repetido en votaciones previas, como en el caso de las sanciones pendientes contra funcionarios del entorno del exrector Angelmiro Montoya, en relación con la desaparición de más de 100 mil soles. En aquel entonces, también se optó por cortar la transmisión y declarar la sesión como “reservada”, alegando confidencialidad pese a que se trataban asuntos de interés público que involucraban a funcionarios y fondos estatales.
Cabe señalar que todos los miembros del Consejo Universitario ostentan la condición de funcionarios públicos, y no existe justificación legal para que una sesión de votación disciplinaria sobre hechos ya sentenciados sea tratada en secreto. Por el contrario, el principio de publicidad es un pilar fundamental del debido proceso y la rendición de cuentas.
A esto se suma lo declarado por el asesor jurídico de la UNC, Abg. Luis Alcibiades Correa Chomba, durante la sesión extraordinaria del 26 de marzo de este año. El letrado reconoció que algunas votaciones no se realizaron debido a que asistieron delegaturas sin conocimiento pleno de los casos.
“El último consejo no se llevó a cabo debido a que asistieron delegaturas para esas sesiones. Los delegados de los decanos señalaron que, al no tener conocimiento de los hechos, debido a que asisten en calidad de delegados, no estarían en capacidad ni legitimidad para ejercer su derecho a voto”, indicó, lo cual confirma un patrón de dilaciones promovidas por algunos decanos que, bajo diversos argumentos procedimentales, buscan postergar decisiones que afectarían a sus colegas.
Estas maniobras, que podrían calificarse como prácticas dilatorias o actos de encubrimiento institucional, no solo vulneran los estatutos universitarios, sino que erosionan la confianza pública en la gestión del rector Berardo Escalante. Como presidente del Consejo Universitario, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos, y velar por que estas votaciones se desarrollen de forma transparente, oportuna y pública.
Otra Prensa ha confirmado que la Contraloría General de la República ya tiene conocimiento de este caso y, en los próximos días, solicitaremos las actas de votación de procesos emblemáticos, incluyendo el del docente Vázquez Arce, a fin de verificar el comportamiento de los miembros del Consejo frente a hechos de alta connotación ética y legal.
No había razón válida para interrumpir la transmisión de la sesión. Ninguno de los temas abordados involucraba asuntos privados. Por el contrario, todos los casos tratados afectan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Toda sesión ordinaria y extraordinaria debería transmitirse públicamente por el canal institucional de YouTube de la UNC, tal como corresponde a una entidad financiada con recursos públicos y sometida al escrutinio ciudadano.
La ciudadanía espera que la universidad actúe con firmeza, transparencia y respeto a la ley. La educación pública no puede estar supeditada a pactos de silencio ni a maniobras internas que pretendan proteger a quienes ya han sido sancionados por el sistema judicial.
