El pasado 27 de mayo del presente año, el juez laboral de la provincia de San Ignacio, Harold Ortiz Carrazco, decidió otorgar medida cautelar a favor de Maritza Rodríguez Valencia, para que fuera repuesta en la sede de la Red de Salud San Ignacio, exactamente en el área de Desarrollo Institucional.
Sin embargo, el director de dicha entidad, Robert Guevara Vargas, a la fecha desconoce el mandato judicial, quedando sujeto a una sanción pecuniaria personal y a una sanción penal e inhabilitación para ejercer en la administración pública por cuatro años.
EL CASO:
Maritza Rodríguez Valencia es licenciada en enfermería con experiencia en administración pública, que en su gestión logró que la Red de Salud San Ignacio, fuese unidad ejecutora y no dependiera, en todos los sentidos, de la Sub Región de Salud Jaén.
Es así que el 01 de marzo del 2017, logra, junto a su equipo técnico, que el Consejo Regional apruebe mediante ordenanza regional, el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), documento principal que le dio la naturaleza de independiente a la Red de Salud San Ignacio. En esa ordenanza, se crean siete plazas orgánicas de personal. Ocupando Maritza Rodríguez una de ellas.
En el cambio de gestión a inicio de este año, asume la dirección el médico Robert Guevara Vargas, quién, según la denunciante, desconoce la ordenanza y los documentos que avalan la categoría de funcionaria permanente de la sede de la Red San Ignacio. Y en una suerte de venganza política y actitud discriminatoria, genera una resolución con la que saca a la licenciada y la envía a un centro de salud de la Provincia.
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
La afectada, inicia un proceso administrativo contencioso, con el que busca su reposición en la plaza de la que fue retirada de manera injustificada, según acto resolutivo número uno del 27 de mayo de este año, y logra una medida cautelar con la que debería haber sido repuesta.
No obstante, en las diferentes oportunidades que ha ido para hacer efectiva su reposición, incluso con la secretaria del Juzgado, ha recibido negativas e impedimentos, por parte del director de la Red, para ocupar el cargo que le corresponde.
LA AFECTADA
«Ni el señor Guevara Vargas ni ninguna autoridad está por encima de la ley y no pueden omitir el cumplimiento cabal de una orden judicial», declaró a este medio la afectada.
Además, hizo un llamado a las autoridades para que de oficio inicien el proceso para determinar la responsabilidad del funcionario de confianza del gobernador Mesías Guevara.
“Espero que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Publico, e incluso el procurador regional, intervengan para hacer efectiva una orden judicial que es a todas luces un poco de justicia para con mi persona, por haber sido víctima de estos actos administrativos abusivos”, acotó la licenciada Maritza Rodríguez Valencia.

Medida Cautelar a favor de la agraviada.

El Ministerio Público ya tiene conocimiento de la actitud del funcionario.