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INVESTIGACIONES

Funcionarios de la Diresa serán denunciados penalmente por la Contraloría por la compra de 60 mil pruebas rápidas

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A pesar del informe contundente del ente fiscalizador, gobernador regional no ha tomado acciones en contra de los funcionarios involucrados.

La Contraloría detectó que la compra de las 60 mil pruebas rápidas habría estado direccionada desde el momento que salió la orden de pedido del Laboratorio Regional de la Diresa Cajamarca.

El 27 de abril del 2020 la empresa Multimedical envía una cotización a la señora Gisella Vargas Díaz, directora del Laboratorio Regional. “Estimada Gisella, adjunto cotización solicitada, así como información complementaria […]”, escribió mediante correo electrónico Miguel Córdova Salas, jefe comercial de la empresa Multimedical.

En esa cotización, Multimedical indica que la prueba sería de la marca Core Tests, con un plazo de entrega de 30 días, duración de la prueba 15 minutos, temperatura de almacenamiento entre 2°C y 30°C, y envoltorio de aluminio. Coincidentemente, la orden de pedido del Laboratorio de Diresa, de fecha 1 de mayo, es decir 4 días después de ingresada la primera cotización de Multimedical, contiene varias especificaciones técnicas del proveedor. Estos detalles hacen presumir a la Contraloría que la compra estuvo direccionada.

El 4 de mayo, Juan Antonio Llanos Ispilco, encargado de cotizaciones, recibió las proformas de 4 empresas, entre las que figuraba Multimedical, y ninguna cumplía en su totalidad con las especificaciones solicitadas por el Laboratorio, debido a que no presentaron los documentos que acrediten ser pruebas con certificación de calidad por parte del Instituto de Nacional de Salud (INS). Aun así, Gisella Vargas Díaz selló y firmó las cotizaciones dándoles conformidad, es más, a Multimedical le solicitaron en varias oportunidades que acomode su cotización, “beneficio” que no le otorgaron a las otras compañías.

La Contraloría ha detectado que la compra urgente de las pruebas de descarte Covid debió realizarse en 20 días para contrarrestar la alta tasa de contagios, no obstante, desde el 1 de mayo que se solicitó su compra, recién fue puesta a disposición de la colectividad a finales del mes de agosto, cuando la pandemia había bajado sus índices de mortalidad, y cuando el virus había cobrado decenas de vidas en la región.

Otro punto importante del informe involucra al actual administrador de la Diresa, Roberto Su Cavero, quien a pesar de advertir que la empresa no contaba con los documentos que acreditaran la calidad de las pruebas, procedió a dar como ganador a Multimedical, y 2 días después, solicitó otra cotización, acomodando la misma a la orden de pedido. En total, Multimedical envió 5 cotizaciones, cada una de ellas ajustadas al requerimiento de la Diresa.

Lo que más llama la atención es que el Órgano de Control de Diresa emitió un informe en el que advertía serias irregularidades, y a pesar que se hizo una segunda convocatoria, Edwin Llerena Peralta, Juan Llanos Ispilco, y Roberto Su Cavero continuaron con la compra a Multimedical.

Por ejemplo, el OCI emitió en su informe de control que el lote de pruebas no contaba con respaldo del INS, que las pruebas iban a ser entregadas en los almacenes de Lima, y que eso generaría un gasto adicional a la Diresa, sin embargo, a pesar de ello, y que otra empresa, Deltalab Perú, presentó su producto a menor precio, no cobraba ningún tipo de adelanto, sus pruebas contaban con certificación de calidad, y serían entregadas en el almacén de la institución en Cajamarca, sin generar ningún costo adicional, además de entregar en menos tiempo las pruebas, que finalmente terminaron entregándose a la población 5 meses después, prosiguieron con el contrato a favor de Multimedical y el adelanto del 20% del total de 2 millones ciento seis mil trescientos soles.

Los involucrados serían denunciados por varios delitos, entre los que resalta atentar contra la vida, el cuerpo y la salud, omisión de funciones, colusión, exposición al peligro, entre otras, además, el ente fiscalizador ha solicitado que se inicien acciones administrativas contra los responsables.

EL DATO

Una fuente al interior del Ministerio Publico indica que el informe de Contraloría no está alejado de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y que además, no solo serían 4 los funcionarios involucrados, sino que habría un alto funcionario que daba las órdenes para seguir con la compra a pesar de las serias irregularidades y presuntos delitos en torno a su adquisición.

Juan Llanos, uno de los involucrados.

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INVESTIGACIONES

Pinedo buscaba excluir a fiscales que lo investigan por corrupción

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Con argucia legal Raúl Pinedo buscaba que casos en donde se le acusa por corrupción sean asignados, presuntamente, a fiscales que llevan otros de sus procesos y son condescendientes con él.

El sentenciado por corrupción y exalcalde de Cutervo, Segundo Raúl Pinedo, presentó el pasado 27 de abril un documento solicitando la exclusión de dos fiscales que vienen continuamente investigándolo por graves casos de corrupción.

Los fiscales José Oscar Guevara Gilarmas y Daniel Gerardo Flores Aguinaga investigan desbalances en el mejoramiento de carreteras, donde se presume que se direccionaron las obras y se inflaron los costos con el fin de beneficiarse del dinero de los cutervinos.

La Fiscalía decretó que Pinedo asistiera a las oficinas del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque para informar y justificar sus actividades, el último día hábil de cada mes hasta que finalice el proceso penal.

Es bajo esa línea que la exautoridad presentó su solicitud de exclusión argumentando que “la providencia y disposición fiscal extralimitan las competencias de los fiscales puesto que contienen y ordenan un acto arbitrario que quebranta normas”, y que con su actuar “los fiscales han quebrantado sus funciones demostrando un notorio ensañamiento con el único fin de verlo humillado, denigrado y desacreditado en el propio despacho fiscal, notándose además una notoria enemistad”.

Raúl Pinedo y su defensa arguyeron que los fiscales actuaban abusivamente, demostrando su posición de poder para humillarlo, mancillando su honor y menoscabando su dignidad humana.

Sin embargo, lo que hicieron los fiscales al citar a Pinedo el último día hábil de cada mes hasta que finalice el proceso penal para informar y justificar sus actividades, fue obedecer lo que emitió mediante resolución la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

“[…] Resolución Superior Nº 7 del 22-11-2022, que la regla de conducta consistente en ‘concurrir el último día útil de cada mes a informar justificar sus actividades’, debe ser exigida a cumplir ante el Ministerio Público, despacho a cargo de la investigación seguida contra […] Segundo Raúl Pinedo Vásquez, por el delito de Colusión Agravada en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Cutervo, Carpeta Fiscal Nº 355-2022, quedando subsistente el apercibimiento de revocarse dicha medida de comparecencia con restricciones y dictarse prisión preventiva, previo requerimiento del Ministerio Público”, se lee en la resolución.

La fiscal superior Giovana del Río Carreño, encargada de resolver el pedido de Pinedo, mediante disposición fiscal, declaró Infundada la solicitud de exclusión de los fiscales Óscar Guevara Gilarmas y Daniel Flores Aguinaga.

Con esto la pretensión de Pinedo quedó en el vacío y Óscar Guevara Gilarmas y Daniel Flores Aguinaga continuarán investigando los casos que tiene por corrupción el exalcalde.

Una fuente cercana a Raúl Pinedo intuye que la estrategia del sentenciado habría sido “separar a los fiscales Guevara Gilarmas y Flores Aguinaga con el fin de que estos pasen a manos de fiscales que se han mostrado condescendientes con él y que en la actualidad llevan otros casos”.

“Tiene varios casos en el Ministerio Publico sin embargo estos llevan años estancados debido a que las fiscales que llevan esos procesos dilatan y dilatan las investigaciones y sobre todo la acusación”, indicó nuestra fuente.

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¿Pinedo se paseó con el Poder Judicial, Ministerio Público, Dircocor, Diviac y Digimin?

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El 28 de setiembre del año 2022 el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Cutervo Raúl Pinedo Vásquez, fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque en un operativo conjunto entre la DIGIMIN, DIRCOCOR, DIVIAC, por graves delitos de corrupción ocurridos en su primera gestión 2011-2014. El juez de investigación preliminar dictó prisión preventiva por 12 meses.

Sin embargo, Pinedo no pisó un solo día de cárcel en el penal de Picsi. El corrupto se internó en una clínica privada de la ciudad de Chiclayo, por presuntamente padecer de una enfermedad cardiaca grave.

Mientras tanto, en Cutervo y otras provincias, sus partidarios empezaron a transmitir el mensaje de que se encontraba grave y que había sido operado del corazón para colocarle un bypass y marcapasos.

Bajo esta relación de hechos, Otra Prensa obtuvo capturas de pantalla de los estados de WhatsApp de personas allegadas al empresario y político recientemente sentenciado por corrupción. El número y propiedad del WhatsApp, lo reservamos, sin embargo, aclaramos que ha sido puesto de conocimiento de las autoridades competentes.

El 26 de noviembre del 2022, cuando se suponía que el ex alcalde de Cutervo se encontraba delicado de salud, fue liberado de la prisión preventiva. Su defensa argumentó que padecía una grave enfermedad, esto motivó a que el juez accediera a su solicitud.

Raúl Pinedo, 10 días después de abandonar la clínica donde pasó internado durante su prisión preventiva, fue fotografiado en la fiesta de cumpleaños de una de sus amistades. En las imágenes se lo observa junto a su pareja, la hoy regidora municipal Nivelinda Vásquez Mego.


“Las fotos muestran a un Pinedo con buen semblante, sano, recuperado y celebrando, como si no hubiera sido intervenido de una operación tan delicada como la del corazón”, indican nuestras fuentes.

Como se recuerda, hace unos días Pinedo Vásquez fue sentenciado por el delito de Colusión, conjuntamente con su amigo y socio Jairo Mena. En los videos de las audiencias, Pinedo se mostró con buena salud e incluso, en los últimos días ha salido a dar entrevistas a diversos medios de comunicación e inclusive ha generado episodios polémicos con el actual alcalde de Cutervo Moisés González Cruz.

Este lunes 17 de abril inicia un nuevo juicio oral contra el sentenciado por corrupción. Pinedo se sentará en el banquillo de acusados por el caso “Centro Recreacional Tomas Gálvez Quispe” de Cutervo, recaído en el Expediente Nº 00007-2017-85-1702-JR-PE-01, Carpeta Fiscal N° 242-2015, en donde se les acusa por el delito de Colusión Agravada.

El caso está a cargo del fiscal provincial Anticorrupción José Oscar Guevara Gilarmas y del fiscal adjunto Daniel Gerardo Flores Aguinaga. Ambos letrados también tienen en sus manos el Expediente Nº 10790-2022, Carpeta Fiscal Nº 355-2022, que en síntesis se refiere a la presente nota que Raúl Pinedo Vásquez se habría burlado del Poder Judicial, Ministerio Público, DIRCOCOR, DIVIAC, DIGIMIN, acreditando presuntamente el padecimiento de una enfermedad inexistente.

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Denuncia de procuradora de San Miguel contra actual alcalde fue archivada

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A pesar de tener experiencia en la administración pública, la funcionaria realizó una pésima fundamentación en su denuncia, por lo que Fiscalía archivó el caso.

Una denuncia calificada como mal intencionada interpuesta por la procuradora pública de la Municipalidad Provincial de San Miguel contra el actual alcalde de esa provincia fue archivada el pasado 15 de marzo por la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca.

El caso nació con la designación de Daniel Alcides Almonacid Ascención. Según obra en la denuncia de la procuraduría, el alcalde José Carlos Quiroz Calderón, al inicio de su mandato, designó a Almonacid Ascención como gerente municipal estando este impedido para trabajar para el Estado, debido a que contaba con una inhabilitación para ejercer cargo público desde el 22 de febrero del 2018 hasta el 10 de diciembre del 2024.

No obstante, la abogada Milagros Diestra Jávez, procuradora de la municipalidad, no amplió previamente su investigación antes de acudir al Ministerio Publico. Y es que el funcionario denunciado cuenta con una medida cautelar otorgada por el Segundo Juzgado Laboral de Cajamarca con el que le permite desarrollar actividades de funcionario o servidor público mientras se resuelve su caso.

La denunciante arguyó que el alcalde de San Miguel habría cometido hasta tres delitos, entre los que resaltan el de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, Nombramiento y Designación, Contratación, Encargatura u Aceptación Ilegal de Cargo, entre otros.

La fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, Rocío Cerdán Pastor, tomó el caso y declaró no a lugar la formalización de la investigación preparatoria, es decir, que la representante del Ministerio Público ni siquiera halló indicios de que el alcalde José Carlos Quiroz Calderón haya actuado al margen de la ley en la designación de su gerente.

El archivamiento fiscal se sustenta, además de que el funcionario designado tenía una medida cautelar que le permitía seguir laborando, en que es prerrogativa de un alcalde designar funcionarios de su confianza. La fiscal explicó en su cuarto fundamento que la designación de funcionarios de confianza no son un tipo de contrato, y que los delitos de negociación incompatible se dan cuando existe algún tipo de contratación que afecte el interés publico y el correcto procedimiento de las contrataciones estatales.  

En el caso de designación y aceptación indebida del cargo, la Fiscalía no halló prueba suficiente que les permita aperturar investigación preparatoria, debido a que los elementos del tipo penal denunciado por la procuradora no se presentan en el actuar, bajo sus prerrogativas, del alcalde de San Miguel.

Según algunos trabajadores de planta, la denuncia de la procuradora Milagros Diestra Jávez, se debería a que la actual gestión ha venido denunciando los actos irregulares que encontraron durante los años 2018-2022. Entre estas fechas, Aldor Chingay Hernández, ex alcalde de San Miguel, ha sido hallado por la Contraloría General de República con presunta responsabilidad civil, administrativa y penal por hechos dados durante su mandato.

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