INVESTIGACIONES
Informe: Cutervo y su hospital a la medida de la corrupción | DOCUMENTOS
El saldo de obra del Hospital Santa María de Cutervo y la supervisión se hicieron mediante adjudicación directa, o lo que es lo mismo, a dedo. Esto está permitido por las normas de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la norma señala que se debe hacer aplicando criterios de discrecionalidad, lo que significa, por ejemplo, que tienen que verificar los antecedentes de las personas a quienes van a “invitar” sin licitación.
Es obvio que, si vas a ejecutar un contrato con el Estado, donde se involucra un monto de más de 110 millones de soles, que repercutirá en beneficio de un aproximado de 140 mil personas, el análisis de los detalles debe ser riguroso, y nada se te puede escapar fácilmente.
Pero basándonos en la documentación que obra en Otra Prensa, podemos evidenciar que en los antecedentes de los consorcios de Elaboración de Expediente y Supervisión, no se aplicaron los criterios de discrecionalidad, o no habrían querido aplicar.
Por ejemplo, mediante Resolución Nº 2991-2019-TCE-S2, de fecha 8 de noviembre de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve Sancionar a Carlos Manuel Garrido López, identificado con RUC Nº 10002397248, por un periodo de 6 (seis) meses de Inhabilitación Temporal, en su derecho de Participar en Procesos de Selección y Contratar con El Estado.
Carlos Manuel Garrido López, es integrante del consorcio “Buenaventura” que está a cargo de la supervisión del expediente de saldo de obra del Hospital Santa María, a quienes se les acusa de haber supuestamente violado la cláusula anticorrupción; debido que sería este consorcio quien pretendió sobornar a un funcionario de la Gerencia Sub Regional de Cutervo, para que guarde silencio y permita que la empresa, de manera “fantasma”, figure en la dirección de la casa del trabajador.
Este proceso sancionador, que era de total conocimiento del consorciante, no fue advertido a la Gerencia Sub Regional de Cutervo, o ante tantas irregularidades que hemos evidenciado, pareciera que habría existido contubernio para que nadie se entere de la sanción que tenía uno de los empresarios, y así poder firmar el contrato que asciende a 300 mil soles.
Si bien es cierto, que a un mes de haber firmado contrato con la Gerencia Sub Regional el empresario es suspendido, lo claro es que Carlos Manuel Garrido López y los demás integrantes del consorcio sabían que estaba llevando un proceso. En todo caso la responsable de llevar a cabo la adjudicación, al parecer, no revisó los antecedentes. Esto, sumado a todas las irregularidades, pareciera que habría sido de acuerdo muto.
“En este tipo de procesos el adjudicador debió enviar un correo electrónico al OSCE y al Propio Tribunal para que estos indiquen si alguno de los consorciados tenía algún impedimento, pero al no hacerlo, la presunción de una falta grave y hasta un acto delictivo, es válida”, explica un analista en contrataciones con el Estado.
Control previo a la medida
Nuestro equipo de investigación tuvo acceso al testimonio de un trabajador de planta de la Gerencia Sub Regional, quien detalló como habrían logrado pasar los filtros de control previo.
“Había una contadora pública, que cumplía funciones como responsable de Control Previo acá en la sub región. Ella tomó conocimiento sobre este caso. Sabemos que ella ha habría advertido esta irregularidad a la administradora Romina Romero Torres y al propio gerente sub regional, pero no habría recibido respuesta; por contrario, a la chica la habrían obligado a renunciar y en su lugar colocaron a un abogado, al que, si le habría resultado fácil omitir esa importante observación”, relata nuestra fuente.
Estos indicios indican que, en el área de Control Previo, la persona encargada, presuntamente no “observaba nada”, y así cada mes habrían pasado los avances del estudio y los informes de supervisión, sin advertir que uno de los consultores estaba inhabilitado para contratar con el Estado, logrando de esta manera, cobrar el dinero sin contratiempos y sin rescindirle el contrato a los infractores.
Con este control previo, podríamos señalar que si los consorciantes fueran personas fallecidas, igual habrían podido ganar la licitación ante la presunta falta de cruce de información.
El pago que se les ha hecho a la empresa que viene elaborando los estudios y a la supervisora, extrañamente se ha realizado en el mes de diciembre, mes en que los ronderos de Chipulúc de Cutervo, advirtieron al gerente sub regional, Luis Pinedo, que existían cosas y manipulaciones extrañas con estas empresas, y no se hizo nada para corregir, como lo hemos demostrado.
Asimismo, en documentos emitidos por las Rondas Campesinas, ya habían solicitado al gerente sub regional de Cutervo el informe 218-2019.GR.CAJ.CSRC/OCI, en el cual el auditor solicitó la certificación del domicilio del consorcio “Buenaventura”. Ya se sospechaba que algo andaba mal y aún así el gerente no hizo nada al respecto.
Además, según los documentos que ponemos a disposición de nuestros lectores, el gobernador regional Mesías Guevara, habría tenido conocimiento de estas irregularidades, y al no realizar ninguna acción fiscalizadora, se presume que también se hizo de la “vista gorda”.
Ampliaremos esta información…
Con argucia legal Raúl Pinedo buscaba que casos en donde se le acusa por corrupción sean asignados, presuntamente, a fiscales que llevan otros de sus procesos y son condescendientes con él.
El sentenciado por corrupción y exalcalde de Cutervo, Segundo Raúl Pinedo, presentó el pasado 27 de abril un documento solicitando la exclusión de dos fiscales que vienen continuamente investigándolo por graves casos de corrupción.
Los fiscales José Oscar Guevara Gilarmas y Daniel Gerardo Flores Aguinaga investigan desbalances en el mejoramiento de carreteras, donde se presume que se direccionaron las obras y se inflaron los costos con el fin de beneficiarse del dinero de los cutervinos.
La Fiscalía decretó que Pinedo asistiera a las oficinas del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque para informar y justificar sus actividades, el último día hábil de cada mes hasta que finalice el proceso penal.
Es bajo esa línea que la exautoridad presentó su solicitud de exclusión argumentando que “la providencia y disposición fiscal extralimitan las competencias de los fiscales puesto que contienen y ordenan un acto arbitrario que quebranta normas”, y que con su actuar “los fiscales han quebrantado sus funciones demostrando un notorio ensañamiento con el único fin de verlo humillado, denigrado y desacreditado en el propio despacho fiscal, notándose además una notoria enemistad”.
Raúl Pinedo y su defensa arguyeron que los fiscales actuaban abusivamente, demostrando su posición de poder para humillarlo, mancillando su honor y menoscabando su dignidad humana.
Sin embargo, lo que hicieron los fiscales al citar a Pinedo el último día hábil de cada mes hasta que finalice el proceso penal para informar y justificar sus actividades, fue obedecer lo que emitió mediante resolución la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.
“[…] Resolución Superior Nº 7 del 22-11-2022, que la regla de conducta consistente en ‘concurrir el último día útil de cada mes a informar justificar sus actividades’, debe ser exigida a cumplir ante el Ministerio Público, despacho a cargo de la investigación seguida contra […] Segundo Raúl Pinedo Vásquez, por el delito de Colusión Agravada en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Cutervo, Carpeta Fiscal Nº 355-2022, quedando subsistente el apercibimiento de revocarse dicha medida de comparecencia con restricciones y dictarse prisión preventiva, previo requerimiento del Ministerio Público”, se lee en la resolución.
La fiscal superior Giovana del Río Carreño, encargada de resolver el pedido de Pinedo, mediante disposición fiscal, declaró Infundada la solicitud de exclusión de los fiscales Óscar Guevara Gilarmas y Daniel Flores Aguinaga.
Con esto la pretensión de Pinedo quedó en el vacío y Óscar Guevara Gilarmas y Daniel Flores Aguinaga continuarán investigando los casos que tiene por corrupción el exalcalde.
Una fuente cercana a Raúl Pinedo intuye que la estrategia del sentenciado habría sido “separar a los fiscales Guevara Gilarmas y Flores Aguinaga con el fin de que estos pasen a manos de fiscales que se han mostrado condescendientes con él y que en la actualidad llevan otros casos”.
“Tiene varios casos en el Ministerio Publico sin embargo estos llevan años estancados debido a que las fiscales que llevan esos procesos dilatan y dilatan las investigaciones y sobre todo la acusación”, indicó nuestra fuente.
INVESTIGACIONES
¿Pinedo se paseó con el Poder Judicial, Ministerio Público, Dircocor, Diviac y Digimin?
El 28 de setiembre del año 2022 el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Cutervo Raúl Pinedo Vásquez, fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en un operativo conjunto entre la DIGIMIN, DIRCOCOR, DIVIAC, por graves delitos de corrupción ocurridos en su primera gestión 2011-2014. El juez de investigación preliminar dictó prisión preventiva por 12 meses.
Sin embargo, Pinedo no pisó un solo día de cárcel en el penal de Picsi. El corrupto se internó en una clínica privada de la ciudad de Chiclayo, por presuntamente padecer de una enfermedad cardiaca grave.
Mientras tanto, en Cutervo y otras provincias, sus partidarios empezaron a transmitir el mensaje de que se encontraba grave y que había sido operado del corazón para colocarle un bypass y marcapasos.
Bajo esta relación de hechos, Otra Prensa obtuvo capturas de pantalla de los estados de WhatsApp de personas allegadas al empresario y político recientemente sentenciado por corrupción. El número y propiedad del WhatsApp, lo reservamos, sin embargo, aclaramos que ha sido puesto de conocimiento de las autoridades competentes.
El 26 de noviembre del 2022, cuando se suponía que el ex alcalde de Cutervo se encontraba delicado de salud, fue liberado de la prisión preventiva. Su defensa argumentó que padecía una grave enfermedad, esto motivó a que el juez accediera a su solicitud.
Raúl Pinedo, 10 días después de abandonar la clínica donde pasó internado durante su prisión preventiva, fue fotografiado en la fiesta de cumpleaños de una de sus amistades. En las imágenes se lo observa junto a su pareja, la hoy regidora municipal Nivelinda Vásquez Mego.
“Las fotos muestran a un Pinedo con buen semblante, sano, recuperado y celebrando, como si no hubiera sido intervenido de una operación tan delicada como la del corazón”, indican nuestras fuentes.
Como se recuerda, hace unos días Pinedo Vásquez fue sentenciado por el delito de Colusión, conjuntamente con su amigo y socio Jairo Mena. En los videos de las audiencias, Pinedo se mostró con buena salud e incluso, en los últimos días ha salido a dar entrevistas a diversos medios de comunicación e inclusive ha generado episodios polémicos con el actual alcalde de Cutervo Moisés González Cruz.
Este lunes 17 de abril inicia un nuevo juicio oral contra el sentenciado por corrupción. Pinedo se sentará en el banquillo de acusados por el caso “Centro Recreacional Tomas Gálvez Quispe” de Cutervo, recaído en el Expediente Nº 00007-2017-85-1702-JR-PE-01, Carpeta Fiscal N° 242-2015, en donde se les acusa por el delito de Colusión Agravada.
El caso está a cargo del fiscal provincial Anticorrupción José Oscar Guevara Gilarmas y del fiscal adjunto Daniel Gerardo Flores Aguinaga. Ambos letrados también tienen en sus manos el Expediente Nº 10790-2022, Carpeta Fiscal Nº 355-2022, que en síntesis se refiere a la presente nota que Raúl Pinedo Vásquez se habría burlado del Poder Judicial, Ministerio Público, DIRCOCOR, DIVIAC, DIGIMIN, acreditando presuntamente el padecimiento de una enfermedad inexistente.
A pesar de tener experiencia en la administración pública, la funcionaria realizó una pésima fundamentación en su denuncia, por lo que Fiscalía archivó el caso.
Una denuncia calificada como mal intencionada interpuesta por la procuradora pública de la Municipalidad Provincial de San Miguel contra el actual alcalde de esa provincia fue archivada el pasado 15 de marzo por la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca.
El caso nació con la designación de Daniel Alcides Almonacid Ascención. Según obra en la denuncia de la procuraduría, el alcalde José Carlos Quiroz Calderón, al inicio de su mandato, designó a Almonacid Ascención como gerente municipal estando este impedido para trabajar para el Estado, debido a que contaba con una inhabilitación para ejercer cargo público desde el 22 de febrero del 2018 hasta el 10 de diciembre del 2024.
No obstante, la abogada Milagros Diestra Jávez, procuradora de la municipalidad, no amplió previamente su investigación antes de acudir al Ministerio Publico. Y es que el funcionario denunciado cuenta con una medida cautelar otorgada por el Segundo Juzgado Laboral de Cajamarca con el que le permite desarrollar actividades de funcionario o servidor público mientras se resuelve su caso.
La denunciante arguyó que el alcalde de San Miguel habría cometido hasta tres delitos, entre los que resaltan el de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, Nombramiento y Designación, Contratación, Encargatura u Aceptación Ilegal de Cargo, entre otros.
La fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, Rocío Cerdán Pastor, tomó el caso y declaró no a lugar la formalización de la investigación preparatoria, es decir, que la representante del Ministerio Público ni siquiera halló indicios de que el alcalde José Carlos Quiroz Calderón haya actuado al margen de la ley en la designación de su gerente.
El archivamiento fiscal se sustenta, además de que el funcionario designado tenía una medida cautelar que le permitía seguir laborando, en que es prerrogativa de un alcalde designar funcionarios de su confianza. La fiscal explicó en su cuarto fundamento que la designación de funcionarios de confianza no son un tipo de contrato, y que los delitos de negociación incompatible se dan cuando existe algún tipo de contratación que afecte el interés publico y el correcto procedimiento de las contrataciones estatales.
En el caso de designación y aceptación indebida del cargo, la Fiscalía no halló prueba suficiente que les permita aperturar investigación preparatoria, debido a que los elementos del tipo penal denunciado por la procuradora no se presentan en el actuar, bajo sus prerrogativas, del alcalde de San Miguel.
Según algunos trabajadores de planta, la denuncia de la procuradora Milagros Diestra Jávez, se debería a que la actual gestión ha venido denunciando los actos irregulares que encontraron durante los años 2018-2022. Entre estas fechas, Aldor Chingay Hernández, ex alcalde de San Miguel, ha sido hallado por la Contraloría General de República con presunta responsabilidad civil, administrativa y penal por hechos dados durante su mandato.
Muerte anunciada: Ganadero fue cruelmente asesinado y sus verdugos siguen prófugos
Pinedo buscaba excluir a fiscales que lo investigan por corrupción
¿Pinedo se paseó con el Poder Judicial, Ministerio Público, Dircocor, Diviac y Digimin?
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