A pesar del informe contundente del ente fiscalizador, gobernador regional no ha tomado acciones en contra de los funcionarios involucrados.
La Contraloría detectó que la compra de las 60 mil pruebas rápidas habría estado direccionada desde el momento que salió la orden de pedido del Laboratorio Regional de la Diresa Cajamarca.
El 27 de abril del 2020 la empresa Multimedical envía una cotización a la señora Gisella Vargas Díaz, directora del Laboratorio Regional. “Estimada Gisella, adjunto cotización solicitada, así como información complementaria […]”, escribió mediante correo electrónico Miguel Córdova Salas, jefe comercial de la empresa Multimedical.
En esa cotización, Multimedical indica que la prueba sería de la marca Core Tests, con un plazo de entrega de 30 días, duración de la prueba 15 minutos, temperatura de almacenamiento entre 2°C y 30°C, y envoltorio de aluminio. Coincidentemente, la orden de pedido del Laboratorio de Diresa, de fecha 1 de mayo, es decir 4 días después de ingresada la primera cotización de Multimedical, contiene varias especificaciones técnicas del proveedor. Estos detalles hacen presumir a la Contraloría que la compra estuvo direccionada.
El 4 de mayo, Juan Antonio Llanos Ispilco, encargado de cotizaciones, recibió las proformas de 4 empresas, entre las que figuraba Multimedical, y ninguna cumplía en su totalidad con las especificaciones solicitadas por el Laboratorio, debido a que no presentaron los documentos que acrediten ser pruebas con certificación de calidad por parte del Instituto de Nacional de Salud (INS). Aun así, Gisella Vargas Díaz selló y firmó las cotizaciones dándoles conformidad, es más, a Multimedical le solicitaron en varias oportunidades que acomode su cotización, “beneficio” que no le otorgaron a las otras compañías.
La Contraloría ha detectado que la compra urgente de las pruebas de descarte Covid debió realizarse en 20 días para contrarrestar la alta tasa de contagios, no obstante, desde el 1 de mayo que se solicitó su compra, recién fue puesta a disposición de la colectividad a finales del mes de agosto, cuando la pandemia había bajado sus índices de mortalidad, y cuando el virus había cobrado decenas de vidas en la región.
Otro punto importante del informe involucra al actual administrador de la Diresa, Roberto Su Cavero, quien a pesar de advertir que la empresa no contaba con los documentos que acreditaran la calidad de las pruebas, procedió a dar como ganador a Multimedical, y 2 días después, solicitó otra cotización, acomodando la misma a la orden de pedido. En total, Multimedical envió 5 cotizaciones, cada una de ellas ajustadas al requerimiento de la Diresa.
Lo que más llama la atención es que el Órgano de Control de Diresa emitió un informe en el que advertía serias irregularidades, y a pesar que se hizo una segunda convocatoria, Edwin Llerena Peralta, Juan Llanos Ispilco, y Roberto Su Cavero continuaron con la compra a Multimedical.
Por ejemplo, el OCI emitió en su informe de control que el lote de pruebas no contaba con respaldo del INS, que las pruebas iban a ser entregadas en los almacenes de Lima, y que eso generaría un gasto adicional a la Diresa, sin embargo, a pesar de ello, y que otra empresa, Deltalab Perú, presentó su producto a menor precio, no cobraba ningún tipo de adelanto, sus pruebas contaban con certificación de calidad, y serían entregadas en el almacén de la institución en Cajamarca, sin generar ningún costo adicional, además de entregar en menos tiempo las pruebas, que finalmente terminaron entregándose a la población 5 meses después, prosiguieron con el contrato a favor de Multimedical y el adelanto del 20% del total de 2 millones ciento seis mil trescientos soles.
Los involucrados serían denunciados por varios delitos, entre los que resalta atentar contra la vida, el cuerpo y la salud, omisión de funciones, colusión, exposición al peligro, entre otras, además, el ente fiscalizador ha solicitado que se inicien acciones administrativas contra los responsables.
EL DATO
Una fuente al interior del Ministerio Publico indica que el informe de Contraloría no está alejado de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y que además, no solo serían 4 los funcionarios involucrados, sino que habría un alto funcionario que daba las órdenes para seguir con la compra a pesar de las serias irregularidades y presuntos delitos en torno a su adquisición.

Juan Llanos, uno de los involucrados.