La psicóloga María Delia Iveth Arroyo Chávez y de la enfermera Estefani Margoth Aquino Minchán, involucradas en un tema que vuelve a poner de cabeza el sistema de salud por el cobro de servicios que no se reportan al erario nacional.
Una solicitud de documentos aparentemente sencilla para certificados de salud de 111 docentes para la contratación en la UGEL Cajamarca 2023-2024, se ha convertido en un gran escándalo de presunta corrupción. La Contraloría tiene más de 200 imágenes de una hoja de registro del centro de salud mental comunitario «Esperanza de Vida» en Cajamarca. Las hojas de registro de salud, que parecían inofensivas, demostraron que estaban bajo el mando de la psicóloga María Delia Iveth Arroyo Chávez y de la enfermera Estefani Margoth Aquino Minchán, esta última encargada de Economía. Ambas, según el informe, recaudaron S/ 5,805.00 que no se mencionaron en los informes económicos del centro de salud.
El informe de la Contraloría General de la República sobre la Acción de Oficio Posterior N° 002-2026-2-0828-AOP, indica que la investigación se basó en las discrepancias encontradas en los documentos originales al compararlos con las fotografías relacionadas con los archivos del centro de salud. Sin embargo, las fotos fueron importantes para reconstruir casi virtualmente los hechos. Además, el informe muestra que el cobro por los certificados que costaban S/ 50.00 por persona se realizó sin entregar ningún recibo oficial.
La declaración de la testigo María del Pilar Ocón Huaccha, jefa de admisión del centro de salud, afirma que las órdenes para el cobro de estos servicios provenían directamente de Delia Arroyo y Stefani Aquino, quienes exigieron que cobraran a los docentes sin dar recibos. La testigo describe que, una vez hecho el cobro, el dinero recaudado se entregaba directamente a Arroyo y a la Sra. Aquino, sin ningún registro contable oficial. La situación era tan grave que los pagos se realizaban utilizando medios informales como Yape.
Fueron los testimonios de testigos los que alertaron a integrantes del Consejo Regional, quienes identificaron presuntas prácticas de pago ilegales; sin embargo, los documentos y testimonios fueron mayor sustento para determinar que todo el proceso era un esquema de evasión del sistema de control estatal, con presunta complicidad de la Red Integrada de Salud Cajamarca – RIS.
Se presentaron 157 denuncias contra la emisión de certificados, 111 de ellas involucran a docentes que utilizaron los certificados para el proceso de contratación 2023-2024 en la UGEL Cajamarca. Estas personas no están en el informe como implicadas en las irregularidades, sino que a ellas no se les entregó boleta u otro tipo de recibo oficial por el certificado médico obtenido.
Por cada certificado se cobró S/ 50.00, lo que totaliza, solo con los 111 docentes, un monto de S/ 5,550.00. Sin embargo, este dinero nunca se reflejó en los informes oficiales del centro de salud. Además, se encontraron recibos manuales de S/ 255.00 correspondientes a certificados emitidos a otras personas. Por lo tanto, el monto total no registrado fue de S/ 5,805.00, que constituye un monto de daño económico directo al Estado.
El informe de la Contraloría ha dejado claro que los cobros se realizaron bajo la tutela de la psicóloga Delia Iveth Arroyo Chávez y de la enfermera Estefani Margoth Aquino Minchán, y que el dinero se les entregó directamente. Lo más grave es que los fondos se gestionaron fuera de los procedimientos formales del centro de salud y no se depositaron en las cuentas del Tesoro Público. Otro testigo, de nombre Willian Barboza Palma, a través de dos audios, y la entrega de un váucher, demostró que se depositó a la cuenta del Banco de la Nación de Arroyo Chávez, un monto de S/ 500. 00.
La psicóloga Delia Arroyo y la enfermera Stefani Aquino son indicadas, según la Contraloría, directamente como presuntas responsables por el robo sistemático de la recaudación y gestión de los fondos recaudados, facilitando deliberadamente los pagos a ellas mismas sin ningún registro oficial.
El informe de Contraloría también sostiene que la documentación, cuando el escándalo estalló, misteriosamente desapareció y, sólo a raíz de la visita de las consejeras regionales y de la RIS Cajamarca, regularizaron con boletas electrónicas y devolvieron parte de lo recaudado; habiéndose, durante un tiempo, apropiado de los recursos públicos en perjuicio de los intereses del estado. La Contraloría indica también que no se habría devuelto una suma importante del dinero al cierre de su informe.
Este informe es el punto de partida para una investigación de mayor complejidad que no se detendrá hasta esclarecer todos los hechos y que los culpables respondan por el impacto que sus conductas, presuntamente ilícitas, hayan generado.
Lea el informe completo aquí.
